La "nueva democracia" y la impunidad

Tomado de: Colectivo Rebelarte.
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En el marco de los treinta años del retorno de la democracia que se celebran este año en nuestro país, se han realizado varios eventos que han generado espacios interdisciplinarios de reflexión y debate. Uno de los últimos eventos realizados el pasado jueves 23 de julio, fue el café tertulia "30 años de relatos, disputas y silencios: sobre los crímenes del terrorismo de Estado en Uruguay. Un enfoque interdisciplinario" organizado por la Universidad de la República en el Espacio Interdisciplinario, el cual contó con un panel con protagonistas como Álvaro Rico, José López Mazz, Emilio Crenzel, Virginia Martínez, Juan Faroppa y como moderadora a Soledad Platero.

En relación a los debates relacionados con este evento, voy a dejar planteadas algunas reflexiones en torno al tema, que nos deberían poner a pensar como sociedad acerca de dónde estamos parados en materia de Derechos Humanos.

A diferencia de Argentina, en donde el qué recordar, el tratamiento de ese pasado reciente y las formas en que se volcó al espacio público han sido diferentes a las configuradas en nuestro país, esto en el país vecino se generó así producto de un debate más articulado entre militantes de los Derechos humanos, los sobrevivientes del terrorismo de estado, los políticos, los académicos y la sociedad en su conjunto.

Cabe destacar que en Argentina se ha llegado a producir una suerte de institucionalización o consagración de la categoría "memoria del terrorismo de Estado", como lo ha sabido estudiar la antropóloga Ana Guglielmucci en su libro "La consagración de la memoria. Una etnografía acerca de la institucionalización del recuerdo sobre los crímenes del terrorismo de Estado en la Argentina." del año 2013.

Esto no ha sucedido de esta forma en Uruguay, aquí estamos aún con altibajos, desentrañando ese pasado, dado que la vuelta a la democracia en Uruguay significó la instauración de la “Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado”, la cual aún vigente, pretende que los crímenes de la dictadura no puedan ser debidamente juzgados, amparando así a los militares y policías responsables, inclusive luego de los dos referendos fallidos para su derogación (1989 y en 2009), lo cual nos obliga como sociedad a interrogarnos si los Derechos Humanos deben ser plebiscitados. Si se debe decidir a través de un plebiscito, acerca de si los familiares de las víctimas y a su vez todos como sociedad tenemos derecho a saber o no, qué sucedió con quienes fueron desaparecidos por el estado, dónde están, quienes cometieron las torturas, por que no están presos, entre otros aspectos que atañen al tema. Si bien esta ley en el año 2010 fue declarada inconstitucional, presentando el Frente Amplio un proyecto de ley interpretativo de la constitución, el cual anulaba los artículos 1º, 3º y 4º, se aprobó en primera instancia por la cámara de diputados, mientras que en el año 2013 la suprema corte de justicia, declara inconstitucional la ley interpretativa de la caducidad, determinando así que las causas judiciales abiertas en las que no hay militares procesados deberán archivarse porque se entiende que los delitos prescribieron y que la ley penal no puede aplicarse retroactivamente. Esto llevó a que en febrero de 2013, la suprema corte de justicia removiera del ámbito de lo penal al ámbito de lo civil a la jueza Mariana Mota quien realizó una de las más importantes condenas, al ex dictador Juan María Bordaberry, quien fue condenado a una pena de 30 años de cárcel en el año 2010, convirtiéndose en un caso emblemático en la búsqueda de las víctimas de verdad y justicia, así como de garantías de no repetición de estos crímenes.

Es un largo camino el que debieron y debemos transitar los países del Cono Sur (Brasil, Chile, Argentina y Uruguay) luego de tener en nuestro haber casi una década marcada por brutales dictaduras, para alcanzar la verdad y la justicia que merecen estas sociedades, las cuales hasta el día de hoy continúan sufriendo la herencia y consecuencias de estos regímenes en diferentes espacios y dimensiones.

Se debe resaltar que en Uruguay no hemos tenido avances como si lo han habido en Argentina, acerca de las alianzas que se mantenían con los civiles y el involucramiento de estos en el régimen, ni con las diferentes empresas multinacionales que sirvieron para financiar los golpes de estado en la región, dado que las dictaduras fueron regímenes cívico-militares, por lo tanto la justicia y la verdad deben ser buscados tanto en civiles como en militares.

Debemos tener en cuenta que dentro de los avances que si se han realizado en nuestro país, se debe destacar la labor de los equipos de historiadores precedidos por el historiador y hoy decano de la Facultad de Humanidades Álvaro Rico; así como también los avances logrados por el equipo de antropología forense que fuera precedido por José López Mazz hasta el año 2014, quienes se encargaron de avanzar en la búsqueda de los restos de los desaparecidos en predios oficiales, trabajos que han servido desde la interdisciplinariedad para reconstruir la historia.

El proceso que ha experimentado Uruguay con la búsqueda de verdad y justicia, ha sido obstaculizado y la impunidad ha sido avalada por la suprema corte de justicia, por ex mandatarios de derecha e izquierda, por el ministro de defensa Eleuterio Fernández Huidobro, y por jueces que han permitido que el ex militar José "Nino" Gavazzo, condenado por delitos de lesa humanidad, tenga una salida transitoria de la cárcel. Ha sido complejo y no ha tenido una debida transmisión pública tampoco.

En la actualidad, Uruguay sigue transitando por un período de fuerte impunidad, lo cual implica una legitimidad de los delitos cometidos durante la dictadura en plena democracia. Si bien los primeros avances en este terreno se realizaron durante el primer mandato de Tabaré Vázquez, falta aún mucho camino por recorrer y se espera que Tabaré profundice en torno a la verdad, la justicia y el Nunca Más.

Podemos señalar que, con respecto a este compromiso que indiscutiblemente debe tener el gobierno con la sociedad toda, ha reanudado las excavaciones en los batallones y se ha planteado una nueva etapa de profundización de este compromiso, con la creación y la puesta en funcionamiento de la Secretaria de Derechos Humanos para el pasado reciente. Dentro de los avances más importantes que hemos tenido, destaco que el treinta de julio pasado la Suprema Corte de justicia rechazó el recurso de casación presentado por la defensa del general (r) Pedro Barneix, el cual consideraba que el homicidio de Aldo Perrini, se considerara prescripto. Por lo que Barneix deberá volver a declarar. Este hecho deja entreabierta la puerta de la esperanza en torno a la búsqueda de la verdad y la justicia y me deja pensando qué tipo de país construimos, cuál es la nueva democracia instaurada?, cuando al pasado lo arrastramos sin importar las herencias y las consecuencias que recibimos de este.

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