El debate sobre la delincuencia en Uruguay: menos Derechos Humanos, más resultados

El próximo 26 de octubre, junto con las elecciones presidenciales, se someterá a plebiscito la propuesta de reforma constitucional que permitirá bajar la edad de imputabilidad penal de 18 a 16 años en Uruguay.

Los últimos datos de opinión pública disponibles sobre la intención de voto respecto a dicho plebiscito, seguramente resulten alentadores para los grupos de la sociedad civil que se han organizado en contra de esta propuesta.

De acuerdo con la consultora Equipos Mori, en abril de 2014 se registró una importante reducción de la intención de voto a favor de la baja de la edad de imputabilidad penal: se pasó de una aprobación del 66% en febrero a una del 57% en abril del corriente año: 9 puntos porcentuales menos. Si se compara el resultado de abril de 2014 con los de agosto y octubre de 2013, la caída resulta más dramática: del 69% al 57%: 12 puntos porcentuales. Pero si se la compara ahora diciembre de 2013, el resultado es más modesto: 7 puntos porcentuales.

El Gráfico 1 muestra una serie bimensual sobre la intención del voto a favor y en contra de la propuesta del plebiscito, de forma que no tengo que seguir aburriendo al lector con comparaciones entre porcentajes y períodos, corroborando qué tan significativo resulta este último dato de encuesta. Lo más sensato en este punto es dejar de contemplar "el árbol" y empezar a observar "el bosque".

Las series de datos opinión pública en las Ciencias Sociales tienen mala reputación, ya que son uno de los tipos de evidencia cuantitativa más endeble. Si analizamos el gráfico, vemos como la intención de voto a favor de bajar la edad de imputabilidad sube y baja caprichosamente. Y la verdad es que no tenemos la capacidad de explicar porqué subió en un momento y bajó en otro.

Empeorando las cosas, hay que tener en cuenta además un fenómeno que los estadísticos denominan "la ley de los grandes números": sin entrar en tecnicismos innecesarios, la idea es que al repetir muchas veces una medición, los diferentes resultados obtenidos se van aproximando a un número fijo, que representa el "verdadero" valor de lo que estamos midiendo. Ese valor es el que se representa en el Gráfico 1 con las líneas negras que cortan las series de datos de opinión a favor y en contra.

Como puede apreciarse, más allá de las oscilaciones, la intención de votar a favor de la baja de edad de imputabilidad siempre ha sido mayoritaria (ubicándose entre más del 60% de los entrevistados, y menos del 70%), mientras que la opinión de los que están en contra representa a una minoría (más del 20%, a veces cercana al 30%). El pronóstico es claro, y pensar en revertir estas tendencias de opinión en los próximos cinco meses no lógicamente es imposible, pero sí bastante utópico en la práctica.


Gráfico 1. Fuente: Elaboración propia en base a datos de Equipos Mori. 


¿Y esto como pasó?

En lo personal, no dejo de preguntarme a mí mismo: ¿cómo llegamos a esto? ¿A quién se le ocurrió que bajar la edad de imputabilidad es una buena medida para disminuir la delincuencia? ¿Será que la gente cree que luego de aprobar la reforma, los adolescentes de entre 16 y 17 años pensarán dos veces antes de cometer un delito? ¿O quizás, que en términos de madurez intelectual y emocional, una persona de 18 años es igual a una de 16 años, y entonces, estuvimos aplicando un criterio etario errado para aplicar castigos desde 1930 hasta hoy en día? ¿La gente tendrá en cuenta que tanto los establecimientos de reclusión de mayores como los de adolescentes están hasta el tope en términos de hacinamiento? ¿Y qué pensarán del hecho de que la cárcel oficia mucha veces como una escuela para delincuentes?

Como no tengo acceso directo a las mentes de los uruguayos, no puedo contestar ninguna de éstas preguntas. Sin embargo, puedo opinar sobre los resultados de nuestras acciones colectivas e individuales. Y con esto puedo empezar a construir un argumento que, con mucha suerte, pueda ayudar a cambiar el eje del debate sobre la delincuencia en Uruguay.

¿Sabía usted que Uruguay es la sociedad que más castiga a sus habitantes en relación al resto de los países de América del Sur? 

Para muchos, esto será una noticia perturbadora. La evidencia que soporta esta conclusión proviene del análisis de un  indicador denominado "tasa de prisionización". Este indicador tiene sentido solamente cuando es utilizado en comparaciones internacionales. Simplemente relaciona la cantidad de personas privadas de libertad de un país con la población general, y es considerado una buena aproximación al grado de punitividad de una sociedad. Esta es la información que se presenta en el Gráfico 2:


Gráfico 2. Fuente: elaboración propia a partir del World Prison Brief. International Centre for Prison Studies, 2013. 

Pues sí, ahí estamos: la barra roja al principio del gráfico. Ese es Uruguay. Cada 100.000 habitantes, 289 tienen probabilidad de ser personas privadas de libertad. De acuerdo con la información del International Centre for Prison Studies, Uruguay ocupa el lugar 36 entre poco más de 200 países del mundo según este indicador.

Es cierto, formamos parte de una región que de por sí presenta una muy mala performance en esta materia. Si ahora consideramos en nuestros cálculos a las personas privadas de libertad que aún no recibieron condena por parte del juez, la situación de Uruguay es igualmente triste: ocupa el tercer lugar en América del Sur, mientras que en el ranking mundial ocupa el puesto número 15.

Vista en comparación internacional, podemos entender un poco mejor cómo fue posible que una propuesta como la baja de la edad de imputabilidad penal tuviera y tiene tantos adeptos: somos una sociedad que castiga mucho más que sus vecinos y que otras sociedades más complejas en términos culturales, políticos, económicos y sociales. Y al bajar la edad de imputabilidad buscamos castigar aún más: queremos que aquellos que antes recibían penas menores por sus delitos, comiencen a pagar más caro sus ofensas, y que comiencen a hacerlo lo más temprano posible.

Una solución simple a un problema complejo 

"Cualquier cosa que un sistema intente controlar, es un problema para el sistema". Esta máxima vale tanto para un sistema de control de las horas trabajadas en una oficina como para la reforma de la edad de imputabilidad. Y los uruguayos tenemos un problema con los adolescentes infractores. Y todo indica que la forma que usaremos para controlarlo es aumentar la severidad del castigo. No hay grandes razones para aplicar este "nuevo"sistema. Al contrario, hay fuertes emociones en juego: rabia, angustia y sobre todo, miedo. Y sobre esa base, no tiene sentido tratar de entablar un debate desde el punto de vista de los Derechos Humanos. Ilustraré esta idea general remitiéndome a dos ejemplos recientes.

El camino más corto: ¿quién es el culpable?

El 3 de abril, la Institución Nacional de Derechos Humanos presentó un informe al parlamento cuestionando las condiciones de la mayoría de los centros de privación de libertad de adolescentes infractores. El hacinamiento, el excesivo tiempo de encierro, la falta de higiene y maltrato físico fueron los principales hechos denunciados. En la presentación se aclaró a los legisladores que la intención del informe no era crear un enfrentamiento institucional, y que, si bien las faltas denunciadas son reales, no se trata de problemas generalizados. Lamentablemente, la enunciación de estas precauciones al momento de interpretar los resultados del informe no tuvieron demasiado éxito. Y la respuesta de varios políticos y de diversas asociaciones de la sociedad civil fue simple y brutal: que ruede la cabeza que tenga que rodar. La culpa de todos estos males corresponde al director del Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente (SIRPA - INAU), por lo tanto, hay que removerlo. Nadie propuso medidas constructivas, como por ejemplo, implementar un sistema de quejas y denuncias para garantizar el cumplimiento de los derechos humanos de los adolescentes infractores. No se escucharon ideas sobre cómo bajar el hacinamiento, mejorar los mecanismos de rehabilitación o las condiciones de salubridad de los centros de reclusión. Solamente se apuntó a buscar un "culpable".

Un "mal" ejemplo de algo ejemplar....

Pensar que una institución tan compleja como el SIRPA cambiará para mejor con otro director, es no sólo ingenuo desde el punto de vista organizacional: es una declaración propia del pensamiento mágico. El Dr. Ruben Villaverde, director del SIRPA, compareció el 8 de mayo ante el parlamento para dar respuestas a los alarmados legisladores. Mientras enunciaba los logros que ha tenido en su gestión hasta el momento, tuvo la poco acertada idea de exponer la situación actual del joven que mató de un disparo a quemarropa al trabajador del restaurante "La Pasiva" durante una rapiña el año pasado. Una idea poco feliz, ya que resulta bastante obvio que dada la violencia implicada y la cercanía temporal de los hechos, este no es mejor el ejemplo de rehabilitación exitosa que los uruguayos quieren escuchar al día de hoy. Y pasó lo esperable: un periódico local se encargó de descontextualizar esa parte de la exposición de Villaverde, hacer de esto una noticia central y titularla innecesariamente de forma sarcástica.


Cambiar la estrategia: menos Derechos Humanos, más resultados

Las opiniones de muchos uruguayos sobre esta y otras noticias similares son acordes al espíritu punitivo que alienta a buena parte de la sociedad uruguaya. La rehabilitación del criminal no es el resultado que se espera de los centros de reclusión. El argumento de respetar los derechos humanos de los que cometieron crímenes es para muchos un chiste ridículo.

"Hay que encerrarlos y tirar la llave". Hay que destrozarlos en alma, mente y cuerpo. Hay que quebrarlos y anularlos como personas. Y si mueren en el proceso.... "se lo buscaron". Por estas razones es que creo en el actual debate público sobre la delincuencia en Uruguay se debe de dejar de hablar el lenguaje de los Derechos Humanos, al menos por un buen tiempo.

Es vergonzoso para mí, como ciudadano uruguayo, realizar esta sugerencia. Pero la realidad indica que no estamos preparados para un debate de ese nivel. Porque un debate de este estilo, va a terminar en un juego de derecho contra derecho. Unos van a argumentar que el único derecho que se debe suprimir a los delincuentes castigados es la libertad ambulatoria, y otros van a argumentar que ellos tienen el derecho a vivir en una sociedad sin delitos ("¡empate!" ).  Se argumentará que el trabajo y el estudio son derechos que permiten rehabilitar al criminal. Se responderá que primero están los derechos laborales y educativos de los que no cometen crímenes ("¡empate otra vez!"), y así. ("Empates" solamente retóricos, inválidos todos ellos, porque están basados en falsos dilemas, pero "empates" al fin).

Si el lenguaje de los derechos no funciona, es hora de hablar otro lenguaje: el de la eficacia y la eficiencia. Hay mostrar que la aplicación consistente de un mecanismo de rehabilitación tiene efectos positivos concretos: reducción de la reincidencia, reinserción social efectiva de los ofensores a la comunidad, y reducción de la delincuencia en general. Hay que salir del círculo vicioso de enfrentamiento de derecho contra derecho. El que, obteniendo un resultado negativo cada vez que actúa, decide seguir actuando de la misma forma cada vez, para obtener el mismo resultado, es alguien incapaz de aprender. Por definición, es un idiota. Y para evitar esto, en definitiva, hay que aceptar que si una estrategia no funciona, lo racional es cambiarla, si es que esperamos tener un resultado diferente.

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