La corrección política y el arte de vestir y desvestir santos


Desde hace varios años, distintas investigaciones vienen planteando el marcado desequilibrio que presenta la distribución del ingreso y el gasto público social en términos etarios en el Uruguay. La evidencia presentada en ellos enfatiza las diferencias en el acceso al bienestar de las generaciones más jóvenes, y la posición relativamente favorable que las generaciones adultas ocupan cuando se las compara con éstas en un conjunto de dimensiones. Estos análisis han mostrado la urgencia de “recalibrar” o reorientar la arquitectura de bienestar uruguaya y, en este proceso, otorgar un papel más preponderante a la inversión social para las generaciones más jóvenes. Afortunadamente, los políticos y las políticas públicas no han sido indiferentes a esta reflexión y, aunque todavía queda mucho, mucho por hacer, el país ha avanzado notoriamente en este proceso de reorientación.


Pero a la hora de reflexionar sobre los avances y retrocesos, y sobre cómo profundizar el rumbo de los cambios, es frecuente que el debate sobre la inequidad intergeneracional se dirija a callejones sin salida, cuando algunos argumentos “políticamente correctos” pero generalmente vacíos de contenido son puestos sobre la mesa. Básicamente, estos argumentos señalan que la constatación de la inequidad intergeneracional en Uruguay no puede llevar a plantear una puja distributiva entre los adultos mayores y los niños. Por diversas razones, estos argumentos han desarrollado raíces muy potentes, al punto que en el Uruguay de hoy no hay seminario, mesa redonda, congreso o actividad en la que luego de cualquier referencia a la situación objetiva e inocultable de inequidad intergeneracional no se alce la voz del “sentido común” y lo “políticamente correcto” para señalar los peligros que se derivarían de intentar pensar políticas que corrijan tal situación. Con mucha frecuencia estas advertencias toman la forma de “rezongos” dirgidos a quienes estamos interesados en la cuestión de la inequidad intergeneracional. Esto nos ha pasado investigando sobre la pobreza infantil y, paradójicamente, también nos ha pasado al investigar sobre el bienestar en la vejez. Llamativamente, con frecuencia estos argumentos nos han dejado “sin libreto” y pocas veces hemos logrado debatirlos y rebatirlos públicamente.


Hay que decir que estos planteos son, en parte, entendibles, e incluso podrían llegar a ser compartibles en otro nivel de discusión (o en otro país! quizá en otro tiempo!), pero al “colarse” en el debate actual sobre la inequidad intergeneracional uruguaya no sólo no aportan nada, sino que confunden y, sobre todo, llevan a una desesperante inacción. Por todo ello, entonces, traigo y discuto aquí algunos de los tantos argumentos que he escuchado en estos últimos años.


“La infancia es muy importante, pero no se puede quitar a los viejos para dar a los niños, eso es desvestir un santo para vestir a otro”, Ah, ¿no se puede? Bueno, de eso se trataba, en parte, la idea de “recalibrar”, reorientar, repensar el gasto y la matriz de protección para todas las generaciones, y ver si hay alguna forma de proteger un poco más y mejor a los sectores que están más desprotegidos. Obviamente que esto no quiere decir que mañana reducimos las jubilaciones a la mitad y pasado ponemos esa misma plata en escuelas de tiempo completo, es decir, sacarle beneficios a los adultos mayores de HOY para dárselos a los niños de HOY. Aunque claro, esto sí significa avanzar hacia una mejor distribución entre generaciones en el tiempo, resolviendo donde poner los nuevos recursos. Y sí significa mayor coherencia interna y un rumbo claro a decisiones que día a día se toman en nuestro país, que afectan al gasto público, a la inversión social y, en definitiva, a profundizar o reducir la inequidad intergeneracional. Porque hay que tener claro que, aunque no se explicite claramente, cuando se resuelve priorizar la inclusión de los jubilados en el FONASA y no la de los hijos de trabajadores informales o de los desempleados, se están tomando opciones, que favorecen a unas generaciones frente a otras. Esto sí afecta, por cierto a los niños, los trabajdores informales, los desempleados de HOY; afecta también a los de mañana y a los de dentro de diez años. El debate sobre la inequidad intergeneracional busca, al menos, abrir la posibilidad de discutir y evaluar mejor estas opciones que parecen tan naturales y se dan tan por sentado en el Uruguay. Opciones que visten con mayor frecuencia a un santo y dejan sistemáticamente a otro desnudo.


“Hay que partir de un enfoque de derechos, y eso implica que todos tienen derechos, no sólo los niños, los adultos mayores también”, Bien, de acuerdo con que los derechos (adquiridos) de los adultos mayores no se pueden vulnerar, porque todos tenemos derechos y ellos también. Pero, ¿qué pasa con los derechos NO adquiridos de los niños, los adolescentes y los jóvenes? Es cierto que el discurso sobre derechos ha “prendido” mucho más en relación a las generaciones más jóvenes, de esto suelen quejarse algunos…¿Por qué será?. Pero recordemos, aunque los discursos ayudan a construir conciencia, no son más que discursos. La verdadera apuesta por un enfoque de derechos se ve en la cancha, es decir, en las políticas y en sus resultados, y mientras siga habiendo casi cuatro de cada diez niños de 0 a 6 años viviendo bajo la línea de pobreza, superar la fase discursiva del asunto no es una opción, sino una obligación.


“Estamos en contra del “edadismo” y de quienes dicen que llegó la hora de dejar de lado a los viejos y ocuparse de otros sectores sociales”. Plantear la cuestión en estos términos es sencillamente inconducente y absurdo. Ahora bien, no hay que olvidar: reorientación significa redistribución, estar dispuestos a cambiar el rumbo y, si es necesario, considerar la posibilidad, en el mediano y largo plazo, de modificar algunos derechos adquiridos para garantizar algunos no adquiridos. Significa darnos aunque sea la opción de pensar que lo que tenemos no es lo mejor, o es peor de lo que creíamos que era, o era bueno antes pero ahora no nos sirve tanto..En fin, romper mínimamente la frontera de la reflexión y plantearnos, con la profundidad y seriedad que corresponde, hacia donde queremos ir y como querríamos hacerlo.


“No estamos de acuerdo con la falsa oposición que se ha intentado plantear entre los viejos y los niños/jóvenes”, No, claro, yo tampoco!, menos aún cuando pienso que fui niña y adolescente, soy una mujer adulta y en algún momento seré vieja, y necesitaré de los apoyos del sistema de protección, tener una jubilación o una pensión, tener acceso a servicios de salud. Menos aún cuando pienso en el bienestar de mis hijos de 1 y 4 años, en las oportunidades educativas de mis sobrinos de 12 y 9 años, en las jubilaciones de mis recientemente jubilados padres de 65 años, y en los innumerables quebrantos y necesidades de atención médica de mis suegros de 86 y casi 90 años. Pero es importante recordar que, a la hora de abrir una discusión de este tipo, aún cuando la pensemos en el tiempo, la tendencia natural de los actores a defender los intereses que HOY tienen puede conducirnos a un debate pobre y extremadamente limitado, sobre todo porque HOY algunos tienen derechos garantizados y otros no. Entonces, de acuerdo con que la oposición entre generaciones planteada en los términos en que suele plantearse es falsa. Lo que no es falso, en absoluto, es que las opciones de protección que el país ha hecho -y todavía sigue haciendo en varios planos- desde que construyó su matriz básica de bienestar ya no protegen a todos por igual, mejor dicho, ya no protegen a todos.


Creo que “ya estuvo” de estos argumentos tan “políticamente correctos”, tan responsables de limitar y empobrecer el debate sobre la inequidad intergeneracional, y que sin hacerse cargo contribuyen a vestir siempre a los mismos santos.

Los Desinformantes


Primer Acto: Un Ministro del Interior divulga datos sobre la actividad delictiva en el Uruguay, que no condicen inicialmente con lo que los técnicos de su propio Ministerio le indicaban. Los técnicos no son consultados, y las fuentes de la información parecen ser diversas. Segundo Acto: El funcionario a cargo de realizar, entre otras cosas, las estadísticas sobre el delito renuncia. Tercer Acto: La oposición acusa de manipular cifras al gobierno. Cuarto acto:La oposición utiliza los datos del Ministerio y “otras fuentes” para justificar una campaña de rebajar la edad imputabilidad, en medio de críticas de ONG´s que afirman que no son ciertos. Parece una comedia de enredos italiana, de esas que marean, hacen cómplice al espectador y tienen finales inesperados. Lamentablemente, es la manera en que la información pública se usa en Uruguay.
En el Primer Acto vemos un Ministro que evidentemente no se comunica bien con parte de su Ministerio, un fenómeno usual en gobiernos que recién asumen, y en países que no tienen una tradición de servicio público independiente de la política partidaria. Entendible, pero no explica cómo el Ministro o sus fuentes construyeron sus datos, y además no existen al menos detalles disponibles en línea sobre información geográfica. ¿Para qué se necesita esa información, de preferencia en formatos reusables? Bueno, para hacer cosas así. Al menos así se sabe de cuantos delitos hablamos, y de que clase, y podemos contrastarlos con otros datos. Los países que tienen claro como se procesa y libera información pública (que igual no son muchos) la ponen a disposición de sus ciudadanos para que estos la usen. De esta forma las sospechas sobre como se obtienen al menos de disipan.

El Segundo Acto no es medular a la trama, sino un lugar común en las relaciones políticos y técnicos en Uruguay. El Tercer Acto, es más interesante. Finalmente, la oposición despierta y lanza sus “perros de ataque” sobre el Ministro. Se acusa al gobierno de manipular la información y de falta de transparencia. Nobleza obliga reconocerle a la oposición algo: el Estado uruguayo no tiene una gran tendencia a la transparencia, y a duras penas los organismos públicos (incluido el del Ministro en cuestión) vienen cumpliendo parcialmente con la Ley de Acceso a la Información Pública que aprobó el gobierno anterior. Sin embargo tras lanzar esas duras acusaciones, todo queda en la nada. Aquí, los polítologos podrán abrir debates interminables sobre instituciones de gobierno ( responsabilidad ministerial), el rol de las instituciones de accountability horizontal y porque nó, “la cultura política” último refugio para explicar todo y nada a la vez. Todas pueden ser explicaciones validas, pero el hecho sigue incambiado: al Ministro le dijeron mentiroso, el Ministro no dió más información y no hubo mayores consecuencias. Y por supuesto, no es la primera vez que pasa en la historia del país.

En el Cuarto Acto, vemos un giro dramático : el juego se torna peligroso y la oposición utiliza las cifras dadas por el Ministro para su propia campaña de rebajar la edad de imputabilidad. También hay cifras propias “estimadas”, aunque nada de esto es “transparente”. Las cifras son a su vez cuestionadas por otros actores en base a datos que provienen del Poder Judicial. La campaña se lanza,y un tema central en el relacionamiento entre generaciones en Uruguay, términa siendo debatido sobre cifras que no se sabe a ciencia cierta de donde salen. Sacando algunas cosas que hacen directamente al tema (oportunismo electoral para movilizar la fuerza partidaria en épocas de “cuarteles de invierno”, groseras inconsistencias entre la visión de derechos y deberes de los individuos en una sociedad, asalto a los principios básicos del derecho penal liberal y un largo etc), el problema más de “forma” que el Acto Cuatro le plantea al espectador es que ya no sabe que creer. Es lo que un académico inglés llama una visión “fatalista” de la transparencia y la rendición de cuentas. Nada importa, o si importa, importa poco.

El final es preocupante. Por un lado uno podría pensar que en el fondo no importa la información pública, y tener un Estado que tenga un marco institucional adecuado para proveerla, pues finalmente los debates son caóticos siempre. Nunca habrá información suficiente y a la gente no le interesa. Nadie tiene tiempo para ser un ciudadano “activo” estos días. Por otro lado uno podría pensar que la información pública, en manos de quienes sepan interpretarla, puede crear sinergías y nuevas formas de hacer las cosas, que ahorran tiempo al debate, y que permiten a la ciudadanía tomar decisiones con más precisión y certeza. Reducir la asimetría de información que le dicen (Stiglitz, 2002), entre quienes detentan los datos y los que no. Los medio electrónicos allanan el camino, pero aún así, las decisiones últimas son procesos políticos decididos por seres humanos, y es ahí, donde queda mucha tela para cortar. Tal vez llegue el día en que podamos debatir sobre datos ciertos, y con menos demagogia. Tal vez llegue el día en que la ciudadania penalice estos comportamientos, o los devuelva a su lugar natural: un circo.

  • Hood, C. Accountability and Transparency: Siamese Twins, Matching Parts or Awkward Couple? West European Politics 33 (5): 989-1009 September 2010.
  • Joseph Stiglitz (2002). "Transparency in Government." In The Right to Tell: The Role of Mass Media in Economic Development, ed. Roumeen Islam, 27. Washington, D.C.: The World Bank

*La foto fue tomada por el autor en el centro de la ciudad de Luxemburgo, en la plaza del Teatro.

Comportamiento humano y políticas redistributivas


Para John Rawls, cuya obra ha tenido profunda influencia en la forma de pensar los problemas distributivos en las sociedades contemporáneas, hay desigualdades que están justificadas si hacen que quienes están peor en la sociedad estén mejor de lo que estarían si la desigualdad fuera eliminada. Las políticas redistributivas que debilitan los incentivos de los individuos más productivos a invertir y esforzarse, y por ello terminan empeorando la situación de los más pobres, carecen de justificativo moral. Este es el llamado principio de la diferencia de Rawls.
Muchos han sostenido que, en virtud de la aplicación de dicho principio, la teoría de Rawls es insuficientemente igualitaria. Por ejemplo, el recientemente fallecido filósofo socialista Gerald Cohen ha señalado que los principios de justicia deben aplicarse no sólo a las instituciones básicas de la sociedad sino también a las prácticas personales. Una sociedad justa no es alcanzable sin individuos comprometidos con la igualdad y la solidaridad hacia los demás en la vida cotidiana. [1]
El principio de la diferencia de Rawls le resulta bastante simpático a los economistas, que tradicionalmente pensaron que distribución y eficiencia económica eran objetivos contrapropuestos. Por el contrario, el argumento de Cohen les resulta por demás extraño, dado que durante largo tiempo la maximización egoísta fue el supuesto de comportamiento individual absolutamente hegemónico entre los economistas.
Pero el tipo de motivaciones personales que reclama Cohen no hay que inventarlas. Hoy sabemos que integran el repertorio motivacional de todas las personas. Últimamente, los economistas se han esforzado por dotar de mayor realismo psicológico a su trabajo. De acuerdo a estos estudios, el ser humano responde a un amplio conjunto de motivaciones, incluyendo los comportamientos egoístas pero también las denominadas preferencias sociales. Lo interesante es que las motivaciones no auto-interesadas son perfectamente compatibles con los modelos de elección racional que los economistas tradicionalmente han utilizado. Racionalidad y egoísmo no son la misma cosa.
Las preferencias sociales son un rótulo para designar diversas predisposiciones cooperativas, altruistas y la adhesión a normas sociales y de reciprocidad que aparecen como regularidades comportamentales en diversos estudios experimentales. También se ha mostrado que las personas rechazan la desigualdad en variados contextos o, dicho de otra forma, tienen preferencias respecto a la distribución final de los resultados. Finalmente, parece bastante claro que cuando la “distancia social” entre los individuos aumenta y la comunicación entre los mismos es baja los niveles de cooperación y de generosidad hacia “el otro” disminuyen.
¿Qué tiene que ver esto con el debate sobre políticas redistributivas? Quienes aspiramos a construir una sociedad radicalmente igualitaria enfrentamos dos tipos de restricciones. La primera es económica. Toda política redistributiva debe ser compatible con el mantenimiento de una tasa de crecimiento económico elevada, al menos en las condiciones de países como Uruguay. Esto implica prestar atención a posibles incentivos adversos generados por las políticas. La segunda restricción es política. Las propuestas de reducción de la desigualdad deben ser capaces de generar el apoyo de coaliciones sociales amplias y duraderas que logren expresarse exitosamente en la competencia electoral.
Este mayor conocimiento sobre las bases motivacionales del comportamiento de las personas tiene implicancias directas para entender la naturaleza, el alcance real y la posibilidad de relajar estos dos tipos de restricciones. Esto es fundamental ya que muchos comienzan a creer equivocadamente que las restricciones (a las que se esta más expuesto cuando se gobierna) determinan el nivel de igualdad al que debemos aspirar.
Me limito a comentar tres implicancias en lo atinente a la viabilidad política de las políticas redistributivas. Primero, los estudios comentados ayudan a entender por qué algunas políticas son más apoyadas que otras. Por ejemplo, la resistencia de una parte de la población al PANES en Uruguay, reflejada en su momento en algunas encuestas de opinión pública, fue interpretada por muchos como una manifestación del avance de la ideología anti-igualitarista y de la erosión de valores solidarios. Yo mismo interpreté los datos de esa forma, pero hoy tiendo a pensar algo diferente. Creo que las políticas incondicionales de transferencias de ingresos dirigidas a beneficiar a “adultos responsables” son resistidas porque entran en conflicto con el principio de reciprocidad, el cuál parece ser una motivación humana ampliamente documentada. La gente esta dispuesta a cooperar con quienes cooperan y a penalizar, incluso asumiendo costos personales, a quienes no lo hacen. Esta perspectiva puede ser válida para entender la desaprobación a programas hiper-focalizados como el PANES pero también para entender por qué propuestas como la Renta Básica no logran en muchos casos ganar adeptos más allá de círculos intelectuales bastante estrechos.
Otro ejemplo de Uruguay es el recientemente anunciado plan de Compromiso Educativo que proyecta pagar una suma de dinero a jóvenes en riesgo de desvinculación del liceo. Me detengo en un aspecto particular. El carácter focalizado del plan y las contrapartidas laxas que aparentemente se exigirían (asistencia al centro educativo) podría generar patrones de desaprobación similares a los del PANES. Asimismo, no deberían descartarse efectos comportamentales no deseados en quienes no reciben el incentivo económico. Si una proporción no despreciable de jóvenes estudia “por el gusto de estudiar”, la introducción de incentivos materiales en el sistema puede desplazar este tipo de motivaciones y potencialmente empeorar el desempeño de estos estudiantes. De hecho, hay bastante evidencia de que cuando las personas consideran intrínsicamente valiosa determinada tarea la introducción de incentivos monetarios puede ser contraproducente. Las políticas de becas (que implican exigencias transparentes en términos de aprobación de materias) largamente aplicadas en la Universidad de la República y financiadas con impuestos a los profesionales parecen tener aprobación tanto de quienes las pagan como de los estudiantes que no califican para cobrarlas. Tal vez esto obedezca a que su diseño respeta en mayor medida las normas de reciprocidad antes comentadas. Esta nueva iniciativa es bienvenida porque Uruguay necesita urgentemente implementar políticas de incentivo a la demanda educativa, pero su diseño debe pensarse adecuadamente.
Segundo, las políticas de igualación de oportunidades pueden recibir mayor apoyo que las políticas de igualación de resultados. Las políticas de igualación de oportunidades tienden a reunir mayor consenso porque son compatibles con una noción intuitiva de justicia que la mayoría de las personas tiene. La educación y otras políticas de redistribución de activos (entrega de tierras a pequeños productores, crédito a cooperativas de trabajadores, etc.) pueden tener amplio apoyo porque generan condiciones de equidad a partir de las cuáles las personas pueden hacerse responsables por los resultados de sus acciones. Las políticas de igualación de resultados generan mayor ruido dado que resulta menos transparente determinar qué parte de los resultados obtenidos son responsabilidad de la persona y cuáles obedecen a circunstancias ajenas a su control.
Tercero, cuando la distancia social entre diferentes grupos y personas tiende a aumentar la implementación de políticas redistributivas puede ser más difícil. La efectividad de las preferencias sociales para asegurar mayores niveles de redistribución depende de que los individuos se sientan parte “del mismo barco”. Esto no es menor para Uruguay donde se observan notorios signos de segregación socioeconómica.
En definitiva, estos estudios son importantes porque muestran que muchas políticas redistributivas tiene un amplio anclaje en predisposiciones cooperativas naturales de las personas. No siempre la resistencia a algunas políticas redistributivas debería interpretarse como expresión pura y dura de avance del egoísmo. También podría ser que en el diseño de algunas políticas no estamos dando en el clavo con las bases motivacionales que llevan a las personas a ser solidarias y cooperar con otras.[2]



[1] La referencia clásica de Cohen sobre este punto es “Incentives, Inequality and Community”, publicado en 1992.
[2] La foto no es mía, es de Valentina Costantini. Tampoco nada de lo dicho es muy original. Algunas implicancias de los resultados de la economía comportamental para las políticas redistributivas son discutidas por Bowles y Gintis (1998) en “Recasting Egalitarianism” y Bowles, Gintis y Fong (2003) en “Reciprocity, Self-interest, and the Welfare State”. La crítica a la propuesta de Renta Básica en términos de violación de normas de reciprocidad ha sido formulada por Jon Elster en varios artículos.

El compromiso educativo es de todos

 
Varias investigaciones dan cuenta de la necesidad de considerar al ámbito familiar, social (grupos de referencia) e institucional, para enfrentar la deserción como un problema multidimensional. El “Compromiso Educativo”, a cargo del Ministerio de Educación y Cultura, tiene un abordaje de este tipo. Por un lado, se le da protagonismo a la familia y al adolescente, para que junto al centro educativo, definan un contrato del cual se hacen responsables. Esto evita políticas paternalistas en que se asume al joven como un beneficiario y no como un ciudadano con derechos. Por otro lado, se le ofrece al joven un ingreso magro (que puede reducir el costo de oportunidad de trabajar a tiempo completo, por ejemplo), y apoyo psico-social a través de tutores voluntarios que proveen al joven de un marco de referencia y modelos de rol. Son escasas las políticas como ésta que asumen las sugerencias ofrecidas por varias investigaciones realizadas en las últimas décadas. Y sin embargo, lo que se le critica es que no haya contrapartidas establecidas. Las contrapartidas se establecerán entre los jóvenes, las familias y el centro educativo. No serán contrapartidas generales, que no se adecúen a la realidad particular de ningún adolescente ni centro educativo. Serán contrapartidas específicas definidas entre ciudadanos, como quien escribe, como quien lee y como quien recibe las becas.
Tal vez en vez de continuar criticando y buscando fallas en una nueva propuesta que procura facilitar la transición a Segundo Ciclo y la completitud de Secundaria, podríamos pensar en mecanismos de evaluación de la propuesta, para mejorarla de ser necesario, en base a resultados concretos.
Por supuesto que estas becas no serán de por sí suficientes para reducir la deserción. Claramente se requieren de mejoras en la oferta educativa. Pero esta política, junto a otras ya en práctica, podría dar resultados en el mediano plazo. Y, como sabemos, ya no hay tiempo que perder. Se requiere de un compromiso de todos para mejorar la preocupante situación educativa en nuestro país. DE TODOS.

Como Senador con metralleta: efectivos militares y seguridad ciudadana


El viernes 25 de febrero Oscar Botinelli presentó en El Espectador una encuesta de opinión mostrando que la mayoría de los uruguayos (57%, para ser exactos) entiende que la seguridad pública “está mal o muy mal”. Una semana después el Senador Jorge Saravia (Espacio 609/FA) realizó públicamente varias propuestas tendientes a mejorar esa situación, todas ellas con un elemento en común: aumentar el involucramiento de las FF.AA. en la implementación de la política de seguridad pública. Mi intención aquí es analizar una de estas propuestas y mostrar que, aun considerando versiones estilizadas (o incluso abiertamente mejoradas) de los argumentos del Senador, la medida no permitiría alcanzar sus objetivos declarados.

Saravia parte del diagnóstico de que organizaciones delictivas con fuertes conexiones internacionales (fundamentalmente traficantes de drogas y armas) se instalan en zonas con alto porcentaje de la población en conflicto con la ley (él habla en general de “asentamientos”) para mejor hacer sus negocios.

Aunque el Senador no lo explicita claramente, esto deteriora la seguridad pública al menos en dos niveles. Por un lado, el crimen organizado generalmente trae aparejado un incremento del lavado de activos en el país y de los intentos de corrupción del aparato estatal y el sistema político, a los que intenta “colonizar” como forma de asegurar la continuidad de sus negocios. Por otro, aumentan los delitos “comunes” asociados a su actividad y en particular la población de esas “zonas rojas” es muchas veces obligada o tentada a ser cómplice de su accionar.

Ante esa situación Saravia propone que efectivos de las FF.AA., uniformados pero desarmados, entren temporalmente a los asentamientos para colaborar en la implementación de políticas que mejoren la calidad de vida de los habitantes: recreación, salud, educación, limpieza, infraestructura vial, etc. La represión del delito seguiría a cargo de la Policía. Según el Senador, la presencia de los militares, aún desarmados y sin involucrarse directamente en la represión del crimen, dificultaría la tarea de las organizaciones criminales, les quitaría apoyo de la población del lugar y haría sentir más seguros a “los trabajadores” del barrio[1].

Saravia afirma que las FF.AA. uruguayas están mejor capacitadas que cualquier otro organismo público para realizar estas tareas porque tienen oficiales formados en “sociología, psicología e incluso medicina…”, así como equipos y maquinaria adecuada para realizar pequeñas obras. Pero sobre todo, porque ya desarrollan exitosamente este tipo de funciones en las misiones de paz de ONU. “…la propia presencia de las fuerzas de ONU ha impedido que bandas armadas ataquen el lugar, y han desarmado bandas armadas sin tirar un tiro”, dice orgulloso.

Sin embargo, el argumento exhibe varios flancos débiles. En primer lugar, Saravia no explica y yo no logro imaginarme exactamente cómo la presencia masiva de militares desarmados y que legalmente no están autorizados a usar la fuerza en situaciones cotidianas cambiaría en algo la actitud de los “…narcos de 13 y 14 años armados con pistolas automáticas…” que en su opinión dominan el barrio Marconi. Más bien tiendo a pensar, al igual que el Ministro Bonomi, que los uniformes camuflados podrían convertirse en blancos de tiro.

En segundo lugar, tampoco explica cómo es que la presencia de militares desarmados y no involucrados en la prevención y represión del delito complicaría los negocios del crimen organizado en Uruguay. En el mejor de los casos, bastaría con que los delincuentes fueran un poco más discretos en sus movimientos dentro del barrio. En el peor, los obligaría a corromper al personal militar desplegado en su zona. Y un militar corrupto puede ser más peligroso que un policía corrupto, entre otros motivos, porque puede lograr acceso a armas de alto poder. Los arsenales militares son una de las principales fuentes de abastecimiento de los traficantes de armas que operan en América del Sur y Uruguay no es la excepción.

Otra variante de esta política, que Saravia rechaza en esta oportunidad, sería la de que los militares entraran a los asentamientos armados y se involucraran directamente en la represión del delito. Según el ex vicepresidente Luis Hierro López, la misma fue ensayada en 1998 pero tuvo que discontinuarse porque el Parlamento no aprobó los cambios requeridos para que la medida fuese legal (Citado por Emiliano Cotelo en la entrevista al Ministro Bonomi).

Pero esta variante es igualmente desaconsejable. La Policía está (o debería estar) equipada y entrenada para prevenir delitos o interrumpirlos siguiendo al mismo tiempo códigos de procedimiento que garantizan los derechos individuales de los potenciales delincuentes, sus familias, vecinos, etc. Los militares, por el contrario, están entrenados y equipados para hacer un uso mucho más discrecional y contundente de la fuerza. Incluso considerando la escasa formación que en general recibe el personal subalterno de la policía uruguaya, esa diferencia nunca puede ser minimizada. La experiencia internacional es clara en este sentido.
En suma, los argumentos de Saravia tienen inconsistencias serias. El despliegue de militares en “zonas rojas”, armados o desarmados, no es una solución válida para el problema del crimen organizado ni de la delincuencia ciudadana común. Afortunadamente, tanto la oposición como el gobierno rechazaron la propuesta rápida y abiertamente.




[1] Nótese que la idea se parece mucho al concepto utilizado en campañas antisubversivas del Sudeste asiático y América Latina, consistente en poner a las FF.AA. a desarrollar políticas sociales en territorios donde operaban movimientos rebeldes, para restarles apoyo popular y dificultar su accionar. 
** La foto fue tomada de: http://www.ejercito.mil.uy/apoyo.htm

IMESI a automotores: efectos económicos y sociales


A partir del pasado 1º de enero el gobierno redujo la tasa de 30% de IMESI (Impuesto Específico Interno) para automóviles de baja cilindrada y ajustó al alza la alícuota para aquellos de mayor cilindrada. La modificación tributaria tiene sentido por cuanto pretende estimular la compra de autos de menor consumo de combustible. En el marco del renovado interés por revisar la estructura tributaria, vale la pena reflexionar sobre los efectos económicos y sociales que supondría modificar la política del IMESI.
Según el último informe de DGI, durante 2010 (año récord de ventas de autos 0 km) la contribución por este rubro de IMESI fue sólo el 1,5% de la recaudación total. Esto sugiere que para un período representativo la misma sería menor al 1%, representando apenas 0,5 puntos de IVA. Para juzgar su rol dentro de la estructura tributaria deben ponderarse los costos y distorsiones que se asume al recaudar este tributo.
El IMESI no sólo incide directamente sobre el precio de los vehículos 0 km, sino también indirectamente sobre el precio de los autos usados, al cual se traslada inevitablemente el tributo. Es decir, el IMESI no lo pago yo cuando compro un 0km, sino que lo traslado a quien me compra el auto dentro de unos años, por un valor apenas menor y se lo queda por un periodo prolongado de tiempo. Desde el punto de vista del bienestar general este impuesto pierde su efecto redistributivo tanto en forma directa (quien lo paga) como indirecta (elevando el costo del bienestar para los sectores medios).
Una eventual reducción del IMESI aumentaría la demanda de vehículos, junto con lo cual se ampliaría la base de recaudación de IVA y aranceles. De este modo, cada peso que se resigne de IMESI disminuirá menos que proporcionalmente los ingresos tributarios totales. Dicho sacrificio fiscal permitirá abaratar los vehículos nuevos y usados, mejorar la calidad del parque automotor y le dará accesibilidad a un conjunto más amplio de familias. Otro efecto sobre el que parece razonable especular es la sustitución de gran parte del parque de motocicletas por el de automóviles, aliviando el problema de accidentes de transito y al mismo tiempo bajando la tasa de lesiones graves y muertes (mas frecuente en accidentes en motocicleta).
Si históricamente se han considerado los automóviles como `bienes suntuarios`, este no es el caso en la actualidad. La estructura impositiva que ha recaído sobre el sector es en buena medida responsable de un parque automotor muy caro (en términos absolutos y relativos), envejecido y con escasa penetración de unidades que incorporen medidas de seguridad estándar, incluso, respecto a países de similar desarrollo relativo. Reduciendo o eliminando el IMESI, permitiría en un futuro al Estado hacer obligatorio el equipamiento de unidades 0km con airbags y frenos ABS, como sucede en el mundo desarrollado (EEUU y Europa). Esta medida tendría un efecto en el mediano plazo, no sobre el numero de accidentes, pero si sobre la gravedad de sus consecuencias para la vida humana.
Juan Bogliaccini y Diego Gianelli

Juntos, pero separado del resto


¿De qué cuestiones asociadas al bienestar de la población debe ocuparse el Estado? A muy grandes rasgos, las distintas respuestas a esta pregunta han ido delimitando las instituciones y políticas que hoy conocemos como matriz de bienestar. En las últimas décadas, ante el aumento de la pobreza y la exclusión social entre otras cosas, esta matriz de bienestar debió comenzar a ser complementada por iniciativas públicas que se ocuparan de la “protección social”, es decir: de garantizar niveles mínimos de renta y de servicios que le permitan a dichos colectivos vulnerables acceder a las prestaciones “tradicionales” para que adquieran las capacidades necesarias para evitar situaciones de exclusión social y económica.

Definidas estas responsabilidades públicas aunque sea de forma escolar, la pregunta que sigue bien podría ser “¿Cómo debe afrontar el Estado estas tareas?”. A un año de iniciado el segundo gobierno del Frente Amplio, y mientras comienzan a reproducirse un sinfín de evaluaciones y recuentos del primer año de Mujica como Presidente, me gustaría detenerme brevemente en su supuesto “buque insignia” en materia social: el Plan Juntos, y contrastarla con la respuesta desarrollada por el gobierno anterior.

Intentemos olvidar por un momento que nadie – incluidos muchos miembros del gobierno – terminan por entender en qué consiste dicho plan, y que la estrategia de comunicación ha sido, quizás deliberadamente, muy pobre y escasa. Si lo logramos, más o menos podemos decir que con esta iniciativa se pretende otorgar soluciones socio-habitacionales a la población vulnerable, pero sin limitar su alcance a la vivienda en sí, sino abordar de forma integral las problemáticas de las familias a partir de la coordinación con las políticas de salud y educación entre otras. En cuanto a su organización y financiamiento, la dirección de dicha iniciativa está ubicada en una oficina pegada al despacho del Presidente, y hasta ahora la gran parte de sus recursos proviene de donaciones de privados, ya que la partida presupuestal destinada a esta política recién aprobada ha sido poco significativa.

Claramente esta respuesta política a un problema estructural del país tiene gusto a poco, pero quizás lo más preocupante pasa justamente por el cómo se ha ido planteando la misma. Recordemos que el contexto institucional en el que se inscribe la iniciativa es muy diferente al panorama que existía en los noventa: principalmente porque ahora existe algo que se llama Ministerio de Desarrollo Social, que más allá de los problemas de funcionamiento y de rumbo que pueda tener, tiene dentro de sus principales objetivos liderar e incluso coordinar las políticas públicas destinadas justamente a la población en situación de vulnerabilidad, y que pudo implementar con relativo éxito el Plan de Emergencia. Es decir, que en vez de aprovechar las capacidades instaladas por un gobierno de su propio partido, la opción elegida fue la de reproducir viejas prácticas de “by pass”, pero que a diferencia del Plan Ceibal por ejemplo, no ha servido ni para saltear estructuras anquilosadas – como puede ser el gobierno de la Educación – ni para acelerar su implementación – como mencionaba anteriormente todavía no está claro qué acciones ni en qué lugares se empezarán a construir.

Para cerrar, más allá del futuro éxito o fracaso de la política concreta o incluso de visiones más o menos institucionalistas, las preocupaciones que me gustaría dejar planteadas están relacionadas con la dificultad para la construcción de una estrategia de desarrollo – en este caso social pero que se puede trasladar a otras áreas – de un partido político cuando una administración nueva ignora de forma tan flagrante el camino transitado por sus predecesores en materias en las que a priori existe cierta unanimidad a la interna. En segundo lugar, preocupa que una responsabilidad esencial del Estado se deje librada a la “buena voluntad” de la ciudadanía, a impulsos individuales y a esa lógica del “vamo y vamo”.



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