El Estado uruguayo como agente regulador y la “Estrategia por la vida y la convivencia”


Desde que entré a la escuela pública hasta que salí, recuerdo haber participado de múltiples jornadas anti-tabaco. Las maestras se tomaban al menos un día de clase para explicar lo dañino que resulta el cigarrillo para nuestra salud. Recuerdo haber desfilado con pancartas junto a otros compañeros y compañeras de clase, diciéndole “No, al humo de tabaco”. Un hecho curioso es que apenas entramos a la adolescencia, muchos de esos niños y niñas que antes portaban aquellos carteles, empezaron a fumar. Las múltiples jornadas de concientización y educación sobre los problemas que genera fumar, nunca fueron tan eficientes y eficaces para luchar contra ese problema como lo es la Ley 18.2561 antitabaco vigente desde el 1 de marzo de 2006. ¿Qué hizo el Estado uruguayo mediante esa ley? Reguló el comportamiento de sus ciudadanos.

En Uruguay hay una creencia bien extendida de que casi todos los problemas que nos afectan sólo se pueden arreglar con una mejor “educación”. Se cree que el tránsito es caótico porque la gente no ha sido bien educada para manejar de una mejor forma. Se sugiere una y otra vez que los beneficiarios de las políticas sociales no necesitan ayudas monetarias del Estado sino ser reeducados para ganarse la vida por ellos mismos. Se dice hasta el cansancio que los problemas de seguridad y violencia en general, sólo podrán ser solucionados mediante una reforma educativa. Y en esa dirección hay innumerables ejemplos.

Estas ideas, sin embargo, son problemáticas en muchos sentidos. Primero, porque el sistema educativo ya tiene sus propios problemas para resolver. Segundo, porque no se tiene claro quiénes son los agentes (instituciones, organizaciones) que deben educarnos para ser mejores ciudadanos. ¿Acaso la ley antitabaco no tiene un efecto educativo muy efectivo y deseado sobre todos nosotros? Decir que los problemas se arreglan con más y mejor educación es una formula tan correcta como vacía, si no se explica cuál es el mecanismo que nos llevará a corregir nuestro comportamiento de la forma buscada. Finalmente, al situar la educación como la cura de todos nuestros males, se tienden a desprestigiar otros instrumentos que el Estado puede utilizar para regular nuestro comportamiento en formas que nos benefician a todos. Esa última frase usualmente dispara luces rojas en varios lectores. Porque también se cree, de forma extendida, que en una sociedad liberal democrática el Estado no debe regular nada. Si queremos fumar, fumamos. Si queremos manejar de una manera arriesgada lo hacemos. Si no queremos vacunarnos no nos vacunamos, y si queremos pagar los impuestos los pagamos, y si no, problema del Estado.

Afortunadamente, esas ideas no son difíciles de rebatir. Por ejemplo, las economías de mercado de hoy en día están plagadas de regulaciones. Estados con economías liberales regulan algunos comportamientos de los agentes económicos para garantizar cierta eficiencia, estabilidad y a veces justicia en el sistema. Aceptar la premisa de que la mejor ley de transito es una que nos hace libre de manejar como queramos pero que acaba donde empieza la libertad de otros conductores, es una receta para el caos generalizado. Y lo mismo podemos decir de varias otras situaciones en donde el Estado regula nuestro comportamiento con el fin de alcanzar ciertos objetivos públicamente conocidos y legitimados. El problema es que rara vez se discute sobre cómo el Estado debe regular las acciones de individuos, organizaciones e instituciones.[i] Desafortunadamente, en Uruguay los debates sobre regulación son usualmente descartados o bien por ser considerados iliberales, o bien por creer falsamente que la educación (la cual es también un instrumento regulativo) es la solución a todos nuestros males.

La “Estrategia por la vida y la convivencia” impulsada por el gobierno pretende actuar sobre la motivación y agencia de los ciudadanos. Es decir, intenta influir sobre las motivaciones que los ciudadanos tenemos para actuar de una forma u otra, y sobre nuestra capacidad para tomar decisiones autónomas. En especial, se reconoce de forma correcta que la situación de la violencia y la seguridad que vive el país es multicausal y que como tal no puede ser solucionada con un antídoto mágico (léase, más represión, más políticas sociales, mas educación, etc).

En ese sentido, el documento elaborado por el gobierno apunta a trabajar sobre quince medidas para mejorar la convivencia en la sociedad uruguaya. Esas medidas van desde la implementación de mecanismos de justicia restaurativa con las víctimas de delitos, agravamiento de penas, modificaciones al código de la Niñez y la Adolescencia,  regulación del manejo de informaciones referidas a seguridad y violencia, hasta la legalización regulada y controlada de la marihuana. Naturalmente, ese amplio abanico de medidas ha generado un debate dispar; siendo la propuesta de la legalización de la marihuana y de la regulación de los contenidos de los informativos las medidas más debatidas.  

Pero más allá de los problemas puntuales que existen en alguna medida en particular, hay un punto que suele ser dejado de lado en el debate, y es el de la capacidad del Estado uruguayo como agente regulador. Y eso es algo que trasciende la pregunta de cómo el Estado va implementar esas medidas. Otras preguntas igualmente importantes son, por ejemplo: ¿Cuáles son los esquemas apropiados de rendición de cuenta para cada una de estas medidas?, ¿Cómo se piensa ejecutar estas medidas de forma tal en que los procedimientos sean accesibles, transparentes y abiertos para la ciudadanía en su conjunto?, ¿Qué criterios van a ser establecidos de antemano para determinar si las acciones regulatorias son eficientes?

Los Estados regulan en Uruguay, China, Noruega o en la República de Mauricio. La diferencia está en que algunos Estados regulan de una mejor forma que otros. Como programa regulativo, la “Estrategia por la vida y la convivencia” esta aun demasiado inmaduro. Necesita demasiadas precisiones para ser tomado en serio como una medida integral para mejorar la convivencia en Uruguay. 



[i] Hay muchas definiciones de regulación disponibles. Una de ellas es propuesta por Julia Black (2001): “Regulación es el uso intencional de la autoridad para afectar el comportamiento de diferentes agentes de acuerdo a principios previamente establecidos, incluyendo la extracción de información y medidas para modificar el comportamiento de los agentes” (La traducción es mía y no es literal). Ver: Black, Julia. 2001. “Decentring Regulation: The Role of Regulation and Self- Regulation in a Post-Regulatory World." Current Legal Problems 54:103-147. Por una introduccion a los debates de regulación ver: Baldwin, Robert, Martin Cave and Martin Lodge. 2012. Understanding Regulation: Theory, Strategy, and Practice. Oxford University Press.

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