El 13 de Abril coparon una casa en Carrasco. A pesar de la creciente ola de delitos en la zona, este hecho tuvo un efecto dominó. La victima llamó a la seccional 14 y el policía de turno le dijo que no podían ir a su casa porque no tenían móviles. “Si yo pudiera pagar el arreglo de los autos, lo haría”, agregó el funcionario. La señora terminó yendo en su propio auto a buscar al policía y a regresarlo a la comisaria para que tomara pruebas del siniestro. Según los policías, la falta de móviles se explica por el nuevo sistema de reparaciones de la flota a cargo de talleristas particulares – un sistema más lento que el anterior-. Luego de la denuncia del hecho, el Ministerio indagó el caso y dio cuenta que había un móvil en la zona pero que no había sido utilizado. Esto despertó denuncias por parte del Ministro del Interior, quien responsabilizó directamente a los jerarcas de la seccional de su ineficiencia y término separando de su cargo al comisario, subcomisario y oficial que había atendido la llamada. Diego Fernández, jefe de Policía de Montevideo, renunció este martes a su cargo para respaldar a los comisarios, entendiendo la medida como injustificada.
Si bien algunos oficiales entienden este episodio como una manifestación de la resistencia que han generado los recientes cambios de gestión implementados por el Ministerio del Interior, otros entienden la reacción del Ministerio como excesiva e injustificada. Lo cierto es que la percepción de delincuencia ha aumentado en la zona de Carrasco, los vecinos se sienten en “tierra de nadie” y que Uruguay ya cuenta con más guardias de seguridad privados que con policías (23924 respecto a 22600). En los últimos dos años, aumentó el número de guardias en un 25%, y entre 2005 y 2013 su salario se triplicó.
¿Estamos llegando efectivamente a tener una tierra de nadie en la zona de Carrasco? ¿En qué medida estas separaciones de cargo se traducirán en mejoras para la atención ciudadana? ¿En qué medida este revuelo contribuirá a mayor seguridad? Las primeras respuestas no parecen muy alentadoras.
Estimada: sólo un par de precisiones. 1) El MI cerró el centro policial de reparaciones de autos y lo cambió por uno de talleristas privados porque el primero era una fuente constatada de corrupción. El mismo auto se "arreglaba" varias veces, autos particulares aparecían con chapa del MI para arreglarse, etc. etc. 2) El sistema de información vehicular con GPS (SISCONVE) que instaló el ministerio en este período fue el que permitió confirmar que efectivamente había un móvil a 10 cuadras de donde sucedió el hecho, y que el funcionario que recibió la llamada no hizo el aviso necesario al 911. 3) Fernández no renunció para respaldar a los comisarios, sino, por el contrario, porque constató que buena parte de ellos sabotean sus órdenes, entre otras cosas, porque están en contra de las medidas anti-corrupción que ha llevado adelante esta administración: control del uso de combustible mediante SISCONVE; control centralizado de liquidación del servicio 222 (que permitió procesar a un oficial de alto grado que trabajaba en el Ministerio); administración de sueldos destinados a presos que trabajan a través del Patronato NAcional de Encarcelados y no de cada cárcel; control más cuidadoso de los emprendimientos productivos intra-cárcel; investigaciones de asuntos internos, etc. 4)Lo ideal para poder analizar mejor la situación del barrio Carrasco sería que el Ministerio abriera los datos georeferenciados de denuncias. Lamentablemente no lo ha hecho y eso nos lleva a dar discusiones desinformadas.
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