Las razones del corazón


“El corazón tiene razones que la razón no entiende” decía Blaise Pascal hace varios cientos de años. Desde profundas discusiones filosóficas hasta apasionados poemas de amor, pasando por películas y debates de toda índole, la frase ha hecho carne en muchos. También se aplica a las lealtades partidarias como son vividas por los uruguayos.

Una obra ya clásica sobre las identificaciones partidarias las define como asuntos de “corazones y mentes”, en el entendido de que las construyen tanto componentes afectivos como cognitivos (Green, Palmquist, y Schickler 2002). Uruguay es el país de las Américas en el que más personas tienen lealtades partidarias: 66% de la población en edad de votar, según el Barómetro de las Américas 2010. Estas obedecen mucho más a cuestiones de “corazón” que de “mentes”.

“¡Pero si la mitad del país es de izquierda y la otra es de derecha!” seguramente estarán pensando muchos. Si, sin dudas. Y las identificaciones ideológicas son congruentes con los discursos partidarios sobre esas identificaciones. En la medición clásica que solicita a las personas señalar su posición ideológica con un número de 1 (izquierda) a 10 (derecha), los que votaron a José Mujica en las elecciones nacionales de 2009 promedian 3.7, los votantes de Luis Alberto Lacalle 7.0, y los de Pedro Bordaberry 7.4. Es más, las diferencias son aún más marcadas para los que se declaran partidarios (y ya no solamente votantes): el promedio para los frentistas de 2.8, para los blancos 7.4, y para los colorados 8.0, siempre según la misma encuesta. Sin embargo, estas diferentes etiquetas ideológicas que asumen votantes y partidarios no se traducen –ni necesaria ni claramente- en actitudes diferenciales sobre el rumbo que debería seguir el país, es decir, sobre las cuestiones de la “razón”. Oficiarían, entonces, más que nada, como otro rótulo cargado de emotividad, que se extiende a partir de la identificación partidaria.

En particular, el rol que debería cumplir el Estado suele oficiar de parteaguas de las visiones racionales, más allá de los componentes afectivos de las identificaciones partidarias. Sin embargo, no es el caso en Uruguay. Según el Barómetro de las Américas, en una escala de 0 a 100, en la que 0 indica el menor intervencionismo posible y 100 el mayor intervencionismo estatal posible,[1] Uruguay alcanza un promedio de 87.1 según las opiniones de sus ciudadanos; es el segundo país más pro-Estado de las Américas, detrás de Paraguay.

Este altísimo promedio no esconde diferencias irreconciliables entre los simpatizantes de los distintos partidos políticos, sino todo lo contrario: los que menos apoyan el intervencionismo estatal son los blancos, pero el promedio de apoyo entre ellos es igualmente muy alto: 86 puntos en la escala de 0 a 100. Para los colorados el promedio es 86.3 y para los frentistas 88.8.

Por tanto, las famosas etiquetas de “izquierda” y “derecha” que orgullosamente asumen los simpatizantes de los distintos partidos, al menos en este caso, no funcionan como indicadores de cosmovisiones de país, como señeros de posiciones racionales que dividen los bandos partidarios. Por el contrario, parece que su contenido está mucho más vinculado a cuestiones de corazón, surcadas por las lealtades y el folclore partidario, que a cuestiones de la razón (otra vez, al menos en lo que atañe a esta dimensión).

De este argumento se siguen varias consecuencias. En primer lugar, según la visión del grueso de los ciudadanos no existirían realmente dos (o más) “modelos opuestos” del Uruguay, sino distintas maneras de mirar, comunicar y sentir hacia dónde debería ir el país, que se articulan de modo muy diferente desde los distintos discursos partidarios.

Pero, además, si el principal motor detrás del encolumnamiento partidario no es racional sino afectivo, entonces tanto la tesis de las familias ideológicas como la de marcha hacia la fusión de los partidos tradicionales deberían ser seriamente revisadas.

Referencias




[1] La escala de apoyo al intervencionismo estatal resume el apoyo a las siguientes medidas: que el Estado deba ser el dueño de las empresas más importantes del país, que el Estado deba ser el principal responsable de crear empleos, que el Estado sea el principal responsable de asegurar el bienestar de la gente, que el Estado deba implementar políticas firmes para reducir la desigualdad de ingresos, que el Estado sea el principal proveedor de servicios de salud, y que el Estado sea el principal responsable de las jubilaciones.

El Estado, el fútbol y la vida espiritual de los uruguayos



Esta nota defiende un argumento simple y probablemente poco polémico. Su conclusión principal es que el Estado uruguayo no debería financiar con dinero de sus arcas las actividades de la selección nacional de fútbol. Cuando digo esto, no me refiero a que se debería abstener de comprar de publicidad. Por el contrario, estoy pensando en la posibilidad de que el Estado uruguayo financie parte del sueldo de un entrenador o que invierta directamente en la formación de futbolistas uruguayos. Mi argumento es simple: si el Estado utilizara su dinero para financiar el proceso de selecciones nacionales, éste debería contar con mecanismos que establezcan procesos de rendición de cuentas. Eso es lo que se espera del Estado en cualquiera de sus inversiones. En el caso del fútbol – siendo esta una actividad privada- es de esperar que los procesos de rendición de cuentas que el Estado podría implementar sean difíciles o imposibles de ejecutar. Paso a explicar.  
Hay dos elementos que han favorecido el debate sobre el papel que el Estado debería jugar en el fútbol uruguayo. El primero refiere a los efectos positivos que la “marca Uruguay” excelentemente promocionada por las actuales selecciones nacionales han tenido de un modo directo e indirecto en muchos ciudadanos uruguayos. Por un lado se puede ver el impacto directo de ese logro deportivo, reflejado en la alegría y los festejos de miles de uruguayos en Uruguay y en el resto del planeta. Por otro lado, se puede pensar en los efectos indirectos o colaterales que ese fenómeno supone. Por ejemplo, alcanza con remitirse al hecho de que Uruguay ha sido portada de los medios de prensa más importantes del mundo en varias oportunidades en los últimos meses. Millones de personas han leído o escuchado sobre Uruguay en las últimas semanas. Ese tipo de suceso mediático ha llevado a repetir la acertada idea de que el futbol nos “reubica” o nos “vuelve a poner” en el mapa mundial. En cierta forma no es muy aventurado pensar que tras estos resultados futbolísticos, la marca “Uruguay” puede atraer algunas inversiones, mejorar las posibilidades de negocios o aumentar el flujo de turistas al país.

Un segundo elemento es el impacto que Oscar Tabárez (el líder de ese notable cambio) ha producido en la opinión pública en general. El maestro Tabárez no ha parado de cosechar elogios durante el último año. Fuera de lo estrictamente deportivo, ha sido recientemente nominado como Campeón del Deporte de la UNESCO y hasta ha recibido una carta de felicitación por parte de la Academia Nacional de Letras, por el “general acierto idiomático con que se han expresado los integrantes de la selección”. Asimismo, Tabárez se ha convertido en una suerte de icono que expresa y representa ciertos valores que la sociedad uruguaya necesita. Por ejemplo, el diario el País en su edición del pasado 6 de agosto, publicó un número especial sobre ese exitoso "método Tabárez". Fernán Cisnero empezaba la nota principal de ese número diciendo: “El maestro Tabárez se volvió ejemplo de cómo hacer las cosas para que todo termine saliendo bien.” Y agregaba, “ya hay quienes creen que ese modelo debería ser exportado a otras áreas.” Cisnero menciona a declaraciones de varias personalidades públicas (incluyendo al presidente Mujica) quienes creen que Tabárez ha demostrado que las cosas se pueden hacer de otro modo. “Políticos, funcionarios, sindicalistas, artistas y deportistas” fueron consultados sobre “qué lecciones se pueden aprender de la manera de gestionar de Washington Tabárez.” Como era de esperarse, los distintos entrevistados elogian a Tabárez, su método, valores y ética de trabajo. 

La pregunta es, entonces, qué – si algo - debe hacer el gobierno y el Estado para promover los procesos que facilitan los buenos resultados. El mismo maestro Tabárez ha remarcado la necesidad de que el gobierno respalde los proyectos deportivos del país. Eso es, no con el fin de generar jugadores de alta competencia, sino sobre todo como una herramienta de integración y cohesión social. "El fútbol sirve para combatir vicios sociales" ha dicho Tabárez en más de una ocasión. Es evidente de que proyectos exitosos como el “Proceso de institucionalización de selecciones nacionalesliderado por el propio Tabárez no son viables sin un financiamiento adecuado y constante. Sin embargo, no son claros los límites para establecer hasta dónde y de qué forma el Estado debería involucrarse en el fútbol de alta competencia que implican las selecciones nacionales. 

Creo que el Estado tiene mucho para hacer en el fútbol. Pero mucho de lo que debería hacer esta limitado a regular y atender algunos fenómenos generados por la práctica de este deporte. De mas esta decir que el Estado, entre otras cosas, debe velar (al igual que lo hace con otras actividades) por la seguridad de los eventos deportivos, la formalidad de los contratos y las transacciones que esa actividad supone. A pesar de ello, sería una mala idea que el Estado intervenga financieramente en el fútbol uruguayo. La razón es bastante simple. Sería extremadamente difícil establecer un mecanismo de rendición de cuentas para evaluar los procesos y las actuaciones individuales asociadas con el fútbol. Aún cuando se pudiera ver como una inversión y no como un gasto, no es claro bajo qué criterios podría el Estado regular las actividades del seleccionado nacional. Y este no un problema de diseño institucional fácil de resolver. Vale pensar que en el caso de que el Estado financie parte del sueldo de Tabárez, el entrenador nacional pasaría a ser una suerte de funcionario estatal.  Pero cómo el Estado y la ciudadanía toda podrían evaluar si sus funciones son cumplidas de un modo satisfactorio es algo muy difícil de saldar. ¿Deberían las selecciones nacionales ganar un número específico de competiciones o promover una cantidad determinada de jugadores? ¿O deberían ser portada de un número concreto de apariciones en la prensa internacional? No puedo imaginar un criterio que represente una respuesta satisfactoria al problema de rendición de cuentas que la financiación directa por parte del estado en el fútbol uruguayo podría generar. Naturalmente hay más razones para negarse a esa iniciativa. No obstante, creo que el problema de la rendición de cuentas es extremadamente difícil de sobrepasar.



**Esta foto fue publicada durante el mundial. Desconozco quién es el autor. Durante este tiempo se ha multiplicado en la web. Por ejemplo puede ser encontrada en: http://totallycoolpix.com/wp-content/uploads/2010/08122010_best_of_2010_part_1/2010_part1_68.jpg


La importancia del gasto en infancia en términos de equidad y eficiencia: los jóvenes de hoy fueron niños ayer


El hogar donde nos tocó nacer es un accidente, accidente que juega un papel fundamental en la trayectoria de nuestras vidas. A partir del reconocimiento de este hecho, existen un sinfín de argumentos de sentido común a favor de que el Estado, a través de las políticas públicas, debe jugar un papel fundamental en compensar las desigualdades en las circunstancias iniciales. Lo que no está claro es cómo y en qué momento del ciclo de vida de las personas el Estado debería comenzar a intervenir. En tiempos en que la “problemática juvenil” se ha instalado en la opinión pública, resulta oportuno empezar a discutir cuestiones que tienen que ver más con el fondo del asunto. En esta nota propongo reflexionar sobre las ventajas de invertir en edades tempranas a partir de argumentos económicos que tienen que ver con la eficiencia del uso de los recursos públicos en alcanzar objetivos de equidad.

Mejor temprano que tarde
James Heckman, un reconocido economista norteamericano por sus aportes a la microeconometría, se ha convertido en los últimos años en un referente y ferviente defensor de la conveniencia de que las políticas públicas se reorienten, fundamentalmente, al desarrollo de programas de intervención en edades tempranas, previas a la inserción escolar. Sus argumentos se apoyan en conocimientos ya acumulados en diversas áreas (psicología, neurociencia) que muestran que las habilidades no-cognitivas, como motivación, perseverancia, autocontrol, que se desarrollan fundamentalmente durante los primeros años de vida, juegan un papel importante en el éxito educativo y en la vida de los individuos. Como el proceso de formación de un individuo es dinámico y se ve afectado por el conjunto de circunstancias que lo afectan desde el momento mismo de su gestación, así como las ventajas se acumulan, también se acumulan las desventajas, lo que hace que un comienzo adverso haga mucho más costoso y difícil el éxito posterior, generando un circulo vicioso.
La importancia de las habilidades no cognitivas estuvo mucho tiempo ausente en la literatura estándar sobre capital humano, pese a que esta carencia venía siendo advertida desde hace mucho tiempo por economistas de la corriente crítica (1). En ese marco, las políticas públicas han estado tradicionalmente orientadas al desarrollo de conocimientos cognitivos y han descansado en la familia como formadora de habilidades no-cognitivas. Pero si la “institución familia” falla, los programas de intervención tardía difícilmente logran compensar los efectos de una infancia en ambientes adversos y en todo caso, remediar las desventajas en edades más avanzadas es muchísimo más costoso y tiene mayor porcentaje de fracaso. Por eso, argumenta Heckman, las políticas públicas deben establecer mejor las prioridades: invertir en estas habilidades básicas preescolares es más efectivo que otras medidas más convencionales como reducir el número de niños por aula, por ejemplo.
Existe hoy suficiente evidencia de que las políticas públicas, a través de intervenciones tempranas y en trabajo conjunto con las familias, pueden al menos compensar la falta de estímulos en edades tempranas facilitando el éxito en etapas posteriores. En efecto, Heckman apoya sus argumentos en estudios de largo plazo que evalúan resultados de programas orientados a suplir carencias en los primeros años de vida implementados fundamentalmente en Estados Unidos y que muestran resultados más prometedores en términos de reducción del abandono temprano del sistema educativo, de la probabilidad de embarazo precoz y de participación en actividades delictivas en comparación con otros programas implementados en edades más avanzadas (2).
La evidencia demuestra, argumenta Heckman, que las políticas orientadas a la infancia son altamente rentables para la sociedad en su conjunto y no presentan la clásica disyuntiva entre equidad y eficiencia que tanto preocupa “a los políticos de Washington”. Esto no quiere decir que las políticas públicas no deban jugar ningún papel en otras etapas de la vida del individuo, sino que las intervenciones más tempranas reducen los costos sociales y económicos de intervenciones futuras.
El Uruguay de hoy bajo la lupa de los argumentos de Heckman
La necesidad y conveniencia de invertir en la primera infancia es de amplio consenso en Uruguay y de hecho viene siendo reseñado, machacado, estudiado y advertido por reconocidos cientistas sociales desde hace ya muchos años. Sin embargo, en muchos aspectos pareciera que en esta carrera nos pasó la tortuga. Por ejemplo, a más de 15 años del impulso inicial de la reforma de Rama de ampliar la cobertura de educación preescolar a niños de 4 años, aún siguen necesitándose recursos presupuestales para alcanzar la meta de 100% de cobertura en este tramo etario, según consta en el capítulo dedicado a la educación de la exposición de motivos de la última rendición de cuentas (3). En niños de 3 años, la asistencia a preescolar no superaba el 40% en los hogares del primer quintil de ingresos, según datos del observatorio educativo de ANEP para 2008. Si bien no existen datos de panel en Uruguay que permitan evaluar el impacto de largo plazo de una inserción más temprana en el sistema escolar, existe evidencia de que, por ejemplo, la ampliación de la cobertura a partir de los 4 años redujo en casi 30% la probabilidad de desertar del sistema educativo a los 15 años (4).
Uruguay tampoco ha estado ajeno a la necesidad de implementar programas de trabajo conjunto con las familias en los primeros años de vida. Los centros CAIF, por ejemplo, cuyo objetivo es justamente “promover el crecimiento, desarrollo integral y bienestar de los niños y niñas menores de 4 años en mayor vulnerabilidad social, y favorecer su vínculo con los adultos referentes, orientándolos hacia buenas prácticas de crianza para asegurar su inserción familiar y social”, fueron creados en 1988 (5). Sin embargo, su cobertura fue muy reducida durante muchos años y aún hoy no llegan a cubrir el 50% de los niños de 0, 1 y 2 años de los hogares pertenecientes al primer quintil de ingresos.
Afortunadamente, la atención a la infancia ocupa hoy un lugar más destacado en la agenda de las políticas sociales y en los últimos años se han realizado notorios avances no solo en términos de ampliar la cobertura en los centros CAIF sino también en términos de salud y alimentación y en aportar recursos a los hogares de menores ingresos a través del incremento de la asignación familiar. Todos estos avances, si bien todavía insuficientes, parecen muy prometedores.
Pero si nos detenemos a reflexionar sobre el Uruguay de hoy bajo la lupa de Heckman, nos encontramos frente a la necesidad de destinar una enorme cantidad de recursos para mitigar problemas en edades más tardías, que probablemente serían mucho menores si no hubiéramos postergado durante años la inversión en edades más tempranas. Peor aún, ello implica hoy un obstáculo en términos de asignación de recursos para avanzar más rápido en la carrera por alcanzar metas básicas de cobertura en primera infancia. ¿No deberíamos tomar mayor conciencia de la importancia de invertir en edades tempranas y en el futuro juntar firmas, manifestar, gritar y patalear ante cualquier intento de reducir la asignación de recursos públicos con este destino o de postergar el alcance de metas vinculadas a la primera infancia?. ¿No deberíamos ejercer un control social más responsable y efectivo sobre el destino de los recursos públicos y empezar a reaccionar como ciudadanos más temprano que tarde?
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(1) Bowles, S. and H. Gintis (1976). Schooling in Capitalist America: Educational Reform and the Contradic- tions of Economic Life. New York: Basic Books.
(2) Un buen resumen del enfoque de Heckman y la evidencia puede encontrarse en: http://jenni.uchicago.edu/human-inequality/papers/Heckman_final_all_wp_2007-03-22c_jsb.pdf.
(3)http://www.mef.gub.uy/documentos/20110630_Exposicion_motivos_Rendicion_Cuentas_2010.pdf
(4) Giving Children a Better Start: Preschool Attendance and School-Age Profiles, (with S. Berlinski and S. Galiani), Journal of Public Economics, 92 (5), 2008.
(5) www.infamilia.gub.uy

¿Quién mató al Comendador? ¡Los Jóvenes, Señor!

El pasado jueves 28 de julio el Diario El País titulaba una de sus notas: “Guarteche: la mayoría de jóvenes quiere ser "narco"”. La nota hacía referencia a una declaración hecha el día 25 de julio ante la Comisión de Constitución y Legislación del Senado por el Jefe de Policía. La noticia (naturalmente) levantó polvo y durante ese día varios medios dedicaron horas al tema. Los problemas de delincuencia juvenil e inseguridad son muy preocupantes y deben ser una prioridad para el gobierno y el sistema político, pero hay que ser muy cuidadoso al momento de tratar el tema, informarlo o proponer soluciones.

La afirmación me pareció extremadamente extraña por una sola razón: si la mayoría de los jóvenes quiere ser narco, esto significa lisa y llanamente que “estamos rodeados”. Es decir, todos tenemos un narco en la cuadra y tal vez hasta dos o tres. Cada operativo de “disuasión” de la policía debiera ser un éxito rotundo, llenando camionetas de “narcos” y droga confiscadas. Hasta aquí meramente sentido común.

Una sana costumbre en estos casos es ir a la fuente, y la página web del Parlamento provee esta oportunidad. Efectivamente la versión taquigráfica de la sesión de la citada comisión del día 25 de julio de 2011 incluye el diálogo referido. La frase exacta del Insp. Guarteche es: “Hace poco se hizo una encuesta en la que se preguntaba a los menores qué querían ser cuando llegaran a adultos. La respuesta que más se repitió fue que querían ser narcotraficantes. Eso es muy preocupante, ya que es al narcotraficante a quien ven como modelo”. A continuación el Senador Pasquet pregunta de dónde vienen los datos y el subsecretario Vásquez da una respuesta vaga que deja al auditorio satisfecho o al menos indiferente.

El dato que maneja la policía y la Comisión no cuestiona es erróneo. Salga el lector de su casa o trabajo en este momento con lápiz y papel y pregunte a los primeros 10 jóvenes la pregunta en cuestión. Le aseguro que casi nadie le dará la respuesta “narco”. La encuesta que maneja el Ministerio está muy mal hecha o refiere a una población muy específica, en cuyo caso quienes la tienen en su poder debieron haberlo dicho inmediatamente (y los operativos de “disuasión” de la policía visitar el lugar inmediatamente).

Pero asumamos que efectivamente la respuesta que más se repitió fue la de “narcotraficante”. Esto es muy diferente a la mayoría. La respuesta que más se repitió equivale a la mayoría únicamente si el total de respuestas a las otras opciones suma un número menor a la opción “narco”. Por ejemplo, si tengo 80 jóvenes, 10 contestan que quieren ser “narcos”, pero los otros 70 se distribuyen en otras 8 opciones, a casi 9 respuestas por opción, entonces la opción “narco” es la que más se repite. ¡Pero de ninguna manera es la mayoría, sino apenas el 12,5%! Si este fuera el caso, la afirmación de Guarteche: “eso es muy preocupante, ya que es al narcotraficante a quien ven como modelo” es una interpretación desacertada de los datos.

La Encuesta Nacional de la Juventud (ENAJ) realizada en 2008 pregunta específicamente: “En relación a estudios y trabajo, ¿en cuál de las siguientes situaciones crees que estarás en el 2013, es decir dentro de 5 años?” El 89% de los jóvenes responde que o bien trabajando y estudiando, o bien trabajando con estudios terminados, o bien trabajando con estudios sin terminar. Menos del 1% se ve en el COMCAR. ¿Cuántos de estos jóvenes cree el lector que tiene el deseo ardiente de ser “narco”?

El periodista, quien no firma la nota, mal interpreta la información. Otros medios levantan la mala interpretación y siguen machacando. Además del efecto intranquilizador generado en una ya muy preocupada opinión pública, el manejo de la información es grave. El periodista y/o el medio de prensa en cuestión debieran ir a buscar la información y rectificarla. Eventualmente retractarse. Lejos de eso, la editorial del mismo medio de prensa del día 1 de agosto sigue analizando el tema desde la noción errónea antes divulgada.

En definitiva, es preocupante la liviandad con la que estamos analizando los problemas del país. Más aun, es imposible resolverlos si partimos de premisas equivocadas. ¿Qué les podemos decir a los jóvenes? Este es un país con desempleo juvenil escandaloso, que da mínimas oportunidades a los jóvenes; y ahora dado el tema de la inseguridad se los puede enchastrar al viento.
Yo le diría: “Emigre mijo, emigre”.

Página web del parlamento: Versión taquigráfica de la sesión del día 25 de julio de 2011
El País Digital, 28 de Julio de 2011, sección Nacionales.
El Pais Digital, 1 de Agosto de 2011, editorial
Encuesta Nacional de la Juventud 2008

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