Megaoperativos con miniresultados

En las últimas semanas los uruguayos fuimos testigos de operativos policiales cuasi-cinematográficos y sin precedente en tres zonas de la capital. Planeados por el Ministerio del Interior, los operativos consistieron en intervenciones policiales intensivas y focalizadas territorialmente en barrios pobres de la ciudad donde se suponía se concentraban delincuentes. La policía llegó temprano a los tres asentamientos, con helicóptero, caballos, escudos y unos 70 efectivos. Se requisaron casas y personas, se pidieron documentos, se incautaron algunos bienes robados y se detectaron algunas “bocas” de venta de drogas. En cada barrio se detuvieron algo menos de 50 personas pero casi todos fueron liberados al día siguiente por no haber causa judicial para su procesamiento. Las autoridades insisten en que los operativos fueron un éxito pues no deben medirse en términos de procesamientos sino en su efecto simbólico, en que representan que el Estado comienza a hacer presencia en “zonas rojas” o “zonas liberadas” en peligro de ser tomadas por el crimen organizado.

Esta visión positiva parece ser compartida por los vecinos entrevistados en los medios de comunicación que, a pesar de algunas quejas respecto al trato violento o inadecuado que policías dieron a algunos vecinos, repiten que “aquí vive gente honesta”, que “deberían venir más seguido” y que “ahora el barrio está tranquilo y podemos salir”. La opinión pública en general también parece estar de acuerdo. Esto no resulta extraño en un país donde la percepción de inseguridad está en aumento, donde los medios de comunicación priorizan las noticias policiales sobre otras y donde la gran mayoría de la población está de acuerdo con bajar la imputabilidad de los menores (propuesta que el Partido Colorado piensa plebiscitar luego de recoger firmas para ello). Parafraseando a un ex presidente, el “estado del alma” en el país en este momento pide represión y “limpieza” del crimen.

Sin embargo, los operativos han recibido varias críticas en estos días. Algunos ven en ellos razias que recuerdan a la dictadura militar. Otros critican las acciones como represión populista por parte del gobierno en un contexto de preocupación por la seguridad en la opinión pública. La mayoría refieren a que los procesamientos son muy pocos. A mí me gustaría referirme en primer lugar a la respuesta del Ministro Bonomi diciendo que el efecto es más bien de tipo simbólico. Si lo que se esperaba era más bien un efecto simbólico creo que a) existe un gran riesgo de que ese efecto sea negativo, y b) hay otras maneras de lograr presencia simbólica del Estado sin redadas de este tipo. Finalmente quisiera referirme a los peligros de la focalización espacial inadecuada.

En Montevideo hoy en día vivir en una zona de la ciudad determina las oportunidades en la vida. Dos personas con similares tipos de familia y que van a un liceo público seguramente tengan distintas oportunidades si una vive en La Blanqueada (barrio heterogéneo) y la otra en Casavalle (barrio homogéneamente pobre). A la persona que vive en Casavalle muy probablemente le va a ir peor en la vida. Esto ocurre por varias razones entre las que podemos mencionar la peor calidad de los servicios públicos incluida la educación, la ausencia de modelos de trayectorias positivas en relación a la educación y al mercado laboral que los jóvenes puedan imitar (personas a las que le fue “bien en la vida”), la presencia de modelos alternativos de éxito o sobrevivencia como puede ser el delito, y el estigma o señalamiento del resto de la sociedad de que ese barrio es una “zona roja”. Los operativos policiales pretenden actuar simbólicamente sobre el penúltimo de estos problemas, la presencia de bandas criminales. Sin embargo, esto tiene consecuencias seguramente no intencionadas sobre el último de los mecanismos: el estigma. Si antes era difícil, obtener un empleo diciendo que uno vive en Malvín Norte o en Chacarita de los Padres o en La Cruz de Carrasco será mucho más difícil luego de los operativos.

Continuando con el efecto simbólico mencionado por el ministro, creo que hay otras maneras de generarlo. La presencia del Estado se logra entre otras cosas con la legalización de los predios y regularización de barrios, con obras de infraestructura importantes y de muy buena calidad, entre otros. Hace poco, realizando trabajo de campo en las comunas más pobres y con problemas de crimen organizado relacionado con el narcotráfico en la ciudad de Medellín, los líderes locales nos contaban que desde que existe el metrocable (teleférico que sube desde la línea del metro a la cima de dos de las áreas más complicadas de la ciudad) “pertenecemos a Medellín”, “ahora la gente de afuera viene y nos visita”. Eso es efecto simbólico. Eso es presencial del Estado. Lograda a partir de una inversión en infraestructura pensada en base a la integración. Y, lo que no es menor, una infraestructura de excelente calidad y asociada a proyectos sociales y urbanísticos articulados con una política de ciudad y de equidad más global. Seguramente tiene sus defectos. Luchar contra el crimen organizado y la pobreza no depende solamente de la política pública. Pero el efecto simbólico está claro.

En segundo y último lugar quisiera referirme a la focalización espacial de estos operativos. Los tres se hicieron en asentamientos. Desde hace ya un tiempo los asentamientos se han vuelto en Uruguay sinónimo de pobreza y de peligro. Esto resulta interesante ya que el término asentamiento aparece en los 90s para diferenciar a las ocupaciones planificadas de tierras, con personas de clase trabajadora, de los más antiguos “cantegriles” caracterizados por la precariedad urbana, el reciclaje y la marginalidad. Resulta muy interesante cómo entonces el término asentamiento se ha resignificado y hoy día se utiliza para focalizar políticas, entre ellas los operativos. Sin duda los asentamientos tienen muchos problemas. Pero la mayor parte de los pobres no viven en ellos. Y seguramente gran parte del delito no está en ellos. Focalizar las intervenciones, aunque tiene muchos problemas, es eficiente en el uso de los recursos. Claro que la inteligencia policial debe usar información geográfica para programar sus acciones. Pero igualar asentamientos con delito o con pobreza resulta sumamente problemático.

Esto no es sólo propiedad del Ministerio del Interior. Hace poco el Senador Saravia, presidente de la Comisión de Defensa del Senado, proponía que las Fuerzas Armadas colaboraran con la seguridad interna en determinados asentamientos, que son “ghettos del crimen organizado.”[1] En esa oportunidad Bonomi se opuso al proyecto pero hoy vemos una policía militarizada realizando estas redadas. Asimismo, la opinión pública también relaciona asentamientos con peligro. En una encuesta realizada recientemente, casi la mitad de los uruguayos manifiestan no querer vivir cerca de un asentamiento.[2] Si los asentamientos ya están estigmatizados, este tipo de procedimientos policiales no colabora a quitarles el estigma. Por el contrario, lo recrean.

No estoy argumentando aquí que no hay que hacer nada. Los vecinos de muchas zonas reclaman presencia policial. Hay que atender esa demanda pero integradamente con intervenciones que realmente hagan sentir la presencia simbólica y “material” del estado. Algunas ya se están llevando a cabo. Deben integrarse, mejorar su calidad y pensarse en clave de reducir la brecha de oportunidades en la vida a partir del lugar donde se vive.

[1] Declaraciones de Saravia publicadas en el portal de Montevideo.com el 1 de marzo de 2011 (http://www.montevideo.com.uy/notnoticias_132442_1.html)

[2] Encuesta realizada por Interconsult. Ver algunos resultados en http://www.ultimasnoticias.com.uy/Edicion%20UN/articulos/prints-2011abr25/act17.html