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| Fotografía cedida por autor (G.Vizziano) |
La crisis actual, generada por la pandemia del nuevo coronavirus (COVID-19), ha puesto de relieve desigualdades estructurales de nuestra sociedad. Distintas agrupaciones han llamado la atención en las últimas semanas sobre problemáticas específicas como la violencia de género, las personas en situación de calle, la seguridad alimentaria de niños, niñas y adolescentes, la situación de las trabajadoras sexuales y de personas en contextos de encierro. La exacerbación de estas desigualdades rompe con algunas miopías. Tanto es así, que las máximas autoridades del país se mostraron sorprendidas al encontrarse con que un 25% de la población trabajadora no aporta a la seguridad social y se encuentra, por tanto, desprotegida.
Lo cierto es que la estructura del mercado laboral en Uruguay, al igual que en el resto de los países de la región, ha contado históricamente con un amplio número de trabajadores informales. De hecho, las cifras actuales dan cuenta de un proceso de disminución de este fenómeno (se reduce 16 puntos porcentuales entre 2004 y 2019), que posiciona a Uruguay como el país más formal en América Latina, según datos de la OIT. Aun así, no deja de ser una problemática atendible de altísima prioridad, ya que se traduce en 404.500 trabajadoras y trabajadores uruguayos que no cuentan con acceso a protección social.
La crisis actual no es simplemente económica, sino que viene acarreada por una situación de emergencia sanitaria que exige distancia y aislamiento social. Estas particularidades limitan las posibilidades de la actividad del trabajo informal, exacerbando así su situación de vulnerabilidad social y económica. En este marco, el objetivo de esta columna es aportar datos para el debate sobre la elaboración de políticas públicas orientadas hacia los trabajadores informales en el contexto actual.
Informalidad y actividad económica
La informalidad caracteriza a los mercados laborales de América Latina. Actualmente, alrededor de un 50% de los trabajadores de la región depende de la economía informal para su subsistencia y no cuenta con cobertura de protección social (OIT). En la academia se debate entre teorías institucionalistas y estructurales para explicar los orígenes del fenómeno. Las primeras explican el origen de la informalidad en la excesiva regulación del mercado laboral (De Soto, 1987). Las segundas, por su parte, sostienen una visión dualista del mercado laboral, donde la informalidad es producto del exceso de la oferta de trabajadores que quedan excluidos de un mercado formal rígido que cuenta con un número limitado de puestos de trabajo.
En línea con esta segunda postura, la literatura ha alcanzado cierto consenso sobre la naturaleza contracíclica de la informalidad en la región. Es decir, tiende a expandirse en momentos de recesión, operando como una red de seguridad para aquellos trabajadores que quedan cesantes de sus empleos formales o que ven reducidos sus ingresos de forma considerable (Tokman, 2010).[i] Uruguay no es la excepción. Las investigaciones sobre nuestro país indican, en general, una correlación negativa entre el tamaño del sector informal y el nivel de actividad económica (Amarante y Gómez, 2016).[ii]
Desde el retorno a la democracia hasta fines de la década de los 90’, la informalidad en Uruguay muestra cierta estabilidad alrededor del 35% (Maillot, 2017). En la entrada al siglo XXI, pautada por la crisis económica del 2002, la informalidad reacciona en forma contracíclica alcanzando un valor máximo de 41,5% en el año 2004. Posteriormente los niveles de informalidad emprenden un camino de descenso al tiempo que la economía se reactiva y comienza el período de mayor crecimiento del país. Esta disminución del sector informal no solo se explica por la actividad económica, sino que los esfuerzos específicos de las políticas de formalización durante los gobiernos del Frente Amplio son relevantes para entender la intensidad de la caída de la tasa de informalidad (Pribble, 2013; OIT, 2014). Los datos de la Encuesta Continua de Hogares (ECH) del año 2019 indican que actualmente un 24,8% de la población que trabaja no realiza aportes a la seguridad social[iii].
Informalidad en tiempos de distancia social
En el marco de la crisis sanitaria actual, las medidas de aislamiento y distancia social impactan sobre las posibilidades de desarrollar determinadas actividades laborales que requieren del contacto físico y no se resuelven con el teletrabajo. Estas limitantes son particularmente pronunciadas para el sector informal que: (1) no tiene cobertura de protección social por lo que necesita de su trabajo diario para su subsistencia, y (2) concentra la mayor cantidad de actividades laborales que se ven afectadas por las medidas de confinamiento. En este sentido, también se ve limitada la capacidad del sector informal de absorber el desempleo, como lo ha hecho en el pasado.
De manera de contar con una primera aproximación sobre las posibilidades de trabajo durante la aplicación de medidas de confinamiento, recurrimos a los datos de la Red de Información Ocupacional desarrollada por el Departamento de Empleo de los Estados Unidos (O*NET)[iv]. Para el caso uruguayo, Capotale, Pereira y Zunino (2020) y Guntin (2020) han construido indicadores también en base a la O*NET y demostrado, en principio, que los trabajadores informales y de los percentiles de ingreso más pobres tienen menos posibilidades de realizar su trabajo a distancia.
La construcción de un indicador de posibilidad de trabajo a distancia con los datos disponibles puede tener más de un camino. En este caso, optamos por generar una medida sencilla a través de un índice que contempla una variable que observa la necesidad de proximidad física con otras personas para trabajar, y dos variables indicativas de la posibilidad de teletrabajar.[v] A partir de este índice generamos una medida que permite clasificar todas las ocupaciones de la ECH según las posibilidades de trabajar a distancia[vi].
Combinando esta medida con el indicador de informalidad construimos una tipología que busca mostrar, en forma aproximada y al menos en términos teóricos, la distribución de los trabajadores en función de si son o no informales y si pueden o no trabajar a distancia. De acuerdo con esta medida, del 25% de trabajadores informales, 17% no podrían desarrollar sus actividades a distancia, mientras que el 8% restante si[vii]. En otras palabras, el 69% de los trabajadores informales no estaría en condiciones de continuar trabajando en un contexto de distanciamiento social.
Sector del Mercado Laboral
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Total
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Informal
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Formal
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Posibilidad de Trabajo en Distancia Social
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No puede trabajar
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17%
(N=277.959)
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36%
(N=581.585)
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53%
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Puede trabajar
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8%
(N=123.346)
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39%
(N=627.667)
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47%
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Total
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25%
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75%
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100%
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Fuente: Elaboración propia en base a datos de ECH 2019 y O*NET
Sin embargo, existen factores endógenos a la vida del hogar que atraviesan los escenarios que podamos plantear en términos hipotéticos, y relativizan los resultados. Es decir, por más que por las características de la ocupación del trabajador indiquen que pueda, en teoría, trabajar a distancia desde su hogar, se necesitan otra serie de factores para que efectivamente pueda hacerlo.
Por un lado, las características de la vivienda y del hogar condicionan la posibilidad de desarrollar allí tareas productivas. Entre los trabajadores informales que podrían trabajar a distancia porque su ocupación se los permite existe una tasa de hacinamiento del 13%, la cual es significativamente mayor a la de los trabajadores formales con capacidad de trabajo a distancia (5%). De hecho, uno de cada cinco trabajadores informales con capacidad teórica de trabajo a distancia vive en hogares con al menos una NBI relativa a la vivienda, contra apenas el 6% de los trabajadores formales en situación de teletrabajar. En el mismo sentido, el 42% de los informales con posibilidad de trabajar a distancia no cuenta con conexión a internet en el hogar, y el 36% no cuenta con computadora – estos guarismos bajan a 11% y 15% respectivamente para los formales.
Por otra parte, la carga de trabajo no remunerado es una dimensión clave a tener especialmente en cuenta en el contexto actual. Con las actividades de centros educativos y de cuidado suspendidas, sumadas a la exhortación a disminuir el contacto con personas externas al hogar -que puede hacer insostenible la contratación de servicio doméstico-, los cuidados vuelven a recaer enteramente sobre las familias. En particular, a partir de la división histórica del trabajo entre géneros, la mayor parte de ese trabajo probablemente recaiga sobre las mujeres.[viii] En este marco, debe considerarse que el 35% de los trabajadores informales con posibilidad de trabajar a distancia vive con al menos un menor de 12 años en el hogar. En el caso puntual de las mujeres trabajadoras informales de las mismas características, el 41% vive con al menos un menor de 12 años en el hogar, y el 17% lo hace con más de uno. En este sentido, es necesario relativizar las categorías construidas. Las características de la ocupación son solo una parte de la historia: las barreras que las y los trabajadores informales enfrentan en la práctica para continuar trabajando y lograr sustentarse son múltiples e interactúan en forma compleja.
En definitiva, la crisis actual afecta particularmente a los trabajadores informales. Hasta el momento, algunas de las políticas implementadas por el gobierno, que están orientadas a la población vulnerable, implican a trabajadores informales con hijos (por ejemplo, duplicación, por única vez, del monto de la Tarjeta Uruguay Social y de las Asignaciones Familiares). Además, se ampliaron las canastas de alimentos para trabajadores informales no registrados en el sistema. Sobre la mesa hay otras propuestas que buscan ofrecer redes de contención para este sector de la población. A la luz de los datos aquí presentados, es menester la rápida implementación de medidas paliativas para trabajadores informales en el contexto de crisis actual, de características sin precedentes. Sin embargo, la agilidad que este contexto demanda no debe anular el debate político necesario para analizar qué políticas públicas logran cubrir efectivamente a los desprotegidos y, sobre todo, si son suficientes.
[i] Ver, por ejemplo: Loayza y Rigolini, 2006; Fiess, Fugazza y Maloney, 2010; Fernandez y Meza, 2015; Loria y Aupart, 2016. Aunque, para algunos casos específicos, se encuentra evidencia de co-movimientos entre el sector formal y algunos tipos específicos del sector informal. Además, otros autores encuentran crecimiento de la informalidad tanto en tiempos de crisis como en períodos de crecimiento económico (Gasparini y Tornarolli, 2009).
[ii] La principal excepción parece estar en los cuentapropistas con local, que responden de forma positiva al dinamismo de la economía (Amarante y Perazzo, 2013; Lanzilotta, 2009; Maillot, 2017).
[iii] Este dato se corresponde a la conceptualización de la informalidad mediante el criterio legalista. Sin embargo, tomando el criterio productivo (que mide el tamaño del sector informal, es decir, aquel sector conformado por pequeñas unidades productivas de baja productividad) un 36,8% de los trabajadores se desempeña en el sector informal en 2019.
[iv] Recientemente distintos autores han explotado estos datos para intentar caracterizar el trabajo remoto o, por el contrario, el trabajo que no puede realizarse a distancia (por ejemplo: Leibovici, Santacreu y Famiglietti, 2020; Dingel y Neiman, 2020; Mongey y Weinberg, 2020). La O*NET cuenta con más de mil descripciones ocupacionales, incluyendo variables de requerimientos, estilos y valores de trabajo, tareas realizadas, herramientas tecnológicas y contexto ocupacional. Sus bases de datos son públicas y se encuentran disponibles en: https://www.onetcenter.org/.
[v] Puntualmente, las variables seleccionadas son: proximidad física, uso de correo electrónico e independencia para desarrollar las tareas. Para detalles sobre la construcción del índice, ver repositorio web.
[vi] Los datos de O*NET, basados en el sistema de clasificación de ocupaciones SOC 2010, son compatibilizados para que apliquen al sistema de clasificación utilizado en la Encuesta Continua de Hogares (CIUO 08), bajo el supuesto (no necesariamente cierto, y por ende, con posibles sesgos) de que las ocupaciones en Uruguay tienen características similares a las ocupaciones en Estados Unidos.
[vii] Considerando las particularidades de la crisis actual y siendo la población de la tercera edad la de mayor riesgo, resulta pertinente destacar que el 57% de los trabajadores mayores a 65 años pertenecen al sector informal. De estos, el 35% se desemplea en actividades que se verían imposibilitadas por un confinamiento.
[viii] De acuerdo a la última Encuesta de Uso del Tiempo, las mujeres dedican el 65% de su tiempo al trabajo no remunerado, mientras los hombres le dedican el 28% del suyo (INE, 2013).
Referencias
- Amarante, V. y Gomez, M. (2016). “El proceso de formalización en el mercado laboral uruguayo”. CEPAL, Serie de Estudios y Perspectivas, Nº 20.
- Amarante, V. y Perazzo, I. (2013). “Trabajo por cuenta propia y monotributo en Uruguay”. Revista Internacional del Trabajo, 132(3-4), OIT.
- Capotale, Federico, Matilde Pereira, and Gonzalo Zunino (2020). “Coronavirus y las
- Vulnerabilidades de la Red de Proteccion Social en Uruguay” En blog SUMA: http://www.suma.org.uy/coronavirus-y-las-vulnerabilidades-de-la-red-de-proteccion-social-en-uruguay/
- De Soto, H. (1987) El otro sendero. Instituto Libertad y Democracia, 6ta. edición, Perú.
- Dingeland, Jonathan and Brent Neiman (2020). “How Many Jobs Can be Done at Home?” BFI White Paper.
- Fernandez, A. y Meza, F. (2015). “Informal employment and business cycles in emerging economies: the case of México”. IDB Working Paper Series No. IDB-WP-515.
- Fiess, M., Fugazza, M. y Maloney, W. (2010). Informal self-employment and macroeconomic fluctuations. Journal of Development Economics, 91 (2), pp. 211-226.
- Gasparini, L. y Tornarolli, L. (2009). “Labor Informality in Latin America and the Caribbean: patterns and trends from household surveys microdata”. Desarrollo y Sociedad, 63(13), pp. 13-80.
- Guntin, R. (2020). “Trabajo a Distancia y Contacto en Uruguay”. Disponible en: http://www.rguntin.com/other/employment_uru/employment_uru_covid.pdf
- INE (2013). Uso del tiempo y trabajo no remunerado en Uruguay 2013. UNFPA-INE-FCS-MIDES-Inmujeres.
- Lanzilotta, B. (2009). “El empleo por cuenta propia y la cobertura de seguridad social en Uruguay”. En Bertanou, F. (coord) “Trabajadores independientes y cobertura de seguridad social en América Latina”, OIT-BPS.
- Leibovici, Fernando, Ana Maria Santacreu, and Matthew Famiglietti (2020). “Social Distancing and Contact-Intensive Occupations” En St. Louis Fed Blog: https://www.stlouisfed.org/on-the-economy/2020/march/social-distancing-contact-intensive-occupations
- Loayza, N. y Rigolini, J. (2006). “Informality Trends and Cycles” World Bank Policy Research, Working Paper No. 4078.
- Loría, E. y Aupart, M. (2016). “Informalidad, productividad y crecimiento en México, 2000-2014”. CEMPE, UNAM.
- Maillot, M.F. (2017). “Informalidad y Actividad Económica en Uruguay. Una mirada de largo plazo.” Tesis de Maestria en Economía de FCEA, UdelaR.
- Mongey, Simon and Alex Weinberg (2020). “Characteristics of Workers in Low WorkFrom-Home and High Personal-Proximity Occupations”. BFI White Paper.
- OIT (2014). “Reducción del empleo informal en Uruguay: políticas y resultados”. Notas sobre formalización, FORLAC-OIT.
- Pribble, J. 2013. Welfare and party politics in Latin America. Cambridge University Press.
- Tokman V. (2010) El empleo en la crisis: Efectos y Políticas. CEPAL, División de Desarrollo Económico, Santiago de Chile.
