Desastres


Uruguay enfrenta distintos tipos de desastres naturales con impacto inmediato en la vida humana: las inundaciones, las tormentas, y las temperaturas extremas, por mencionar los más relevantes. Los fenómenos meteorológicos que comúnmente asociamos a un “temporal”, generan daños dispersos en amplios grupos poblacionales, y sus impactos se distribuyen en forma más o menos aleatoria. Las inundaciones, por el contrario, son eventos que se concentran en áreas específicas y afectan profundamente a grupos sociales más focalizados. El registro del número acumulado de afectados entre 1967 y 2010 por desastres naturales es cerca de 130 mil personas (1), de las cuales el 95% fueron afectadas por inundaciones, mientras que las tormentas y las temperaturas extremas se reparten el 5% restante (EM-DAT).

Las medidas de prevención, especialmente en países en desarrollo, parecen ser irracionalmente inferiores a las necesarias. Uruguay no es una excepción.

El problema de los desastres no son los eventos naturales en sí, sino la acción humana en torno a ellos. Los individuos sub-invierten en asegurarse contra las catástrofes naturales a causa de las fallas de mercado más clásicas: problemas de acción colectiva, asimetrías de información, y comportamiento miope o de corto plazo. Por tanto el estado puede corregir esas fallas implementando medidas de prevención y regulaciones para mitigar el impacto de los desastres. Si los gobiernos fueran benévolos planificadores sociales protegerían a sus poblaciones frente a los riesgos  de la naturaleza. Pero resultan ser actores estrictamente oportunistas. Cuando la probabilidad de que ocurra un evento natural de gran escala es lo suficientemente baja, el gobierno tiene incentivos para no invertir en la prevención de desastres. Después de todo, vivir en un país con baja propensión a sufrir eventos naturales de riesgo tiene su costado perverso, y es la inexistencia de incentivos racionales para prevenir y mitigar los resultados de las catástrofes que efectivamente ocurren.

Seguramente la sensación de vulnerabilidad pública frente a las tormentas se haya generalizado después del ciclón extra-tropical de agosto de 2005 que tomó por sorpresa a una población sin alerta ni medidas de prevención adecuadas. Eventos de ese tipo se han repetido en forma creciente y muchos señalan ocurrirán con mayor frecuencia en los años futuros inmediatos.  Tal vez como consecuencia de ello, el país ha avanzado notoriamente en la capacidad de prevenir y alertar a su población frente a los eventos meteorológicos. Hoy tenemos un sistema de alertas más proactivo y medidas de prevención mucho más drásticas que en el pasado. Desde la creación del Sistema Nacional de Emergencias (SINAE) en 2009 tenemos alertas amarillas, naranjas y rojas, las autoridades no dudan en suspender clases en escuelas públicas y privadas frente un eventual “temporal” de gran escala, las oficinas estatales cierran sus puertas, y los medios de comunicación retransmiten con detalle y celeridad los comunicados y recomendaciones oficiales. Pero todo esto refiere a la parte más pequeña del problema.

Del mismo modo que la habilidad de los países para mitigar desastres varía enormemente, los niveles de vulnerabilidad frente a los desastres son dramáticamente distintos al interior las sociedades. En ello Uruguay tampoco es una excepción. La mejor representación de la desigual distribución de los costos de los desastres naturales en Uruguay son las inundaciones. Una importante porción de la población que vive en zonas inundables ha sido recurrentemente afectada en los últimos años. En 2007 fueron evacuadas 12 mil personas en el país, y Durazno vivió la mayor inundación de su historia. En 2009 fueron evacuadas 6 mil personas en el litoral, norte y noreste del país. La vulnerabilidad a riesgos naturales altamente específica hace que la debilidad de estos segmentos poblacionales sea también política. Realizar las inversiones en infraestructura necesarias para prevenir la exposición humana a las inundaciones es económicamente costoso y altamente conflictivo, porque yuxtapone las políticas de prevención con aspectos puramente redistributivos.  A pesar de algunos avances en materia de realojamiento y subsidios a nuevas viviendas, el grueso de la población vulnerable a las inundaciones sigue presente.

En suma, los incentivos al comportamiento humano que generan los eventos naturales son centrales para comprender los resultados de los desastres. Uruguay tiene una baja exposición a las catástrofes naturales lo cual desestimula las políticas de previsión. Pero además, la principal amenaza está  altamente concentrada en la población vulnerable a las inundaciones, lo que incentiva la inacción oportunista.



(1) Omito, intencionalmente, a las inundaciones de 1959.
(2) EM-DAT, OFDA/CRED International Disaster Database. Ver:  www.emdat.be

Tienes un correo


La idea es simple: si se envía un correo electrónico, siempre se espera una respuesta, relativamente rápida. El correo electrónico, presente desde 1961, ha revolucionado la forma en que nos comunicamos, con nuestras personas cercanas, nuestras organizaciones y nuestros gobiernos. Por todos nuestros discursos sobre el cambio entre las relaciones entre el Estado y la ciudadanía, una pregunta sigue siendo pertinente ¿Puede el Estado responder sus correos?

En el 2007 un grupo de británicos, inquietos desarrollaron un software de código abierto llamado Alaveteli. El propósito del software es simple: habilitar a las personas a que realicen pedidos de información pública al Estado, de forma sencilla a través del correo electrónico. Basados en la ley de acceso a la información pública británica, el software entrega el pedido y calcula el tiempo que el Estado tiene para responder. La experiencia ha derivado en más de  100000 pedidos de acceso a la información, una comunidad de usuarios activa en solicitudes, una reducción del tiempo de servidores públicos al responder preguntas repetidas, y potencialmente menos frustración de mucha gente que necesita variada información pública para sus distintos propósitos. Si los usuarios están felices, lo indican, sino lo están, también lo indican. Las estadísticas del sitio web permiten a su vez generar datos fiables sobre cómo, desde la perspectiva del ciudadano, el Estado responde a los pedidos de  información.

En el 2012, a raíz de un taller en la Universidad de Oxford, junto con una ingeniera uruguaya decidimos hacer el esfuerzo de aplicar este software en Uruguay. Nuestro primer intento, fue tomado y   mejorado por el equipo de DATA Uruguay y en colaboración con una ONG especializada en temas  de acceso a la información, decidimos que vería la luz en octubre de este año. Todos lo hicimos (y hacemos) de forma voluntaria. Hasta ayer, alrededor de 100 personas habían decidido preguntar al Estado uruguayo desde estadísticas de accidentes, hasta los documentos de la subasta de Pluna. Hemos combinado saberes de diversas partes, para innovar en Uruguay y eso de por sí es una historia valiosa de contar.

Sin embargo en este post, quiero hacer foco en algunas de las cosas que el lanzamiento de quesabés.org ha ayudado a develar, sobre cómo se da, al menos de manera electrónica, la relación del Estado y la ciudadanía  uruguaya. Lo primero  es entender que no es fácil saber a quien mandar un correo en Uruguay en un organismo público. La única guía de autoridades, no siempre está actualizada (aunque nos consta que quienes la elaboran hacen el esfuerzo) y muchos de los correos electrónicos no funcionan.  Esto nos fuerza a hacer largas búsquedas por páginas web donde  a veces tenemos la suerte de encontrar correos y a veces no. La disparidad de capacidades estatales en términos de gobierno electrónico se nota  gráficamente, a través de una página web, y se torna difícil aún para un equipo de personas especializados en el tema.

El segundo punto relevante ha sido la rapidez con la cual algunos organismos han usado el sitio. Las respuestas pueden variar en calidad, pero muchos se han claramente tratado de entender y sumarse a la iniciativa. Algunos pedidos fueron respondidos en menos de 3 días, con datos relevantes y seguimiento por parte de los usuarios.

Pero por todas las buenas noticias, también hay de las otras. Algunos organismos, como el caso de la Intendencia de Montevideo, pretenden que las personas realicen sus pedidos de forma presencial, a través de un formulario (bastante mal elaborado), en el edificio comunal. Este mecanismo, no solo impide el acceso real a los usuarios, sino que incluso complica la propia operativa de la Intendencia. Para el anecdotario, ha sido la respuesta que una usuario recibió de la Cámara de Senadores, la cuál pretende que todos los pedidos se dirijan de forma presencial, correctamente dirigida al Presidente de la Cámara, en el horario establecido (que es bastante exiguo). Considerando que el Senado es elegido en base a una circunscripción nacional y consecuentemente debe su legitimidad a todos los votantes independientemente de donde vivan, es un caso curioso. Imaginamos que pocas personas en Artigas, Salto, Rocha o para ser francos no más allá de 10 km a la redonda del Palacio Legislativo, les harán pedidos.

La realidad es que desde el punto de vista legal, los principios de derecho administrativo y la propia ley indican que los organismos deben facilitar el acceso a los usuarios, y que las formas son irrelevantes cuando se benefician al acceso de un derecho. La ley además específica que el mecanismo de solicitud puede ser por escrito (y el correo electrónico lo es) y que lo que deben hacer los solicitantes es identificarse ( y lo hacen).  Nuestra posición frente a los pedidos es casi agnóstica: no los juzgamos, no los impedimos, solo facilitamos los medios para que se hagan. Ocasionalmente, si identificamos abuso en el mecanismo (por ahora solo un caso) optamos por procesar el pedido, pero no hacerlo visible.. En caso de abuso serio (como un insulto) optamos por no procesar el pedido. Pero aún con este agnosticismo  algunos organismos han optado inicialmente por no responder, o decidir que no contestarán por correo electrónico, lo cuál en el Siglo XXI es bastante disparatado. Podemos (y tal vez lo hagamos) dar una batalla legal .Pero, seriamente, ¿necesitamos llegar a eso para responder un correo? Obviamente algunos pedidos pueden ser incómodos, y la administración podría optar por reservar la información (es su derecho), pero la "chicana" parece como demasiado.

La idea del derecho al acceso a la información pública, tiene ya 240 años, aunque en Uruguay haya aparecido en forma de ley en el 2008. Todos sabemos que Uruguay es un país con instituciones sólidas, donde siempre nuestra democracia y procesos de rendición de cuentas vertical (léase elecciones) funcionan. Pero nuestros procesos de rendición de cuentas social, en sencillo que el Estado les explique a sus ciudadanos lo que hace y como, aún dejan muchas cosas que desear.  Y en este caso particular, a diferencia de los procesos más tradicionales de rendición de cuentas social, es "distribuido" Dicho de otra forma, no es la "sociedad civil", sino ciudadanos con nombre y apellido, y cuantificables  quienes probablemente han lanzado la mayor cantidad de pedidos en toda la historia de la ley de acceso a la información pública en un plazo de 10 días de vigencia del sitio.

Responder un correo electrónico de un ciudadano, en la era digital, es el acto más básico de rendir cuentas, y aún así no todos parecen querer hacerlo  Obviamente el lanzamiento de quesabes.org está promoviendo un proceso de aprendizaje colectivo y los primeros inconvenientes se irán solucionando. AGESIC ha participado del  lanzamiento de este sitio y ve con buenos ojos esta clase de emprendimientos.  Sin embargo hay algo en algunas de las  primeras respuestas son síntoma de que independientemente de a quien se vote, hay cambios que deben promoverse más allá de partidos políticos, aunque sean eminentemente, cambios políticos y bastante sencillos, tales como responder un pedido de acceso a la información, a través de un correo electrónico.






La investigación científica en el Uruguay*


A mediados del siglo pasado, digamos en 1950, cualquier médico obstetra, en cualquier parte del mundo, conocía las investigaciones que Roberto Caldeyro y Hermógenes Álvarez llevaban a cabo en Montevideo. Del mismo modo, cualquier matemático interesado en el campo de las ecuaciones diferenciales, donde fuera que estuviere, conocía el trabajo de José Luis Massera, que completaba las investigaciones originales de Aleksandr Lyapunov en teoría de la estabilidad. Pero ellos eran los únicos, o prácticamente los únicos. Casi ningún otro investigador uruguayo de mediados del siglo pasado hacía un trabajo que fuera de referencia mundial. Desde luego, había en el país grandes investigadores, como Washington Buño o Clemente Estable, cuya producción intelectual tuvo sin embargo un impacto menor fuera de fronteras. En líneas generales no es exagerado decir que la investigación científica en el Uruguay de 1950 no existía, salvo como una práctica marginal, encarada con tesón, entusiasmo, entrega y valentía por unos pocos hombres realmente grandes, a los que el país jamás les agradeció como correspondía.

Poco más adelante, los rectores Mario Cassinoni y Óscar Maggiolo intentaron transformar a la Universidad de la República en una verdadera universidad, es decir, en una institución que creara conocimiento y cultura. Su fracaso no fue sólo personal o de su generación: fue una catástrofe nacional. Uno de los esqueletos iniciales de la futura ciudad universitaria, pujante y moderna, que soñó Cassinoni permaneció durante décadas en Malvín Norte como testigo mudo pero elocuente del valor que varias generaciones de uruguayos le asignaron a la cultura científica y a la investigación: ninguno. Que ese edificio se haya transformado hace algunos años en la sede de la Facultad de Ciencias es también un hecho significativo. En los últimos lustros la investigación ha entrado en la consideración pública. Pero ese cambio de mentalidad es todavía muy incompleto.

No tiene sentido lamentarse por lo que no pasó. Pero lo que no pasó explica, al menos en parte, lo que no pasa hoy en día. No se construyen las condiciones para hacer investigación científica de calidad en pocos años y con recursos casi nulos. Los uruguayos no tenemos tradición en la materia y no hemos querido invertir el dinero necesario para generar investigación científica de calidad. Sin embargo, demandamos resultados comparables a los de aquellos países que descubrieron la importancia de la ciencia muchísimo antes que nosotros y han invertido grandes sumas de dinero en investigación.

Como si todo lo anterior no fuera suficiente, a los pocos investigadores que aran en el desierto los insultamos: les decimos que practican un “academicismo larvario”, como escribió Gabriel Pereyra en El Observador hace pocas semanas, o les retaceamos las fondos si no investigan en “áreas prioritarias” o no consiguen resultado inmediatos o simplemente se dedican a esas cosas que los políticos piensan que “no sirven para nada”.

Todo esto viene a cuento porque en los últimos días se ha generado algo así como una polémica a propósito de la cantidad y la calidad de la investigación que se hace en el país. En este caso, el disparador fueron declaraciones del director de educación del MEC, Luis Garibaldi, quien afirmó que las universidades privadas hacen escasa o nula investigación, lo que en líneas generales es cierto. Desde el mundo universitario privado dos economistas, Juan Dubra y Néstor Gandelman, respondieron que, en su área específica de trabajo, las universidades privadas no están peor que la pública y que incluso están un poco mejor, lo que en líneas generales también es cierto, si la calidad de la investigación se mide exclusivamente a partir de los ordenamientos internacionales de las revistas científicas del área.

Las universidades privadas están haciendo una apuesta relativamente fuerte a ser referencia en materia de investigación económica en el país, lo que podría amenazar con desplazar a la universidad pública a un lugar de menor preponderancia en el futuro. Esa quizás sea su única apuesta fuerte en materia de investigación. Está bien que la hagan y es bueno para todos. Ello obligará a la universidad pública a investigar más y mejor. No estaría mal, tampoco, que las instituciones privadas hicieran apuestas similares en otras disciplinas: que ampliaran sus miras.

El país necesita más investigadores –muchos, muchísimos más–, no discusiones acerca de quién la tiene más larga. Las llamadas universidades privadas, hasta ahora, han aportado poco y nada a esa tarea. El país se vería notablemente beneficiado de un cambio de actitud en ese sentido.

Nota: Anibal Corti


* Esta nota también fue publicada en el semanario Brecha (12/10/2012)
**Agradezco a mis amigos Andrés Dean y Gabriel Burdín sus comentarios y sugerencias para esta columna. Obviamente, no son responsables por nada de lo que está escrito.

Exigirnos más*


Un hospital en el que no existen salas de internación no es un hospital, es un policlínico. Del mismo modo, una institución de educación terciaria en donde no se investiga no es una universidad; es justamente eso: un instituto de educación terciaria. Ahora bien, difícilmente alguien pueda estar en desacuerdo si digo que las universidades tienen dos cometidos fundamentales: enseñar e investigar. También tienen otros propósitos como el de la extensión práctica de sus conocimientos hacia la sociedad. Pero investigación y enseñanza son sus cometidos principales y definitorios. En Uruguay hay problemas educativos en los tres niveles educativos (primaria, secundaria y terciaria). Eso no es novedad. Algo novedoso, en cambio, es el debate sobre el posicionamiento de las universidades uruguayas en el concierto mundial en relación a estos dos objetivos. Diferentes rankings internacionales consistentemente ubican nuestras universidades en lugares para nada privilegiados, no solo a escala mundial sino también regional. En términos de investigación, por ejemplo, tienen marcados problemas de cantidad, calidad y extensión.

En el mes de agosto, el Director de Educación del MEC, Luis Garibaldi, declaró que el 80% de la investigación del país se produce en la Universidad de la República. Ese dato surge de la interpretación de uno de los indicadores utilizados en el "Scimago Institutions Ranking, World Report 2012". Este lunes pasado, los economistas Juan Dubra y Néstor Gandelman publicaron una breve nota que intenta responder a los comentarios de Garibaldi sobre el déficit de las universidades privadas en términos de investigación.ii Dubra y Gandelman proponen un interesante análisis: comparar las publicaciones en revistas científicas referadas en el área de economía realizadas por investigadores de universidades privadas frente a las conseguidas por investigadores afiliados a la Universidad de la República (UdelaR). Dejando de lado los detalles metodológicos del estudio, el resultado es el siguiente: desde 2006, los 19 economistas de las universidades privadas incluidos en el Sistema Nacional de Investigadores (SNI) han logrado publicar más en revistas referadas de mayor calidad que los 36 economistas de la UdelaR que pertenecen al SNI. Dubra y Gandelman sugieren que este hecho pone en tela de juicio la afirmación de Garibaldi que en las universidades privadas no se investiga. Al menos en economía sí se hacen, y con mayor nivel de impacto.

El ejercicio de Dubra y Gandelman tiene limitaciones importantes. Como los mismos autores puntualizan, su análisis sólo examina un conjunto de publicaciones en revistas de economía lo cual invalida la posibilidad de realizar generalizaciones hacia otras áreas del conocimiento. Ciertamente la participación de investigadores catalogados en el SNI que investigan en universidades privadas es sustancialmente menor al número que lo hace en la UdelaR. Haciendo un ejercicio desprolijoiii podemos ver algunas tendencias importantes. Para empezar, actualmente el SNI registra 1388 investigadores activos radicados en el país. Ese número se divide en seis áreas principales: ciencias agrícolas, sociales, médicas, naturales, humanidades e ingeniería/tecnología. Para empezar, hay áreas en donde la investigación de las universidades privadas es inexistente. Por ejemplo, ninguna de las principales universidades privadas del país investiga en el área de ciencias médicas y de la salud. Asimismo, de los 192 investigadores catalogados en el área de ciencias agrarias, sólo dos investigadores realizan su trabajo desde una universidad privada. Las proporciones de miembros del SNI por tipo de universidad en las otras áreas favorecen siempre a la UdelaR. Solo 10 de los 124 investigadores en el área de humanidades, 58 de los 283 catalogados en ciencias sociales y 19 de los 132 del área de ingeniería y tecnología, investigan desde una universidad privada. Esos números no solo nos muestran la desproporción en cantidad de investigadores reconocidos por el SNI sino también la escasa - y en algunos casos- nula participación de las universidades privadas en la investigación e innovación (no necesariamente en la enseñanza) en ciertos campos del conocimiento. Las razones que explican este hecho son múltiples y no pueden ser tratadas en este espacio. Lo que sí parece evidente es que el análisis de Dubra y Gandelman difícilmente pueda ser repetido en muchas más áreas de investigación.

Pero naturalmente esto no nos dice nada sobre la calidad de la producción científica generada en estos centros de estudio. Dubra y Gandelman tienen un argumento que no se puede desatender fácilmente: cantidad no es sinónimo de calidad. Para la confección de los rankings de producción académica, diez artículos publicados en revistas nacionales o regionales van a valer considerablemente menos que una publicación en una revista top a nivel internacional. Esta lógica ha sido criticada y denostada por muchos. ¿Quién determina cual es una revista top y cual no? ¿Bajo qué criterios podemos decir que lo que se publica en la Revista Uruguaya de Ciencia Política vale menos que lo publicado en el American Political Science Review? Es normal tener ese tipo de suspicacias hacia el sistema de evaluación. Sobre todo porque no todas las áreas de investigación producen artículos científicos como su principal producto. Sin embargo, no es demasiado inteligente quedarse con la idea que los rankings son inútiles o tendenciosos. Pensemos en un caso análogo para entender mejor la situación en la que estamos. Imaginen al maestro Tabárez decidiendo la pareja de delanteros para disputar el mundial de Sudáfrica.iv El número de goles es el indicador más importante para comparar delanteros. Si Tabárez se hubiera guiado por ese indicador, entonces un jugador como el Chino Ximenez debería poder disputar el puesto con Suárez y Forlán. Esa situación parece poco razonable. ¿Por qué? Porque no sólo se debería evaluar el número de goles obtenidos por cada delantero, sino el contexto en donde esos goles fueron conseguidos. No es lo mismo hacer 30 goles en la liga peruana que hacerlos en la liga española. El nivel de exigencia entre estas ligas es tan dispar que no parece razonable utilizar solo un indicador cuantitativo. La calidad importa en esta ecuación.

Con varios matices, algo similar sucede con la producción académica en muchas áreas del conocimiento. Publicar los resultados de una investigación en una revista top a nivel mundial requiere pasar por filtros de exigencia sustancialmente mayores a los que se necesita para hacerlo en revistas regionales. Es razonable que asi sea, dado que las revistas de mayor prestigio son las que marcan el rumbo de las diferentes disciplinas científicas. Y para publicar en esos ámbitos, el investigador debe convencer a un buen numero de expertos que los resultados de su investigación merecen ser compartidos y difundidos en la comunidad científica global.v

El tema es qué hacer con los investigadores nacionales que logran publicar o difundir sus resultados de investigación al más alto nivel. Tomando en cuenta que calidad y no solo cantidad son las variables importantes en esta ecuación: ¿Debemos premiar la excelencia? ¿Debemos incentivar la formación de investigadores de elite? ¿Debemos incentivarlos para que se queden en el país? Esas son sólo unas pocas preguntas cuyas respuestan afectan notoriamente a la comunidad científica nacional. Ahora ya es tiempo para que se debata con seriedad qué indicadores de calidad y cantidad vamos a aceptar para medir nuestra producción académica. Y eso no implica reinventar la rueda, sino atender un poco más a las soluciones que otros países han encontrado. El mundo científico va en una dirección bastante marcada. ¿Es nuestra mejor estrategia negar esa tendencia y seguir midiendo nuestros resultados con nuestros criterios domésticos? La conclusión no es novedosa: debemos exigirnos más y mejor investigación en más áreas del conocimiento. Y eso corre para universidades públicas y privadas.

*Una versión de esta nota fue publicada en Brecha (12/10/2012)
**Agradezco los comentarios de Juan Bogliaccini y Anibal Corti. Naturalmente, todo lo dicho aqui es de mi entera responsabilidad.
iiiNo tuve acceso a la distribución exacta de investigadores del SNI por área y deglosado por institución. Los numeros aquí presentados son estimaciones en base a los cvs publicados on line por el SNI. Aunque los numeros de investigadores distribuidos por institución y área no sean exactos, estos sirven para entender las tendencias y proporciones.
vEsta práctica no esta libre de problemas. Por ejemplo, temas y agendas de investigación que son extremadamente importantes para nuestro país pueden ser poco atractivas a nivel internacional. 

Volvé a tu casa… ¿cuando quieras?

Entre 2004  y 2005, si mal no recuerdo, se estrenó un programa de televisión en Uruguay que presentaba la situación de uruguayos que habían emigrado a diversos países, en su mayoría, tras la crisis del 2002. La cortina musical era “Volvé a tu casa” de la afamada banda No Te Va Gustar. Y la canción aun hoy, una década después de la mayor crisis del país, con tasas inéditas de bajo desempleo y con un crecimiento sostenido, no deja de estar vigente.

Uruguay es de los países más expulsores de América Latina. Entre 1963 y 1996, se estima que 480.000 uruguayos emigraron al exterior y entre 1996 y 2004 fueron 100.000. En 2005, se estimaba que casi 14% de los uruguayos vivía fuera del país (Cabella & Pellegrino, 2005). A partir de la Encuesta Nacional de Hogares Ampliada (ENHA 2006), se estimó que los emigrantes del período 2000-2006 eran mayoritariamente jóvenes varones de 20 a 29 años que se emancipaban por primera vez de su hogar de origen y buscaban mejores oportunidades laborales. El 70% de los emigrantes se radicó en España y Estados Unidos. La evidencia rechazaba el mito que los emigrantes calificados se emplean en posiciones de menor categoría en el exterior que en Uruguay (Macadar & Pellegrino, 2007).

Datos llamativos refieren al nivel educativo de los emigrantes, dando cuenta de una clara “fuga de cerebros”. Fuera de Uruguay, hay un 15% de uruguayos con educación universitaria completa  mientras en Uruguay solo 10% completó este nivel. Más aun, mientras un tercio de los uruguayos en la diáspora completaron Secundaria, en el país solo 21% lo hicieron (Dávalos, Plottier, & Torres, 2009).

La Unión Europea ofrece el “Plan de retorno voluntario” a partir del cual contribuye a que los inmigrantes retornen a su país de origen mediante el financiamiento del pasaje y cobertura de gastos, incluyendo a los inmigrantes uruguayos (www.planderetornovoluntario.es). El Ministerio de Relaciones Exteriores de nuestro país ofrece ingresar al país bienes muebles, herramientas, máquinas, aparatos y un vehículo, libre de todo impuesto para aquellos ciudadanos que residieron en el exterior por más de 2 años (Ley No 18.250).  Para aquellos que residieron fuera del país por más de 1 año, se ofrece el mismo beneficio excepto la entrada del vehículo (Decreto 572/994) (Ministerio de Relaciones Exteriores, 2012). 
Mi pregunta es ¿a qué vuelven quienes emigraron? De acuerdo a datos recientes, 3.3% de los emigrantes uruguayos retornaron al país, y en su mayoría por motivos familiares (Macadar & Pellegrino, 2007). ¿Pero qué ocurre con lo que tiene que ver con empleo? ¿Qué oportunidades laborales se les ofrece a los uruguayos en la diáspora para que retornen? Ninguna.

Uruguay se encuentra en una situación apremiante, con las tasas de abandono temprano más altas y más inequitativas de la región (CEPAL, 2010). Y a esto se le suma la fuga de cerebros anteriormente presentada. Seria interesante, por ejemplo, que desde la Agencia Nacional de Investigación e Innovación (ANII) se ofrecieran oportunidades de financiamiento para quienes continuaron su formación en el exterior y desean retornar a Uruguay, e incluso para profesionales uruguayos que residen en el exterior y desde allí procuran cofinanciar proyectos de investigación con entidades nacionales. Considerando que el financiamiento de la ANII exige el retorno de los becarios en el extranjero, la necesidad de este tipo de políticas resulta clara.


Referencias consultadas:
Cabella, W., & Pellegrino, A. (2005). Una estimación de la emigración internacional uruguaya entre 1963 y 2004 ( No. 70). Documento de Trabajo. Unidad Multiciplinaria. Facultad Ciencias Sociales.
CEPAL. (2010). Panorama Social de América Latina 2010. Santiago de Chile: Naciones Unidas.
Dávalos, C., Plottier, C., & Torres, S. (2009). Fuga de cerebros: el caso uruguayo. Migración y políticas sociales en América Latina. Brasil: Fundación Konrad Adenauer.
Macadar, D., & Pellegrino, A. (2007). Informe temático. Encuesta Nacional Ampliada. Informe sobre migración internacional en base a los datos recogidos en el modulo migración. UNFPA-UNDP-INE.
Ministerio de Relaciones Exteriores. (2012). Manual para el retorno. Retrieved from www.mrree.gub.uy

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