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| Crédito:Gobierno de Alberta- dominio público |
Cada nuevo ciclo electoral, los distintos partidos políticos en casi cualquier país del mundo con elecciones, prometen más transparencia en la gestión del Estado. Las elecciones uruguayas no fueron la excepción.El instrumento central para estructurar la transparencia en el sector público, son las llamadas leyes de acceso a la información pública.La idea -nacida en 1766 en un oscuro rincón del mundo nórdico pero difundida por el mundo durante finales del siglo XX y principios del siglo XXI- establece que cualquier persona puede pedir a la administración pública información en su poder, sin dar mayores motivos, y esta se encuentra obligada a responder. Los límites para no entregar información por parte de la administración deben ser claros. Además el Estado se encuentra obligado a publicar un conjunto de información de manera proactiva. Uruguay se sumó al grupo de países con estas leyes en 2008, cuando el Parlamento aprobó la ley 18381 por unanimidad. Que la idea sea buena no significa que la implementación de la misma sea efectiva, cómo sabe cualquier persona que haya realizado un pedido de forma online o de manera presencial, y lo que ha sido documentado por varias investigaciones en Uruguay.
A pesar de que la transparencia siempre sea saludada con unanimidad por el sistema político, no siempre es cómoda. Y el sistema político responde a la incomodidad con reformas legales. Por ejemplo, durante los gobiernos de José Mujica y Tabaré Vázquez hubo dos intentos de reforma de la ley que en los hechos ampliaron la capacidad del Poder Ejecutivo de clasificar información y sancionar a personas que liberen información sin autorización. La administración del Intendente Antía del departamento de Maldonado buscó - sin éxito- declarar la norma inconstitucional. De igual forma, durante el actual gobierno a través de la ley 19889 (conocida popularmente como LUC) se ha reformado la ley de acceso expandiendo las excepciones para no entregar información.El reciente proyecto de ley de rendición de cuentas establece - en un confuso artículo- un límite a la periodicidad con la cual el Estado públicaría información. El artículo cuenta con la oposición expresa de los integrantes del órgano regulador.
Con este panorama es válido hacerse al menos dos preguntas a) si la transparencia es considerada unánimemente tan buena cosa, ¿porque sistemáticamente existen este tipo de reformas que buscan restringirla? b) ¿Este tipo de discusiones siguen siendo relevantes?
Buena cosa pero molesta
En mis estudios de doctorado argumenté que las solicitudes de acceso a información podían correr distinto tipo de suerte según el grado de complejidad que tenían y el nivel de sensibilidad política. Dicho de forma sencilla, a mayor nivel de sensibilidad política, mayor dificultad de obtener la información y mayor chance de conflicto, el cual debe ser dirimido por un tercero, en el caso uruguayo una unidad reguladora y/o un juzgado. Los conflictos son costosos, y generan una serie de circuitos de retroalimentación que pueden terminar fortaleciendo o perjudicando a la implementación de la norma. Es evidente que- durante su implementación- la ley de acceso ha encontrado sus detractores en todas las tiendas partidarias y de la administración estatal.
En un reciente estudio se argumenta qué quienes diseñan los regímenes de acceso a la información pública, encuentran determinados límites debido a su entorno institucional. En consecuencia quienes promueven las reformas de acceso a la información- a pesar que pueden inspirarse en principios internacionales y experiencias comparadas- siempre se ven limitados/as por las opciones locales determinadas por su entorno institucional. A modo de ejemplo en el caso uruguayo, el fuerte papel que juega la doctrina constitucionalista y administrativista, fue un límite claro en las opciones de diseño del régimen de acceso a la información pública, en particular de su órgano de contralor. Lo llamativo de las reformas (pasadas y actuales) es que son innovadoras frente a la tradición- en general garantista -de la doctrina administrativa uruguaya. Dicho de otro modo, parece que dentro de los cuadros de gobierno y la burocracia estatal, hay al menos un grupo de personas que busca “innovar” a los efectos de limitar el alcance de la ley. De esta forma salen del esquema tradicional de cómo se piensan estas instituciones, aunque utilizando recursos como leyes de urgencia o rendición de cuentas para lograr el objetivo, que es un método más usual (aunque cuestionable) en la política local.
Del Siglo XX al XXI
Que en el siglo XXI, en el país más digitalizado de América Latina y uno de sus líderes en gobierno digital, estemos discutiendo cada cuanto el Estado tiene que actualizar su información es casi cómico, pero una señal de las preocupaciones de quienes toman decisiones. Existe cierta evidencia a nivel comparado que la publicación de información- en formatos abiertos- contribuye no solo a la transparencia sino también a la creación de valor económico y social. Crucialmente, la información actualizada le sirve al propio Estado para coordinar su accionar.
Los límites al acceso a la información pública son un debate un poco más complejo. Por un lado, no parece ser de buen diseño institucional generar regímenes especiales para cierto tipo de información, ni nuevas categorías de información reservada pues torna más complejo innecesariamente el sistema y aumenta los costos de interpretación y transacción de los actores. Lo que siempre puede argumentarse es la necesidad del secreto de una información por un plazo determinado. Siempre asumiendo que luego del mismo, quienes tomaron las decisiones serán responsables por ellas. Esto condice con los principios de una democracia republicana. Quien gobierna, responde.
Y finalmente, en el contexto de la gran transformación que vivimos, la apertura de datos (transparencia), la protección de datos personales y la seguridad de los mismos, son pilares fundamentales para los gobiernos democráticos en la era digital. Si todas las personas que gobiernan y operan en política y administración pública en Uruguay han cambiado de opinión acerca de las bondades de la transparencia y lo admitirán públicamente, está por verse. Las señales que hoy se emiten, son preocupantes. La transparencia prometida en elecciones, como algunos tipos de contrato, también tiene letra chIca.
Referencias
Tomado de Razones y Personas. Esta obra está bajo una Licencia Creative Commons Atribución 3.0 No portada.
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