Fuente: Indicadores Ambientales, MVOTMA. Se excluyen los arroyos Canelón Grande y Chico ya que las elevadas concentraciones de fósforo que los mismos registran impiden analizar la evolución de los restantes caudales de agua.
Tanto el fósforo como el nitrógeno son nutrientes fundamentales para satisfacer las necesidades energéticas y vitales de los seres vivos. No obstante, elevadas concentraciones de los mismos pueden generar crecimientos excesivos de algas y cianobacterias, las cuales disminuyen el oxígeno disponible en el agua para otros organismos, provocando pérdida de fauna y biodiversidad y produciendo sustancias tóxicas que afectan la salud humana y animal (Chorus y Bartram, 1999).
La mayoría de los cuerpos de agua en Uruguay sufren de eutrofización o elevada concentración de nutrientes en el agua superficial (Kruk et al., 2013). En algunas cuencas, como la de Santa Lucía, la cual resalta por su relevancia en términos del abastecimiento de agua para el consumo humano, cerca del 80% de la contaminación por nutrientes proviene de fuentes difusas (JICA-MVOTMA, 2011; Barreto et al., 2017). Es decir, contaminación por fuentes dispersas espacialmente sin un único punto de origen, principalmente proveniente de la utilización de fertilizantes y de la aplicación y generación de desechos líquidos y sólidos de animales en pastoreo.[1] Según Reali, Pereyra y De León (en prensa), las sub-cuencas del Río Santa Lucía que exhiben más aportes de fósforo son las que tienen mayor densidad de cultivos agrícolas y forrajeros en tanto que para Uruguay en su conjunto, las actividades que destacan con mayores aportes son la horticultura y los cultivos de verano (soja, maíz y sorgo, principalmente). Se estima que aproximadamente entre 10 y 15% del fósforo que se aplica en los cultivos es absorbido por éstos, el fósforo restante se pierde en el ambiente y termina en los suelos o en cuerpos de agua superficil (Roberts, 2015).
Históricamente, el sistema tributario uruguayo ha otorgado diversos beneficios a las actividades agropecuarias, entre los que destacan exoneraciones de impuestos y créditos fiscales. En esta nota, me concentro únicamente en los fertilizantes, no abordando aspectos relativos a plaguicidas, que también pueden afectar la calidad del agua. Así, en lo que refiere a los fertilizantes, se exonera del Impuesto a las Rentas de las Actividades Económicas (IRAE) hasta un máximo de 40% de la inversión realizada en el ejercicio, la renta destinada a la adquisición de fertilizantes fosfatados en cualquiera de sus fórmulas con fósforo destinados a la instalación y a la re-fertilización de praderas permanentes. En lo que respecta al Impuesto a la Enajenación de Bienes Agropecuarios (IMEBA), se otorga a los titulares de explotaciones pecuarias, ganaderas y lecheras, un crédito fiscal equivalente al 12% de las adquisiciones de fertilizantes fosfatados en cualquiera de sus fórmulas con fósforo únicamente, destinados a la instalación y a la re-fertilización de praderas permanentes. Asimismo, la adquisición en plaza y la importación de fertilizantes está exenta de IVA cuando se cumplen determinadas condiciones.
La cantidad de fertilizante utilizado por hectárea en Uruguay ha aumentado significativamente desde 2002 a la fecha, alcanzando un pico en 2013. Dicha evolución estaría asociada al comportamiento de los precios internacionales de los cereales, tal como sugiere el siguiente gráfico. Si bien sería necesario realizar un análisis más minucioso para afirmarlo con certeza, cabe preguntarse si no existe actualmente una sobre-utilización de fertilizante. Un primer indicio de ello, es la elevada elasticidad precio de importaciones de fertilizantes en Uruguay que se estima cercana a 2 –ante un incremento de 1% en el precio de los fertilizantes, su adquisición se reduciría en casi 2%– (de Melo et al., 2018).
Fuente: FAOSTAT, WBI y FMI.
[1] El 20% restante correspondería a fuentes puntuales: efluentes de industrias y aguas servidas de ciudades y poblaciones. Otra fuente puntual de origen agropecuario son los tambos y feedlots, donde el confinamiento de animales permite consolidar los efluentes derivados de la actividad productiva y por lo tanto detectar su origen puntual.
[2] Siguiendo las experiencias a nivel internacional, dicho impuesto debería establecerse en función de los kilogramos de sustancia activa utilizada en la formulación de los fertilizantes. Se señala la importancia de incluir en el gravamen a las sustancias activas del fertilizante, con el fin de desalentar la adquisición de dichas sustancias para ser aplicadas directamente por el productor agropecuario.
Tomado de Razones y Personas. Esta obra está bajo una Licencia Creative Commons Atribución 3.0 No portada.
