Inflación en Uruguay: ¿Problemas de Competencia o de Política Económica?


En materia inflacionaria Uruguay es la excepción y no la regla. Desde 2006 la inflación muestra un desvío sistemático respecto al objetivo, que ya es elevado en términos absolutos. A partir del anuncio de metas formales (2005) se ha incumplido aproximadamente un 90% del tiempo. Esto es todo un record, más aún cuando el rango objetivo se ha ajustado para evitarlo. 

El gráfico 1 muestra la performance para un conjunto de países con metas de inflación y el gráfico 2 muestra la distribución de las expectativas de inflación para el sub-grupo de economías regionales. A la luz de esta evidencia, surge la pregunta: ¿Por qué nos hemos diferenciado tanto del resto? 

Grafico 1: Cumplimiento del objetivo Inflacionario     Grafico 2: Distribucion de Expectativas
El Desvío Absoluto suma los desvíos positivos y negativos, mientras que el Sesgo los netea. La muestra considera el período completo de aplicación del régimen de Metas de Inflación en cada caso hasta setiembre 2013.


En recientes declaraciones públicas jerarcas del gobierno han apuntado a problemas de competencia para explicar el desvío inflacionario. Mi interpretación es otra y guarda relación con un sesgo monetario expansivo en un contexto de objetivos de política económica inconsistentes.

Únicamente a partir de un diagnóstico preciso será posible diseñar un curso de acción que permita una solución permanente al problema inflacionario. Por ello, en lo que sigue intentaré hacer mi aporte a la discusión.

La excusa: Falta de competencia
Si bien es evidente la relación microeconómica entre nivel de precios y competencia, la inflación es otra cosa: es el aumento persistente y generalizado de los precios. Esta no es una distinción semántica. En economías donde hay menor competencia, en general habrá mayores márgenes; pero estos no crecen en el tiempo, solo se mueven con el ciclo.

Si efectivamente los problemas de competencia fueran relevantes para explicar la inflación en Uruguay se debería observar simultáneamente: (i) un cambio de precios relativos a favor de aquellos sectores donde la competencia es menor; (ii) una tendencia en los últimos 8-10 años a mayor concentración, tendencia que no se observe en otros países con metas de inflación; (iii) un crecimiento, también tendencial, de la rentabilidad en estos sectores.

No conozco ninguna evidencia que avale estas conclusiones. De hecho, la inflación ha sido transversal. Si algo, se han visto incrementos superiores en los bienes no-transables, lo cual es sintomático de un exceso global de gasto. Por otra parte, la rentabilidad ha crecido más en los sectores transables, los cuales se han visto favorecidos por el súper ciclo de commodities. Estos sectores son en general tomadores de precios, lo cual sugiere un elevado nivel de competencia.

Mi versión de los hechos:
En un estudio reciente, Gianelli y Licandro (2013) analizan el sesgo monetario en países con metas de inflación durante la última década, encontrando evidencia de que Uruguay habría sido en términos relativos el que mantuvo su política monetaria más laxa. En términos absolutos su sesgo fue permanentemente expansivo[1]. Este último diagnóstico es compartido por la mayoría de los analistas. Ahora bien, dado el acervo de experiencias y teoría en la materia: ¿Por qué se ha apartado tanto la política monetaria en Uruguay de las mejores prácticas?

Mi hipótesis es que la política monetaria fue rehén de un conflicto de objetivos. Desde 2005 se ha explicitado un interés en apuntalar el crecimiento del salario real. Para ello se diseñó una institucionalidad donde se fortaleció el rol de los sindicatos y el gobierno se reservó un rol de árbitro; estableciendo, al menos en las primeras rondas, pautas nominales elevadas. La dinámica que se impuso en los costos laborales fue consistente con una intensa apreciación real de la moneda. La primera etapa no generó mayores desafíos ya que se partía de niveles de tipo de cambio real muy elevados y salarios reales muy sumergidos. Dicho ajuste era de equilibrio. En algún punto del proceso la presión por continuar “recuperando” salario real se hizo inconsistente con el cumplimiento simultáneo del objetivo de inflación y competitividad[2].

Aún cuando un sesgo expansivo de política monetaria no tiene efectos reales a largo plazo, eleva el tipo de cambio nominal y genera inflación; lo cual licúa el crecimiento en exceso de los salarios. El BCU al añadir “combustible monetario” al proceso permitió que el crecimiento ex–post de los salarios reales fuera consistente con el de la productividad y el deterioro de la competitividad fuera más gradual. Si bien la acción del BCU -sosteniendo tasas reales bajas e interviniendo el mercado de cambios- amortiguó los efectos reales, esto se logró a expensas de mayor inflación, un progresivo desanclaje de expectativas y como resultado mayor indexación.

Es precisamente este el equilibrio que se pretende evitar en un esquema de metas de inflación, entregándole autonomía y un mandato restringido al Banco Central. En la medida en que sus decisiones tienen únicamente efectos de corto plazo sobre los objetivos más generales del Gobierno, la autonomía opera como un cortafuego a los problemas de “inconsistencia temporal”.

¿Qué pudo haber hecho el BCU para cumplir con el objetivo de inflación? En un contexto donde los Costos Laborales Unitarios (CLU) crecen por sobre el objetivo de inflación y el gasto público acelera la demanda agregada, una política monetaria “suficientemente” contractiva profundiza aún más la pérdida de competitividad y reduce el gasto. Esto hubiese elevado el desempleo y obligado, en el tiempo, a un ajuste de salarios consistente con el objetivo de inflación. Naturalmente esta dinámica no es agradable. En la literatura se conoce como el “Ratio de Sacrificio”; esto es, el esfuerzo requerido por una vez en la actividad para reducir la inflación de forma permanente. En general, asumir este costo tiene sentido por cuanto a largo plazo el nivel de actividad, el salario real y la competitividad no dependen en absoluto de la política monetaria.

En síntesis…
Uruguay muestra un track-record que es excepcional entre países con metas de inflación. Las autoridades han deslindado responsabilidad argumentando que factores exógenos habrían sido determinantes. Esto los ha llevado a adoptar medidas que poco aportan en términos de una solución estructural: acuerdos de precios, administración con fines antiinflacionarios de las tarifas públicas, etc. Estas medidas, sostenidas en el tiempo, distorsionan las señales de mercado sin efectos significativos sobre la inflación.

Diagnosticar las raíces del proceso y los desequilibrios que sostienen los elevados niveles de inflación es de primer orden para establecer un curso de acción efectivo. En este contexto, se debe reconocer que el objetivo de mejorar el salario real y no perder competitividad externa pueden ser inconsistentes entre sí y con el objetivo de inflación.

Actualmente, con expectativas desancladas, baja credibilidad y un nivel de indexación muy elevado no parece suficiente un ajuste monetario convencional. El ajuste requerido sería demasiado grande. A mi juicio es necesario un Plan de Estabilización que incorpore simultáneamente un ajuste fiscal, salarial y monetario. Para esto hay muchas alternativas de diseño, pero es condición necesaria que sea consistente. Solo si es creíble tendrá alguna probabilidad de éxito.


Diego Gianelli*

*Las opiniones en esta columna son de exclusiva responsabilidad del autor y no comprometen en absoluto a las instituciones para las que trabaja. 



[1] Gianelli, Diego y Licandro, José Antonio: “Una década de Metas de Inflación en la Región” Cuadernos de Economía, UCUDAL, dic.2013
[2] (Wonkysh) Si a largo plazo los precios se determinan por una Ecuación de Costos homogénea de grado 1, derivada de una función de producción que depende de insumos importados y trabajo, entonces a largo plazo el movimiento de los salarios reales ajustados por productividad (CLU) se mueven inversamente al tipo de cambio real (TCR). Esto ocurre independientemente de nivel de inflación y es en parte consecuencia del hecho que el trabajo sea esencialmente un bien no-transable.



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