Protesta social en tiempo de Covid

 

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El 23 de marzo de 2020 la central sindical en Uruguay (PIT-CNT) convocó a un apagón y un caceroleo por medidas económicas ante la crisis del coronavirus. Fernando Pereira, el presidente de la central, indicó en medios de prensa que estas eran formas de “luchar” respetando las disposiciones sanitarias.  Como contramedida, se convocó a la misma hora a los simpatizantes del gobierno a expresar su respaldo entonando el himno nacional por sus ventanas. Ese mismo día, utilizando el hashtag #CuarentenaObligatoriaYa, miles de usuarios en redes sociales instaban al gobierno a declarar la cuarentena obligatoria. A las manifestaciones iniciales de rechazo, se fueron sumando intentos creativos e innovadores de hacer frente a medidas del gobierno, como ser la aprobación de la Ley de Urgente Consideración (LUC) que introdujo cambios importantes en temas fundamentales de la vida nacional. 

Ese mismo mes, del otro lado del Río de la Plata, colectivos como Ni Una Menos, MuMala, La Casa del Encuentro y distintas ONG, sindicatos y grupos de todo el país convocaron por redes sociales a salir a los balcones, asomar por las ventanas y manifestarse por medio de ruidos en contra de la violencia de género y los femicidios agudizados durante el confinamiento (Clarín, 30/03/2020). En las siguientes semanas, los ruidazos se expandieron.


En el año 2020, ambos países se vieron sacudidos por una crisis profunda a raíz de la pandemia provocada por COVID-19. Sus gobiernos, de signos ideológicos contrapuestos, optaron por estrategias de mitigación y control de la pandemia sumamente diferentes. Mientras Argentina impuso el Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio (ASPO) en todo el país (lo cual implicó el cierre de escuelas, universidades, comercios no esenciales, oficinas públicas y privadas, la restricción de la movilidad entre provincias, el cierre de las fronteras y la restricción del uso del transporte público, entre otras medidas), Uruguay apeló a la llamada “libertad responsable”, manteniendo gran parte de la economía y las actividades en funcionamiento, aunque varias áreas se vieron claramente resentidas. 

La crisis provocada por el COVID-19 llevó a los gobiernos del mundo a tomar una gran variedad de medidas sanitarias, de circulación, educativas y económicas buscando frenar la circulación del virus. En América Latina, el confinamiento desató serios problemas sociales, económicos y agudizó la desigualdad preexistente. En ese contexto, la sociedad civil organizada ha respondido buscando formas novedosas que cuestionan los límites impuestos por el confinamiento y el control social. Aunque las medidas de aislamiento han limitado la organización y participación en movilizaciones callejeras, las protestas sociales continuaron. Algunas movilizaciones se transformaron a la virtualidad y otras de a poco están volviendo a recuperar las calles. El contexto de crisis sanitaria cambió radicalmente las reglas del juego que regulan las dinámicas sociedad civil organizada/Estado, incluyendo las formas en que los actores se expresan y se movilizan. En algunos casos, implicó la emergencia de nuevos reclamos y demandas, en otros, llevó a cambios importantes en los repertorios de acción colectiva o a reconfigurar y resignificar tácticas viejas a la luz de los nuevos acontecimientos. 


¿Cómo dar cuenta de los sentidos y formas que adquiere la acción colectiva en Uruguay y Argentina en este contexto?  Una alternativa, como afirma Tilly (2008), es atender a que en los regímenes políticos tienen lugar ciertos limitados repertorios de protesta y el surgimiento de demandas en el marco de determinadas estructuras de oportunidades políticas. Las preguntas clave serían entonces qué protestas y formas de movilización alternativas surgieron en este contexto tan atípico. ¿Cuáles fueron sus características, variaciones y similitudes? ¿Cómo se procesan las demandas?  ¿Cómo se han canalizado, limitado y procesado? 


Lo que sigue a continuación es un análisis preliminar de la anatomía de la protesta social en este primer año de la crisis sanitaria en los dos lados del Río de la Plata, buscando ofrecer algunos ejes fundamentales para reflexionar sobre cómo la situación actual ha modificado radicalmente las posibilidades de expresar y realizar demandar en la esfera pública.  Se utiliza algunos ejemplos a modo ilustrativo. 


Nuevas demandas asociadas a la crisis sanitaria  


De acuerdo con la literatura, los movimientos sociales son esfuerzos más o menos organizados de personas que se juntan para lograr un objetivo social o político determinado. Sin embargo, tener objetivos comunes, una demanda colectiva, no es suficiente para generar un movimiento social. Dentro de las teorías de movimientos sociales se utiliza el concepto de “enmarcamiento” (desarrollado por Snow y otros, 1986) para referir al “marco interpretativo” por el cual los individuos y movimientos  logran localizar, percibir, identificar y catalogar sucesos de su vida cotidiana. Los procesos de enmarcamiento son siempre claves para comprender cómo los movimientos sociales establecen procesos de identificación entre sus miembros y en qué medida logran llegar a la opinión pública. En general los marcos (frames) de la protesta no son estables y a lo largo de un ciclo de un movimiento se amplifican, extienden y transforman para llegar a más gente. 


De acuerdo con Nava y Grigera (2020), durante el primer año de la pandemia en Argentina predominaron los reclamos por falta de pago, por reducciones salariales y aquellas asociadas a despidos. No obstante, las medidas de confinamiento estricto establecidas en marzo de 2020 con la subsiguiente interrupción de clases  presenciales en todos los niveles educativos también dieron lugar a otras demandas. Luego de ocho meses sin asistencia a las escuelas, varias familias empezaron a organizarse a través de redes sociales para reclamar por la apertura de los establecimientos educativos conformándose el grupo https://padresorganizados2020.ar/  . En poco tiempo el colectivo se expandió y se conformaron distintas filiales por el país. Las familias enmarcaron su descontento por la falta de presencialidad en las aulas como un reclamo a-partidario y apoyados en evidencia científica. Las consignas del grupo por la presencialidad enfatizaba: “escuelas abiertas no propagan el virus”.


En noviembre de 2020, luego de firmar petitorios, movilizaciones presenciales, y mucha participación en redes sociales y medios masivos de comunicación, padresorganizados vivieron como un triunfo propio el paulatino retorno a la presencialidad escolar.  De la misma forma y frente a las nuevas medidas decretadas por el gobierno nacional la semana pasada, para controlar el número de contagios, fueron los padresorganizados los que presentaron el recurso de amparo a la justicia para que no se suspendan las clases. El gobierno de CABA tomó esa petición para formalizar la propia. Este caso ilustra la intersección y tensión en tiempo real entre el campo político partidario, el científico, la sociedad civil y la justicia en tiempos de excepcionalidad.

En Uruguay, hay una experiencia similar con la creación del colectivo "Familias organizadas por las escuelas públicas" una organización creada en mayo de 2019 -sin anticipar lo que se venía-como un “colectivo abierto y en formación” integrado por familias interesadas en fortalecer la Escuela Pública. Este objetivo se redimensiona en el contexto de pandemia. El colectivo no solo ha gozado de gran visibilidad, participando en diversos ciclos y charlas en medios de comunicación, y ejerciendo presión sobre las autoridades a través de las redes sociales, sino que en octubre del año pasado realizaron una movilización demandando la "presencialidad plena y obligatoriedad" de la asistencia a clases. La convocatoria leía: "¿Tenés un hijo/a sobrino/a, vecino/a en la escuela pública y te preocupa que no vaya todos los días y que el tiempo pedagógico esté reducido a dos días por semana? Entonces te esperamos en la Plaza Varela". La elección de la Plaza Varela como lugar de protesta obviamente no fue casual y muchos de los padres lucieron túnicas blancas con moñas azules, adquiriendo de esta forma la protesta un elemento performativo que le dio alta carga simbólica y visibilidad. Sin embargo, no solo la demanda tenía sus raíces en la pandemia, sino que la movilización buscó adherir a los protocolos sanitarios, en tónica con lo que ha sido una constante en este colectivo (trabajar de forma alineada con las recomendaciones y documentación producida por las autoridades competentes).  Debajo de la convocatoria se urgía a los concurrentes a ir con tapaboca y mantener el distanciamiento social recomendado. 

Es interesante entonces cómo en este contexto surgen nuevas demandas que permiten a los colectivos organizarse para hacer reclamos frente a las autoridades, muchas veces desdibujando fronteras de pertenencia y adscripción anteriores (como la político partidaria), y que suelen pesar en los movimientos sociales de corte más tradicional, para aglutinarse en torno a las consecuencias de esta crisis tan atípica. En el caso de las familias de la escuela pública y los padres organizados, su capacidad de convocatoria estuvo dada, en parte, por identificar una demanda sumamente extendida (vinculada además con la disrupción de las rutinas cotidianas) que resuena fácilmente con gran parte de la opinión pública. 

Es necesario enmarcar la protestas en el proceso político del período para pensar sobre cómo ha afectado a los intereses de las personas y las posibilidades que tienen para canalizar sus demandas.  Buechler (2016, 113-114) explica, no obstante, que los movimientos sociales no surgen como respuestas directas a un pesar o un problema. Hay muchos factores que inciden en la conformación de una movilización social. En este sentido, la disponibilidad de recursos, como “tiempo libre”, emerge como una novedad del nuevo escenario pandémico. Es posible que el tiempo para participar de reclamos colectivos y también la disponibilidad para entrar en contacto haya sido una variable importante para explicar el crecimiento de estos movimientos. Sería interesante analizar el perfil de quienes los integran.

Por otro lado, sabemos que las consecuencias de las medidas sanitarias han afectado a algunos sectores mucho más que a otros. Por eso era previsible ver varias manifestaciones de sectores productivos especialmente afectados por la pandemia (ejemplo manifestaciones de trabajadores informales o del sector turístico en Uruguay y, en Argentina, luego de una disminución de las protestas por las medidas de aislamiento, reclamos de trabajadores agrupados como “no esenciales” –ciertos comerciantes gastronómicos y  trabajadores de servicios). Son muchos los movimientos que han procurado movilizarse para paliar los efectos económicos de la crisis. Sin embargo, en el caso de la educación que -además de cumplir su función pedagógica también cumple una función social muy importante- su paralización implicó una disrupción muy fuerte de las dinámicas cotidianas de la gente y perturbando directamente al mundo del trabajo. Es, en dicho sentido, que la reivindicación por el retorno a la presencialidad funciona como un marco madre o maestro por ser lo suficientemente elástico, flexible, e inclusivo para permitir adhesión de un gran número de personas y, posiblemente, otros movimientos. Es interesante analizar posibles fracturas al interior de estos colectivos en la medida en que emergen diferentes posturas y posicionamientos en relación a los gobiernos y el alcance de sus medidas, como está pasando ahora en el caso Argentino. Ante el aumento sostenido de casos de Covid-19 durante las últimas semanas, en uno de los grupos de whatsapp de padresorganizados pudimos observar algunas disputas y miembros que abandonan el grupo por no estar de acuerdo con las consignas. 

¿Qué elementos de la estructura de oportunidades políticas se vieron modificados por el contexto de crisis sanitaria? ¿Qué ventanas de oportunidades se abrieron/cerraron? ¿Qué demandas surgieron y qué demandas se mantuvieron en el período?  ¿Qué tipo de nuevas organizaciones surgieron? 

Viejas demandas nuevas formas de protesta 

Las tácticas son un aspecto importante de la protesta ya que son la cara visible de las demandas de los actores en el espacio público (Olzak & Uhrig, 2001). Las tácticas están asociadas tanto a cómo se forma la opinión pública sobre una protesta específica como a la probabilidad de represión estatal. La mutación en los repertorios y las formas de reclamo puede explicarse como consecuencia de cambios en el entorno político, pero también como innovaciones por parte de los activistas y las relaciones con las autoridades, el público en general y los objetos de su reclamo (Tilly 2008) .

El 30 de junio del año pasado en Uruguay el colectivo que reúne a trabajadores de la cultura y artistas de todo el país organizó una intervención artística en la Plaza Independencia. Aunque como reclamo más inmediato los impulsó la solicitud de aprobación al Poder Ejecutivo de un protocolo que permitiera volver a abrir los espacios culturales, el colectivo buscaba visibilizar la crítica situación por la que atraviesa la cultura en general. La consigna consistió en asistir con un elemento distintivo de su oficio o rol, así como una “butaca propia” para formar una platea. Aunque la dimensión performativa de la protesta es algo que ha sido ampliamente estudiada y, por otro lado, muchos movimiento sociales emplean elementos artísticos para hacer oír sus demandas, en un contexto de aislamiento y distanciamiento social, la “toma” de la calle y del espacio público adquiere nuevos significados. De igual forma, es posible ver cómo hay tácticas que se resignifican bajo esta “nueva normalidad”, como el caceroleo en Uruguay o el cacerolazo en Argentina, ahora como una forma de protesta que permite expresar rechazo #quedandotenecasa. 

En Uruguay, las movilizaciones clásicas del calendario anual, como el 8M, Día de los trabajadores, la Marcha de la diversidad y la Marcha del Silencio también tuvieron que reinventarse, aunque dichos procesos no han estado carentes de tensiones dentro de los organizadores, así como con las autoridades respecto a los márgenes permitido y las percepciones respecto al riesgo de determinadas tácticas.  El año pasado, por ejemplo, el la central sindical PIT-CNT  se vio obligada a cancelar el acto tradicional y realizar la movilización bajo la consigna “Lo urgente es la solidaridad”, en referencia a la Ley de Urgente Consideración. La movilización consistió en caravanas en autos y motos en todo el país, seguida de una conferencia de prensa, la emisión de un mensaje por los medios públicos y TV ciudad (tras la negativa del gobierno de hacer una cadena nacional) y se finalizó convocando a un aplauso de apoyo desde los hogares apoyando solidaridad. Este año el PIT-CNT ya ha convocado a una “campaña descentralizada”. En relación al  8M este año, distintas organizaciones tomaron posturas diferentes, mientras Coordinadora de Feminismos UY convocó a concurrir a la marcha procurando respetar las medidas de distanciamiento, la Intersocial Feminista no adhirió a la marcha como otros años y llamó a “múltiples manifestaciones virtuales y presenciales, seguras y cuidadas, en nuestros barrios y pueblos, pero articuladas más allá de fronteras”.  Los organizadores de la marcha del silencio, por su parte, apelaron el año pasado a una serie de innovaciones en su repertorio usual, que hace años convoca a multitudes a marchar en silencio. Días previos a la marcha varios balcones y ventanas exhibieron margaritas (en referencia a la simbólica imagen de la Asociación de Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos). El día de la marcha, Montevideo amaneció con margaritas en varias partes de la ciudad, el tramo que tradicionalmente recorre la marcha fue cerrado, colocando huellas en partes de su recorrido y exhibiéndose las icónicas fotos de los desaparecidos. Por otro lado, se lanzaron varias iniciativas virtuales y se solicitó a la gente que  grite “presente” luego de cada nombre al sintonizar vía radio o televisión un vídeo con las fotos y nombres de personas detenidas desaparecidas. 

En Argentina, las movilizaciones clásicas y conmemorativas, como el 24 de marzo (día de la Memoria) que cada año convoca multitudes a marchar y manifestarse en Plaza de Mayo y otras plazas del país contra el último golpe de estado, adquirieron modalidades virtuales. La convocatoria de los organismos convocantes decía: "El 24 de marzo compartí en redes sociales fotos con pañuelos blancos. Ponelo en tu balcón, puerta o ventana. Sin marcha, pero con memoria". 

Entre las nuevas formas de protesta podemos mencionar los “tuitazos” en donde alguna organización o grupo de personas convoca a repetir en redes sociales (en especial Tweeter) alguna consigna. En general, el tuitazo se realiza en un horario acotado (pocas horas) utilizando un hashtag para que se vuelva tendencia y los medios masivos de comunicación (como los canales de aire de televisión y radio) levanten la noticia. Por ejemplo: #abortolegalya cuando diputados y senadores discutían en el congreso la ley por el aborto legal y gratuito en diciembre 2020 en Argentina. 

Estos contextos de excepcionalidad son terreno fértil entonces para dar lugar a nuevas formas de expresión, innovación y manifestación. Por un lado, aparece el potencial de las redes sociales como un foro para expresar públicamente demandas sin movilizar gente en la calle. Términos como clictivismo, hacktivismo e “individualismo en red” han sido empleados para referir a estas nuevas formas de organización y protesta. Varios autores han referido a las ventajas que el activismo virtual tiene sobre el activismo tradicional, como el permitir organizar e involucrar a la gente en lugares muy distantes, así como costos de organización y participación muchos más bajos (en relación a los recursos materiales, tiempos y riesgos). Aunque internet se ha vuelto un lugar cada vez más popular para manifestar disconformidad y (re)crear identidades colectivas, a menudo funciona como un lugar de apoyo de movimientos en territorio  (Diani 2000; Della Porta y Mosca, 2005). Esto no es nuevo, pero el confinamiento y el distanciamiento social sin duda que lo han potenciado. 

Considerando entonces a las formas de poner en juego sus demandas por parte de las organizaciones y movimientos: ¿Qué innovaciones históricas en los repertorios de acción colectiva aparecen? ¿Cómo organizan la acción colectiva en este contexto tan atípico?  

 La opinión pública y la sanción social 


Un tercer aspecto que es importante revisitar a la luz de la experiencia de este año de pandemia y su impacto sobre la protesta social, es el vínculo que se desarrolla con la opinión pública. Es común, en condiciones de “vieja normalidad” que los activistas sopesan el impacto de posibles tácticas sobre la opinión pública y, en general, se busca poder obtener una reacción del blanco de la protesta, a la vez que generar visibilidad y la legitimación frente a posibles simpatizantes o la opinión pública en general. 


En el caso uruguayo basta recordar la Marcha por la Diversidad del año pasado que, tras haberse realizado como en años anteriores, suscitó varias críticas e inclusive reproches de quienes la responsabilizan por el repentino aumento de casos de contagio. En dicho sentido, hay una suerte de medicalización de la protesta ya que se la comienza a mirar e inspeccionar desde una óptica sanitaria. Los activistas no son ajenos y la utilización de protocolos en marchas y protestas ha sido un intento claro por evitar contagios, junto con mitigar posibles críticas.  


En Argentina, las críticas de los medios y varios sectores se apuntalaron contra los llamados “anticuarentena”, grupos de personas que se reunían para protestar contra las medidas de aislamiento social obligatoria y en reclamos de mayor libertad. Los llamados “anticuarentena” en ocasiones recibieron adhesión de algunos grupos políticos y sociales y de algunos medios que se oponían a las políticas de inmovilidad, que se consideraba limitaban las libertades individuales. No obstante, sus protestas fueron muy criticadas por los medios masivos y, tal como en el caso uruguayo, cuestionadas desde una óptica sanitaria por no cumplir con las medidas sanitarias de distancia social y el uso de barbijos. 


Desde un enfoque de elección racional de la protesta, las decisiones de los movimientos sociales se toman sopesando costos y beneficios pero sin duda que hay elementos afectivos y emotivos que también operan y pesan, tanto en las decisiones de quienes las llevan adelante como en quienes las observan. En estos contextos hay reclamos vinculados a problemas estructurales y sistémicos que adquieren dimensiones nuevas pero también los márgenes de lo políticamente posible se han visto trastocados y las discusiones adquieren un fuerte peso afectivo. Los discursos “procuarentena” y “anticuarententa” se disputaban entre márgenes difusos entre salud y economía.  


¿Qué marcos conceptuales se ponen en juego a través de las protestas en tiempos de pandemia? ¿Cómo se interpretan por parte de la opinión pública?  ¿Con qué receptividad se reciben las demandas? ¿Cómo son levantados por la prensa? ¿Qué tipo de tácticas se legitiman? ¿Qué rol juega el gobierno en los procesos de legitimación?


El control de la protesta y la represión


La cuarentena ha limitado la organización y participación en movilizaciones callejeras, sin embargo, las protestas sociales no han cesado. Como vimos, algunas movilizaciones pasaron a la virtualidad y otras de a poco volvieron a recuperar las calles. Ortiz (2017) ha señalado que desde hace algunos años se ha comenzado a mirar en la región la relación entre movilización y represión. Aunque en el llamado período post-autoritario (de los 90 a la actualidad), la mayoría de los Estados latinoamericanos experimentaron el pasaje hacia formas menos severas de represión, la crisis desatada por el COVID-19 –tanto en Argentina como en otras partes del mundo– otorgó a las fuerzas policiales y de seguridad mayor autonomía y atribuciones para controlar a la población en los lugares donde se decretaron las cuarentenas. Esto ha desencadenado denuncias por violencia y abusos policiales, en algunos casos generando situaciones extremas. 


En Argentina, en tanto, la Ministra de Seguridad Sabina Frederic, con apoyo del presidente, pidió a las policías “trabajar para erradicar casos de violencia institucional por parte de las fuerzas de seguridad en todo el territorio nacional” (Tiempo Argentino, 10 de junio de 2020). No obstante, las policías y fuerzas de seguridad en varias ocasiones respondieron con violencia a las demandas de la ciudadanía. En el caso de las comunidades indígenas, se reprimieron movilizaciones, cortes de ruta y distintas protestas por el acceso al agua potable y servicios esenciales. De acuerdo con informes del CELS (2020) por supuestas faltas a las medidas de aislamiento, las fuerzas de seguridad justificaron el hostigamiento y persecución a las comunidades indígenas. Como contracara, durante el primer año de la pandemia, el gobierno de Alberto Fernández introdujo el ingreso federal de emergencia (IFE) para compensar la pérdida de ingresos de personas afectadas por la emergencia declarada por la pandemia de coronavirus. Con el IFE también se buscaba prevenir “estallidos” sociales y la posibilidad de un incremento de la movilización social (Garay 2007).  

En Uruguay, se han desatado varias controversias en torno a las aglomeraciones y el derecho a la reunión. En noviembre del año pasado una intervención policial en la plaza Seregni para disolver un toque de tambores generó duras reacciones y acusaciones de represión por parte de varios colectivos y organización, generando varias manifestaciones posteriores y declaraciones de rechazo. Posteriormente, se decretó una ley que reglamentó el artículo 38 de la Constitución, dándole prerrogativas al estado de prohibir reuniones masivas y aglomeraciones “por razones de seguridad pública”. Dicha ley se extendió este año “a los efectos de tutelar la salud colectiva”. Como en una guerra, algunos gobiernos apelaron a la idea de un “enemigo” que amenaza la seguridad pública (“Tenemos que estar todos unidos. El mensaje debe ser de absoluta unión. Porque el enemigo es común y es biológico” dijo el ministro de Salud Pública uruguayo, Salinas).  

En este contexto, cabe preguntarse de qué forma se puede garantizar la seguridad ciudadana entendida como la garantía de los derechos ciudadanos, como la posibilidad de movilización y protestas callejeras y evitar la represión y violencia policial. La represión y el control estatal, es la contracara de la política beligerante y cabe preguntarse si las nuevas potestades que se han otorgado al Estado pueden tener ramificaciones que sean más permanentes que los decretos que se han aprobado en condiciones de excepcionalidad. Y en los casos en que estas potestades sean solo transitorias, ¿Cuáles serán las consecuencias en los agentes de las fuerzas de seguridad que recibieron mayores atribuciones y poder discrecional? ¿Cuáles son los márgenes de lo políticamente tolerable en materia de protesta? ¿Cómo y cuándo se legitima la represión? ¿Hay marcha atrás? ¿Hay riesgo de que se le tome el “gusto” a las nuevas limitaciones de las libertades públicas? 


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En fin, sin duda quedan muchas preguntas sin contestar, y seguro que el lector podrá seguir sumando. Lo que es claro es que, como muchas otras dimensiones de la vida, tras un año del arribo del COVID al Río de la Plata, la protesta social ha sido afectada en múltiples dimensiones. Sería bueno estudiarlas y pensar en las lecciones que nos dejan sobre cómo expresamos y canalizamos las demandas, más allá de la crisis sanitaria. Está el riesgo de que el concepto de “nueva normalidad” que ya se nos anuncia sea una siniestra espada de Damocles que pende sobre nuestro futuro. La sociedad civil organizada se disputa entre construir otras nuevas normalidades, volver a la “vieja normalidad” y  volver a la “normalidad” punto. 


 

 *Entrada escrita en conjunto por Gabriela González Vaillant y Fernanda Page Poma






Bibliografía




Buechler, S. M. (2016). Understanding social movements: Theories from the classical era to the present. Routledge.


Diani, Mario. 2000. “Social Movement Networks Virtual and Real” Information, Communication and Society 3(3): 386–401.

Della Porta, Donatella and Lorenzo Mosca . 2005. "Global-Net for Global Movements? A Network of Networks for a Movement of Movements." Journal of Public Policy 25(1): 16590.

Garay, C. (2007). Social policy and collective action: Unemployed workers, community associations, and protest in Argentina. Politics & Society, 35(2), 301-328.

Nava, Agustín; Grigera, Juan Francisco (2020) ; Pandemia y protesta social; Jacobin Press; Jacobin; 2020; 10-2020; 1-9

Olzak, S., & Uhrig, S. N. (2001). The ecology of tactical overlap. American Sociological Review, 694-717.

Ortiz-Inostroza, C., & López, E. (2017). Explorando modelos estadísticos para explicar la participación en protestas en Chile. Revista de Sociología, (32), 13-31

Snow, D. A., Rochford Jr, E. B., Worden, S. K., & Benford, R. D. (1986). Frame alignment processes, micromobilization, and movement participation. American sociological review, 464-48.

Tilly, C. (2008). Contentious performances. Cambridge University Press.



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