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Informalidad, apertura y redistribución

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                                                                               La informalidad laboral se ve generalmente como un síntoma de subdesarrollo. Sin embargo, una vez que países como Uruguay se integran a la economía mundial, los niveles de informalidad se convierten ya no solo en un síntoma sino en una causa de las capacidades de aprovechar los beneficios redistributivos que ofrece el comercio internacional. El aspecto más evidente del trabajo informal es la inadecuada o inexistente protección social que tienen los trabajadores en este sector de la economía. Los trabajadores informales (aquí son aquellos que) no realizan contribuciones a la seguridad social y tampoco reciben los beneficios asociados (jubilaciones, seguro de desempleo y salud).

La apertura comercial en América Latina no benefició a los trabajadores menos calificados, como la teoría económica hubiera predicho. Por el contrario, la globalización aumentó en mayor medida la demanda de trabajadores calificados en países con abundancia en mano de obra no calificada. Ello contribuyó a profundizar la segmentación del mercado de trabajo entre grupos relativamente calificados y altamente protegidos (por la legislación laboral y sindicatos más o menos poderosos pero de baja cobertura), y trabajadores no calificados fuera del marco de las regulaciones y normas estatales. La rigidez de las regulaciones del mercado trabajo y los altos costos de contratación de mano de obra formal son usualmente vistos como aspectos que incentivan a las empresas a contratar trabajadores en forma irregular para lograr costos de producción más bajos y mayor competitividad internacional. Por tanto, en un contexto de baja fiscalización, el costo de oportunidad de la formalidad aumenta considerablemente.

En efecto, los gobiernos en general tienen pocos incentivos para reducir la informalidad. Perseguir fuertemente el trabajo no regulado puede tener consecuencias negativas para las tasas de empleo, los salarios de los trabajadores menos calificados, y el crecimiento económico. Por tanto deberíamos esperar políticas que se muevan entre la permisividad y el castigo dependiendo de las circunstancias. Los gobiernos en América Latina son más bien permisivos en este sentido, y Uruguay no escapa a la regla. Hay sin embargo buenas razones para cierto grado de permisividad de las actividades informales, las cuales están asociadas a los niveles de pobreza y desigualdad en el corto plazo. Alternativamente, un gobierno puede reducir los costos de entrada a la economía formal mediante, por ejemplo, una reducción homogénea en los impuestos y contribuciones a la seguridad social. Algunas simulaciones muestran que este tipo de políticas son relativamente efectivas en la reducción de la informalidad, pero tienen implicancias severas en términos de déficit fiscal (a no ser que el gobierno aumente la recaudación por otras vías como los impuestos a los ingresos y/o la renta de capitales, incluso los impuestos al consumo).


La existencia de un sector informal en la era de la globalización tiene consecuencias políticas importantes: la interacción entre sindicatos y gobiernos ideológicamente aliados es más conflictiva e ineficiente. En países europeos (virtualmente sin informalidad) nos hemos acostumbrado a observar una alta coordinación política entre sindicatos y gobiernos con el objetivo de compensar las distorsiones económicas provenientes del comercio internacional mediante la expansión de políticas redistributivas (seguridad social y programas desempleo, educación vocacional, etc.). En los países de América Latina, los sindicatos tienen una cobertura mucho menor y aún haciendo el mismo trabajo que los sindicatos europeos (defender a los “insiders”) terminan impulsando propuestas muchas veces regresivas para la población en su conjunto. Por otra parte, si bien los sindicatos prefieren aumentar su cobertura representativa sobre el universo de trabajadores, algunas medidas tendientes a bajar los costos de la formalización pueden entrar en contradicción con los intereses de corto plazo de algunos sectores de trabajadores sindicalizados y relativamente poderosos.


Aquí les propongo discutir la idea de que formalizar el mercado laboral es una condición necesaria para sacar el mejor provecho social del comercio internacional. Solo en ese caso el gobierno y los trabajadores organizados pueden hacer coincidir sus intereses políticos con políticas redistributivas potentes, simples, y generales. Llevar a cabo ese proyecto implica una delicada ecuación política porque los que más tienen para perder son probablemente los que hoy están más protegidos. De lo contrario, la mejor de las coaliciones redistributivas solo va apoyar beneficios marginales para aquellos que no están adscriptos al mercado de trabajo formal.

Por el buen camino

Desde que Uruguay comenzó a crecer sostenidamente luego de 2002, el primer gobierno del FA implementó una serie de programas sociales que permitió expandir el alcance de la llamada “matriz de protección social” a una parte trabajadores informales que se vieron incluidos en los sucesivos planes de Emergencia, Equidad, y la posterior expansión de Asignaciones Familiares. Ello no implicó la formalización de esos trabajadores, sino el cambio de estatus en la elegibilidad para recibir transferencias y beneficios sociales mínimos. Incluso, las reformas del gobierno anterior incrementaron las diferencias entre de los beneficios sociales recibidos por las familias de trabajadores formales y las de los informales.

Sin embargo, en Uruguay los niveles de informalidad se han reducido considerablemente en los últimos años. El porcentaje de trabajadores sin derecho a pensiones al momento de su jubilación descendió entre 2004 y 2009 cerca del 7% (SEDLAC). El BPS presenta datos incluso más positivos. El porcentaje de evasión en las cotizaciones a la seguridad social descendió del 40% al 23% de puestos de trabajo existentes durante el mismo período. Sobre la base un crecimiento económico sistemático y predecible, el modelo de relaciones laborales entre gobierno, empresarios y trabajadores ha permitido aumentar el salario real y los niveles de formalización de algunas ramas de la economía. El nuevo sistema de salud también hace más atractiva la formalización de los trabajadores dependiendo de su estructura familiar. Algunos dispositivos tributarios como la flexibilización del régimen del Monotributo in la inclusión de unipersonales a ese régimen permitieron un reciente incremento de cotizantes a la Seguridad Social

Es relativamente aceptado el hecho de que la informalidad es contracíclica, se reduce en momentos de crecimiento económico y se expande durante las recesiones. El declive en los niveles de informalidad que hoy muestra el Uruguay no solo tiene que ver con las políticas de los últimos dos gobiernos, sino que también responde en gran medida a la evolución de la economía.

Y por el mal camino

El gran escudo contra la decisión de trabajar en la informalidad es que los trabajadores estén genuinamente interesados en asegurar en el largo plazo sus inversiones en calificaciones y educación. En la medida que los trabajadores no calificados de hoy no realicen inversiones en educación en el futuro, uno espera que la formalización de la economía siga dependiendo del ciclo económico y de cómo el gobierno maneje la estructura de incentivos en regulaciones, impuestos y transferencias. Al menos esto es lo que se observa en Uruguay y en el resto América Latina en las últimas décadas.

En el plano de la inversión educativa y la formación de mano de obra calificada vamos por el mal camino en Uruguay. La educación secundaria y técnica no es lo suficientemente atractiva para los jóvenes como lo es un mercado de trabajo con tasas de desempleo casi friccionales. Pero el mercado de trabajo tampoco ofrece posibilidades de incrementar las calificaciones y la productividad de la mano de obra en forma sustancial. En efecto, existen pocas capacidades públicas y privadas de reconversión y de capacitación continua.

En suma, Uruguay tiene políticas de bienestar y seguridad social bastante decentes como para enfrentar los costos y los desajustes económicos que impone la globalización. Pero nuestro enorme déficit en materia educativa colabora con la segmentación del mercado de trabajo y erosiona las oportunidades de redistribución doméstica que ofrecen los mercados internacionales.

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