Con la nota del jueves 18 de diciembre cerramos el cuarto año de Razones y Personas. Desde su comienzo en febrero de 2011, hemos compartido en este espacio 180 notas de reflexión sobre diversos temas de la realidad uruguaya. Desde octubre de este año, muchas de nuestras notas pueden leerse también en La Diaria. Damos las gracias a todos y a todas quienes dan vida a este proyecto colectivo leyendo y comentando las notas. Retomaremos en febrero con el ritmo habitual de una nota semanal cada jueves. Mientras tanto los invitamos a releer y comentar las notas del 2014 y anteriores. Les deseamos un muy buen 2015.
Feliz 2015
Con la nota del jueves 18 de diciembre cerramos el cuarto año de Razones y Personas. Desde su comienzo en febrero de 2011, hemos compartido en este espacio 180 notas de reflexión sobre diversos temas de la realidad uruguaya. Desde octubre de este año, muchas de nuestras notas pueden leerse también en La Diaria. Damos las gracias a todos y a todas quienes dan vida a este proyecto colectivo leyendo y comentando las notas. Retomaremos en febrero con el ritmo habitual de una nota semanal cada jueves. Mientras tanto los invitamos a releer y comentar las notas del 2014 y anteriores. Les deseamos un muy buen 2015.
La Crisis de la Guerra Contra las Drogas Desde Uruguay
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Nota de Guzmán Castro
En estos días se celebra el primer año de la ley que regula el mercado de cannabis en Uruguay. El proceso que tuvo su clímax con la aprobación de la ley No. 19.172 se ha caracterizado por una hiper-visibilización global -sorprendente aún en la era del Uruguay celebridad de Mujica. Es que a medida que el fracaso de la “guerra contra las drogas” (GCD de ahora en más) se instala como un sentido común, el novel régimen canábico uruguayo oficia de vanguardia en una posible (aunque no segura) ola de transformaciones en la vida socio-política de las drogas.
El caso uruguayo es,
al mismo tiempo, producto y parte constitutiva de una crisis global
en el campo de las drogas. Una crisis gestada en la acumulación de
contradicciones, oscuras y evidentes, de la GCD y encarnada de la
forma más macabra en los cuerpos de 43 estudiantes mexicanos
arrastrados al infierno de la violencia narco-estatal.
Lamentablemente, las vidas de los 43 de Ayotzinapa, invaluables e
irrecuperables, son sólo la punta
del iceberg. La GCD no ha cumplido, ni de cerca, con los
objetivos que le dieron su razón de ser. La producción, el tráfico,
el consumo y la violencia relacionada a las drogas ha aumentado
ininterrumpidamente en las últimas cuatro décadas. Por otro lado,
los dispositivos médico-policiales de GCD sí han sido efectivos en
la represión, exclusión, y estigmatización de “indeseables”
sociales para el orden imperante -cortados por clase, edad, etnia,
color y género.
Cuando la
desestabilización de la GCD gana terreno de la mano de alternativas
políticas antes impensables (entre ellas la uruguaya) y el paroxismo
de violencia que sufren países como México y Guatemala (pero que no
es ajeno al resto de la región), debemos preguntarnos cómo
aprovechar una crisis donde, a decir de Gramsci, lo viejo no acaba de
morir y lo nuevo no acaba de nacer. Mejores mapas conceptuales pueden
ayudar en esta tarea.
La GCD en tres niveles
La GCD es una red de
estrategias y tecnologías destinadas al control de la producción,
el comercio y el consumo de (algunas) drogas. Esta “guerra,” de
génesis borroso pero generalmente trazado a la explosión de
dispositivos punitivos a comienzos de la década de 1970, opera en
tres niveles: de políticas públicas, programático y filosófico.
En un primer nivel están
las políticas públicas específicas puestas en marcha para “atacar”
el “problema” de la droga. La serie de disposiciones legislativas
que en casi todo el continente penan la tenencia y el consumo de
drogas ilegales a través del sistema carcelario o la internación
médica son un ejemplo.
Es a nivel programático,
sin embargo, donde se estructura el “problema de las drogas” que
las políticas públicas tratan de resolver. Ningún problema social
es naturalmente un problema. Basta recordar que en las
primeras décadas del siglo XX la cocaína era producida legalmente
por la farmacéutica alemana Merck (de ahí la “merca”) que
importaba esas amarillentas tortas de pasta básica de cocaína del
Perú, para luego vender el producto -en ese entonces médico- en
farmacias. O que, hasta los primeros años del siglo XX, Gran Bretaña
financiaba gran parte de su imperio en el sudeste asiático con las
ganancias del monopolio de opio. ¿Son las drogas un problema
económico, científico, policial, médico, o moral? ¿Quién tiene
la legitimidad para actuar sobre este problema y bajo qué métodos,
objetivos, normas, y reglas de juego? ¿En quién deberían
materializarse estas intervenciones? El entramado de preguntas y
respuestas que conforman el problema de la droga y legitiman las
políticas públicas se define a nivel programático.
Debajo de los dos primeros
niveles están las “filosofías públicas,” profundamente
institucionalizadas y muchas veces invisibles. Es aquí donde la
arbitrariedad histórica y contingente de todo orden social se
naturaliza.i
El tercer nivel suele ser fuertemente normativo, asentado en
dicotomías como bueno/malo, moral/inmoral, social/anti-social. Estas
cosmovisiones (worldviews o Weltanschauung)
legitiman los dos primeros niveles y son mucho más estables -aunque
en momentos de crisis pueden resquebrajarse.
Volvamos al caso uruguayo.
En lo que respecta al cannabis, Uruguay ha sufrido radicales cambios
a nivel de políticas públicas y transformaciones más modestas a
nivel programático (por ejemplo, el avance de paradigmas de
reducción de daños y un desplazamiento del aparato punitivo fuera
del consumidor y hacia el comercio ilícito). Aunque el tercer nivel
es el más difícil de evaluar en el corto plazo, parecería que
también hay cambios en marcha de la mano de una normalización del
consumo que parecía impensable hace apenas unos años. Ahora bien,
estos cambios se limitan al campo de la marihuana. El resto de las
drogas ilegales no parecen, por el momento, moverse en paralelo
(vuelvo a este problema más adelante).
Los “viajes” de la
GCD
Las drogas son commodities
globales por excelencia. Es lógico, entonces, que la historia de la
GCD, especialmente en América Latina, esté signada por flujos de
ideas y recursos, y por intervenciones y exportaciones
transnacionales -regidos en buena medida por los vaivenes de la
política exterior estadounidense. Pero las tecnologías de control
al centro de la GCD no fueron “transferidas” de forma cristalina.
Más bien han “viajado” de Norte a Sur. La diferencia reside en
que los objetos, tecnologías y políticas que “viajan” nunca se
mantienen intactos, sino que mutan en el proceso de montaje con un
contexto local determinado.
Sería un error entonces
hablar de una GCD (error en el que caen gran parte de los
estudios de la GCD en América Latina). En realidad existe una
diversidad de campos de regulación que emergieron de estos procesos
de montaje.
A principios de la década
de 1970, Uruguay se suma a una campaña anti-droga promovida por
Estados Unidos. El “lobby” estadounidense -en forma de comisiones
de narcóticos que visitaron el país, traspaso de “información”
a medios de comunicación, y presión directa sobre los más altos
escalafones gubernamentales- fue clave en la activación de un
“problema de la droga” que hasta 1972 no aparecía en la agenda
pública.ii
El gobierno de Juan María Bordaberry, buen discípulo de Guerra
Fría, cumplió con las demandas del Norte. En 1972 se crea una
comisión de toxicomanía en el país. Al año siguiente se forma la
Brigada de Narcóticos en el seno de la Dirección Nacional de
Inteligencia, y en octubre de 1974, en línea con el resto de la
legislación anti-drogas en la región, el Consejo de Estado aprueba
la ley No. 14.249.
Argentina vivió un
proceso parecido, aunque no igual. El “problema de la droga,”
como ha demostrado Valeria Manzano, se articuló como parte de la
amenaza subversiva. Drogas y Montoneros eran, en el discurso de las
fuerzas del orden conservador, parte de una misma amenaza social.
Mientras que en Uruguay la comisión encargada de redactar la ley de
“narcóticos” estuvo integrada en su mayoría por médicos (y la
Dra. Adela Reta), en Argentina esa labor fue delegada al Ministerio
de Bienestar Social, al mando del mismísimo padre de la Triple A,
José Lopez Rega. No es que en Uruguay no hayan habido intentos de
relacionar subversión y drogas. La prensa conservadora, grupos como
la JUP, y alguna que otra figura política lo intentaron sin éxito.
Quizás la diferencia más importante es temporal. Para 1973, año
clave en la llegada de la GCD a la región, la "subversión" en Uruguay estaba ya diezmada, mientras que en Argentina la lucha armada recién
empezaba a radicalizarse.
De estos diferentes
procesos fundacionales nacieron campos de regulación muy distintos.
Es paradigmático que, en plena dictadura, la ley 14.249
descriminalizó la tenencia de drogas para consumo personal -una
normativa excepcional a nivel mundial. Claro que en la práctica el
estado uruguayo se ha cansado de reprimir a los usuarios de drogas
haciendo un uso arbitrario de la legislación. Sin embargo, estas
diferencias fundacionales tuvieron consecuencias de largo plazo.
Mientras en Argentina todavía se pelea por descriminalizar el uso,
en Uruguay se pudo avanzar mucho más radicalmente gracias a este
precedente. Simplificando una historia compleja, las características
del campo de regulación de drogas en Uruguay permitieron una
resistencia a la GCD que hasta el momento no ha podido ser replicada
en el país vecino.
La historia del
presente de los campos de regulación importa hoy. La crisis
global de la GCD no va a generar efectos homogéneos. El futuro de la
regulación de drogas en la región va a ser el resultado del montaje
entre procesos transnacionales (una política exterior estadounidense
menos dogmática dados sus propios cambios domésticos, el
recrudecimiento de la narco-violencia, experimentos como el uruguayo,
entre otros) y contextos locales con trayectorias institucionales muy
distintas.
¿Hacia dónde vamos?
Concluyo con tres
reflexiones:
- La GCD puede cambiar o mantenerse estable en cualquiera de los tres niveles. Cambios a nivel de políticas públicas y programáticos son los más factibles. Sin embargo, la lucha de fondo tiene que apuntar a transformar las filosofías públicas en la base de la GCD. Mientras se mantengan, siempre va existir la posibilidad de acondicionar las tecnologías de la GCD para reprimir y estigmatizar a alguien más -como es el caso con el “pastabasero” en nuestro país y como parece estar pasando con la heroína en Estados Unidos.
- Los contextos locales importan, y mucho. Es entonces primordial estudiar la historia del presente de la variedad de campos de regulación: sus orígenes y evolución en los intersticios entre lo local y lo global (un camino que, muy recientemente, algunos en la línea de la “nueva historia” de la droga en América Latina han empezado a emprender).
- No hay un solo camino de resistencia a la GCD. Tampoco hay soluciones mágicas. Es difícil, sin embargo, pensar en alternativas que sean peores a lo que ya hemos tenido. El trabajo de resistencia debería ser pensado como un proyecto democrático y emancipatorio, de imaginación colectiva, donde aquellos sobre los que tradicionalmente ha caído el peso de la GCD -organizada por elites auto-nominadas con el monopolio sobre “el problema de la droga”- ganen una voz cada vez más legítima. En este sentido, el movimiento social detrás del nuevo régimen canábico en Uruguay tiene ya bastante para enseñar, aunque cada sociedad deberá imaginar y librar sus propias luchas.
iSimilar
a las “mentalidades” en Foucault, las “doxas” en Bourdieu, o
el “sentido común” en Gramsci.
iiLa
información que sustenta estos argumentos proviene de una
investigación en curso sobre los orígenes de la GCD en Uruguay.
Eleccciones uruguayas y mitos griegos
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Sin embargo, hay grietas
en esta ídilica imágen. El Presidente saliente advirtió que dinero
del narcotráfico podría
haber ingresado en la campaña electoral. Un
edil de la oposición fue procesado por
vínculos con el narcotráfico. El medio online
Sudestada, utilizando información proporcionada por la Corte
Electoral detectó una
serie importante de violaciones a la regulación electoral,
particularmente en términos de financiación de las campañas
políticas. Las repercusiones de esta noticia
llevaron a admitir a la Corte Electoral que era incapaz de
controlar a los partidos y los fondos que estos reciben.
La información pública demuestra a su vez que los partidos no
presentan su contabilidad de manera sistemática, complicando
cualquier operación de control social como señala un reciente
estudio de Victoria Terán. Las estimaciones
realizadas por estudios realizados por Daniel Chasquetti y Rafael
Piñeiro * afirman que aproximadamente el 75 % del dinero en las
campañas viene de fondos privados. La publicidad que los medios de
comunicación realizan (y sus costos) también son parte de la caja
negra del sistema.
¿Cuál es el
problema? El dinero en política es un fenómeno difícil de
estudiar. A diferencia de la influencia que tienen los votos de los
ciudadanos en la elección de un candidato (la cuál es bastante
observable) , la cantidad de dinero, de quien viene y cómo influye
es difícil de estimar. Algunos estudios en los Estados Unidos
muestran como las maquinarias de recaudación de fondos influyen en
el despegue y eventual éxito de algunas campañas. Trabajos como el
“Explorador
de influencia” de la Fundación Sunlight
muestra como el dinero que ciertos actores ¨contribuyen¨al proceso
electoral norteamericano y a la aprobación de ciertas regulaciones.
Pero aún en contextos donde la información está relativamente
disponible, es difícil de saber exactamente como el dinero juega en
campaña y después de ella. El presupuesto más simple ( e inocente)
es que el dinero compra influencia y acceso a quienes deciden como
afirman
Casas y Zovatto en un estudio sobre América Latina.
Este acceso de quien contribuye es obviamente mayor que el de otros
grupos e individuos en la sociedad que no lo hacen y puede
traducirse en la adopción (o no) de determinadas normas que
favorezcan a ciertos grupos.
En Uruguay los partidos
políticos tienen un prestigio ganado fruto del devenir histórico
del país y la creencia establecida en diversos ámbitos acerca del
rol positivo que cumplen en la democracia. Frente al argumento de la
necesidad de controlarlos, la respuesta usual es que, debido a la
competencia existente entre los partidos uruguayos, se controlan los
unos a los otros de forma eficiente. Usualmente quienes abogan por
mayor transparencia son considerados “anti-políticos” y
portadores de una actitud ¨moralizante¨ frente al ejercicio del
poder (del cuál en la citada visión tienen casi un monopolío).
Sin embargo este anticuado debate debe cesar frente a la evidencia:
el garante del sistema es incapaz de vigilar lo que pasa y la
mayoría de los aportes a los partidos vienen de lugares que no se
conocen.
Las soluciones frente
este problema son múltiples. Las mismas incluyen un regulador con
poderes, normas que obliguen a los partidos a liberar más
información y control social adecuado. También requiere repensar el
financiamiento de los partidos con fondos públicos y su espacio en
los medios. Es un combo que como señalan algunos colegas requiere
de una solución a la “Ulises
encadenado”.
Ulises ató sus manos para prevenir que el canto de las sirenas le
costará su vida, de la misma forma que los partidos debieran limitar
de quien reciben fondos para asegurar su independencia. La solución
“a la Ulises” depende de que los partidos en el poder den el
primer paso. También hay una solución alternativa: a la “Narciso”.
Preso de su supuesta belleza Narciso murió ahogado al caer en el
lago. Y ese es el riesgo del discurso auto-complaciente que se sabe
afortunado en el contexto regional y para el cuál “todo está bien
como está”. Para bien o para mal dinero, influencia y política
irán juntos por largo tiempo. La manera en que este tema se resuelva
dirá mucho de la supuesta madurez y sofisticación, tanta veces
proclamada, de nuestro sistema político.
Fabrizio Scrollini
* Las afirmaciones de
ambos autores se dieron en el marco del evento En
la caja negra de la democracia uruguaya
organizado por AUCIP el 19 de Setiembre de 2014 y forman parte de sus
respectivos trabajos de investigación presentados en dicho evento.
Repensando la Democracia Directa en Uruguay
Nota de David Altman
Difícilmente podamos entender a cabalidad la política uruguaya post-1985 sin prestar atención a los mecanismos de democracia directa, sus discusiones, sus interpretaciones, y obviamente, sus decisiones. Los referéndums y las iniciativas populares son y han sido una de las columnas vertebrales de la democracia uruguaya: estos instrumentos-- independientemente de sus resultados--son pedagógicos, democráticos y soberanos. Habiendo concluido el pasado domingo 26 de octubre el voto #39 de nuestra historia de decisiones directas (aunque este número cambiaría un poco de acuerdo en cómo se cuenten), estoy convencido que el país debe hincarles el diente para hacerles ciertas mejoras y ajustes.
Si
en mí estuviese la posibilidad de mencionar algunos cambios
institucionales para mejorar la calidad de nuestra democracia directa
(y por ende la democracia en general), estas serían mis propuestas:
- Se separará todo acto eleccionario de autoridades (representantes y ejecutivo) de cualquier acto de democracia directa para evitar la contaminación de una sobre la otra. De lo contrario corremos el riesgo de presidencializar la democracia directa, o viceversa. Es decir, es razonable pensar que el constituyente pensara que el hecho que las iniciativas se voten de forma concurrente con la próxima elección nacional tiene como objetivo no malgastar los siempre limitados recursos del estado. Pero las elecciones de autoridades y los votos populares responden a lógicas radicalmente distintas y es sensato considerarlas de forma independiente. En la práctica, mi propuesta es que la calendarización en caso de referéndum seguirá como hoy día y en caso de iniciativa popular de reforma constitucional, estas deberían ser, de acuerdo a nuestra rica tradición electoral, el último domingo de noviembre del año siguiente una vez aprobadas las firmas por la Corte Electoral. No se votarán Iniciativas Populares durante el año de elecciones nacionales.
- Se harán más coherentes las exigencias en términos de firmas necesarias para calificar una iniciativa popular de reforma constitucional y un referéndum contra las leyes. Si bien la inclusión de los mecanismos de democracia directa en Uruguay se ha ido desarrollando desde la constitución del año 1934, esta integración no ha sido necesariamente consistente. Por ejemplo, aún no he encontrado una respuesta satisfactoria a la pregunta de por qué, en términos de firmas, es mucho más fácil iniciar una reforma constitucional (10% del registro cívico) que el ir contra una simple ley (25%!). Esto no tiene sentido; parece que el constituyente no mantuvo una proporcionalidad o lógica legal en el rango de importancia de los distintos mecanismos. Obviamente, debería ser más “difícil” reformar la Constitución, documento máximo que rige todo el funcionamiento democrático e institucional de la república, que derogar una simple ley. Consecuentemente:
- Se aumentará el número de firmas necesarias para una iniciativa popular de reforma constitucional a un 15% aproximadamente del registro cívico.
- Se disminuirá el número necesario de firmas para referéndums contra las leyes del 25% del electorado de hoy a un 10% (aproximadamente) de adhesiones ciudadanas.1
- En cada voto directo, el ciudadano tendrá todo el rango alternativas de posible respuesta: podrá hacerlo por la afirmativa, la negativa, o inclusive podría votar en blanco (sin incluir voto alguno en el sobre) o anular el voto (incluyendo el SI y el NO simultáneamente). Es decir, existirá papeleta por el NO en caso de iniciativa popular de reforma constitucional. De esta forma, nos evitamos la tediosa discusión sobre la interpretación de lo qué quiso decir el que no incluyó la papeleta del SI junto a su voto.2 De existir una papeleta por el “no” sabríamos a ciencia cierta, cuantos ciudadanos apoyan la norma, cuantos la rechazan, y cuantos son indiferentes. Estos números son de crucial importancia para los hacedores de política pública.
- En relación a los referéndums se eliminaran los “actos de adhesión” (producto de una auto-declarada incapacidad de la Corte Electoral en los años ochenta para validar una masiva entrega de firmas), evitando “votar a ver si votamos”, las campañas desmovilizadoras (y todo el riesgo sobre las personas que conllevan), y una potencial presión indebida sobre los que van o los que no van a votar.3
- La aprobación de una iniciativa popular de reforma constitucional estará supeditada a que los votos por “si” sean la mayoría simple y representen por lo menos el 35% del registro cívico—cifra estable desde la Constitución de 1942—para que esta sea vinculante (hoy día, representarían unos 910.000 votos aproximadamente). Actualmente, la exigencia de la mayoría absoluta de los ciudadanos participando en los comicios hace que las iniciativas populares corran con una enorme desventaja frente al status quo y que consecuentemente, las probabilidades de ser aprobadas sean, ceteris paribus, notablemente bajas. La aprobación de un referéndum será por mayoría simple.
Estoy
convencido que estas simples reformas revitalizarán y mejorarán
substancialmente el funcionamiento de la democracia directa (y
representativa) en el país. Obviamente, quedan muchas dimensiones
sin tratar en esta columna (financiamiento, difusión-propaganda,
etc), pero que por motivos de espacio solo podré abordar en futuras
contribuciones.
En
un contexto que se prevé con ricas discusiones sobre ciertos
aspectos institucionales (ballotage, tipo listas, etc), no debemos
olvidarnos de estos fundamentales flashes de soberanía popular que
nos caracterizan como República.
David Altman
1 Estas cifras “entonarían” nuestras exigencias al derecho
comparado internacional. A modo de ejemplo, en los más de 20
estados de los Estados Unidos que permiten mecanismos de democracia
directa iniciados por la ciudadanía, se requiere aproximadamente
una adhesión del 8% del número total de votantes en la última
elección para gobernador del Estado para realizar un referéndum o
reforma constitucional. En Suiza, una iniciativa popular de reforma
constitucional a nivel federal, tiene una exigencia de 100,000
firmas, lo que representa un 2% aproximadamente de la ciudadanía y
un referéndum la mitad (1%); virtualmente lo mismo se repite en los
26 cantones (departamentos). En Italia se requiere medio millón de
firmas para un referéndum, lo que equivale a un 10% de los
ciudadanos.
2 Posiblemente, dependiendo del lado que uno esté en debate de turno
tendrá efectos sobre cómo se interpretarán estos “silencios”.
En esta última oportunidad, los que estaban en contra de la norma
de bajar la edad de imputabilidad, tenderán a ver un acto de
convicción popular que evitaba exprofeso la reforma constitucional.
Los que apoyaban la reforma, argumentarán que no se le puede
imputar un deseo específico a los que no votaron y que
consecuentemente no se puede decir que la mayoría dijo NO, sino que
simplemente la reforma no supero el umbral necesario.
3 Sobre
los actos de adhesión ya exprese mi opinión (negativa) en Mayo del
2013. Ver:
https://www.academia.edu/3618692/Sobre_la_Promoci%C3%B3n_de_un_Refer%C3%A9ndum_y_Actos_de_Adhesi%C3%B3n_en_Uruguay
Invertir en Infraestructura Pública
Entre aquellas
reflexiones mencioné que el equilibrio fiscal no es necesariamente un objetivo
deseable, ni siquiera a largo plazo. La nota de hoy pretende ahondar sobre ese
punto. La idea central es que nos encontramos en un momento muy oportuno para incrementar
las inversiones en infraestructura pública y financiarlas con deuda.
La oportunidad del
momento actual está asociada a dos aspectos. Primero, existe consenso en que el
déficit de infraestructura está imponiendo un cuello de botella al crecimiento
económico (por ejemplo, en la edición Nº
27
de la revista de la Cámara de la Construcción del Uruguay se destaca el déficit
de la red vial uruguaya). Solucionar este problema generaría por tanto efectos
positivos sobre el crecimiento, tanto en el mediano como en el corto plazo.
En segundo lugar, la
tasa de interés de la deuda pública uruguaya se encuentra en niveles
históricamente reducidos. ¿Por qué entonces no
aprovechar este momento de crédito barato para realizar inversiones que
aumentarán la capacidad de crecimiento económico?
Efectos
macroeconómicos de la inversión pública en infraestructura
El World Economic Outlook
del Fondo Monetario Internacional (FMI) del mes de Octubre analiza los efectos
macroeconómicos de la inversión en infraestructura pública. Estos efectos pueden
separase en tres. Primero, el aumento de la inversión genera un aumento directo
de la demanda agregada (similar a cualquier aumento de gasto), que se vería
reforzado por un incremento de la inversión privada debido a la alta complementariedad
de algunas inversiones. Segundo, la mejor infraestructura pública genera un
aumento de la capacidad productiva, por lo que habría también un efecto positivo
sobre la oferta. Finalmente, cuando el
aumento de la inversión es financiado con deuda, la deuda pública aumentará lo
que podría generar un aumento del ratio Deuda/PIB.
El informe del FMI
contiene estudios empíricos y teóricos que pretenden cuantificar esos tres
efectos. El principal resultado es que se la inversión en infraestructura
pública genera efectos significativos sobre el crecimiento tanto en el corto
como en el largo plazo. Para economías desarrolladas, un incremento de la
inversión equivalente a 1 punto del PIB genera un aumento del PIB de 0,4 puntos
el mismo año y de 1,5 puntos en los cuatro años siguientes.
El efecto final sobre
el ratio Deuda/PIB depende de las características de la economía. En economías
estancadas y con un alto nivel de eficiencia de la inversión pública (cuando un
alto porcentaje del aumento de la inversión se traslada al incremento del stock
de capital), el ratio Deuda/PIB disminuiría debido al mayor aumento del
denominador. Este efecto es mayor cuando la inversión se financia con deuda
pública que cuando se hace con mecanismos alternativos sin efectos sobre el
balance fiscal.
En esas condiciones, la
inversión pública se "auto-financiaría" dado que el aumento del stock
de deuda generaría una reducción del ratio Deuda/ PIB (indicador relevante de
sostenibilidad de la política fiscal). Para los países desarrollados, que
presentan niveles de eficiencia adecuados y economías estancadas, el informe
del FMI recomienda la inversión en
infraestructura pública como un posible impulso para la salida de la crisis.
La economía uruguaya no
está estancada, por lo que una de las condiciones para que la inversión pública
se "auto-financie" no está presente. Sin embargo presenta un claro
déficit de infraestructura (probablemente mucho mayor en las economías
desarrolladas) por lo que el impacto sobre el crecimiento, tanto a corto como a
mediano plazo, será igualmente significativo.
Lograr niveles de
eficiencia adecuados resultará clave para que la mayor inversión pueda financiarse
con mayor endeudamiento sin que ello repercuta negativamente en los indicadores
de sostenibilidad fiscal.
Generar
institucionalidad fuerte
Los resultados del
estudio del FMI plantean la siguiente interrogante. Si la inversión pública en
infraestructura genera efectos positivos sobre el crecimiento tanto a corto
como a largo plazo, y si -eficiencia mediante- estas inversiones "se pagan
solas" ¿porqué hemos llegado a los niveles actuales de déficit en
infraestructuras?, ¿por qué los gobiernos han postergado sistemáticamente estas
inversiones tan beneficiosas?
Una posible explicación
es que la naturaleza de las inversiones en infraestructura las convierte en
proyectos políticamente poco atractivos. Se trata de proyectos muy costos cuyos
retornos se observan en períodos muy largos (generalmente más largos que un
período de gobierno). Así, para invertir en infraestructura los gobiernos
deberían "desviar" un monto amplio de recursos de proyectos
políticamente rentables, a otros que no lo son.
Buscar mecanismos para
evitar este conflicto de intereses debe ser un objetivo prioritario del próximo gobierno. Como
argumentan el informe del FMI y Martin
Wolf en su nota del 21 de Octubre en el Financial Times una posible solución es
adoptar la regla presupuestaria de oro.
Esta regla implica
excluir la inversión pública de los indicadores utilizados para establecer
objetivos fiscales, de forma que no se asigne a un año particular el costo de
una inversión que generará retornos durante un período prolongando. Es decir,
los objetivos fiscales deberían fijarse sobre el resultado corriente (sin
contar las inversiones) en lugar de sobre el resultado fiscal total.
Como indican Blanchard
y Giavazzi (2004)[i],
un resultado corriente equilibrado es compatible con un ratio Deuda/PIB
equilibrado en el largo plazo. Además, quitar las inversiones de los objetivos
fiscales promueve la equidad inter-generacional evitando cargar a una única generación
el costo de inversiones que serán utilizadas por muchas.
No obstante, la regla
de oro no está exenta de críticas (para
un análisis detallado ver Buiter, 2001 [ii]).
Entre ellas se destaca que eliminar la inversión de los objetivos fiscales pude
fomentar prácticas de "contabilidad creativa" tendientes a clasificar
gastos correnties como inversión. Asimismo, la libre disponibilidad de fondos
públicos podría evitar la presencia de financiación privada en proyectos en los
que sería deseable que la hubiera.
La implantación de una
regla de este estilo requeriría entonces un diseño institucional fuerte que
evite la materialización de esos riesgos. Además, una mayor fortaleza
institucional tendería a mejorar los mecanismos de selección, implementación y
monitoreo de los proyectos lo que redundaría en una mejora de la eficiencia de
la inversión.
En síntesis, un
objetivo de resultado corriente equilibrado y financiación de proyectos de
inversión de alto impacto mediante deuda parecería una política adecuada, siempre
y cuando seamos capaces de generar una institucionalidad fiscal fuerte que
evite riesgos y aumente los niveles de eficiencia.
Para cerrar la nota
quisiera hacer un comentario sobre la comparación entre las cuentas públicas y
la economía familiar habitualmente utilizada como argumento para reclamar la
eliminación del déficit fiscal. En pocas palabras, suele decirse que así como
una familia no puede vivir permanentemente gastando por encima de sus ingresos,
un estado tampoco.
Hay al menos dos argumentos
que hacen que dicha comparación sea engañosa. La principal, como se indicó en
esta nota, es que las decisiones de ingresos y gastos del gobierno generan
importantes efectos macroeconómicos de corto y largo plazo que no pueden obviarse
a la hora de fijar objetivos fiscales. Es decir, a diferencia de las familias,
las decisiones actuales de ingresos y gastos afectan los ingresos y gastos
futuros.
La segunda razón es que
el objetivo de equilibrio fiscal que se desprende de la comparación con la
economía familiar, implicaría la eliminación completa de la deuda a largo
plazo. Si bien este es un objetivo deseable para las familias, no lo es para un
estado. Como argumentan Blanchard y Giavazzi (2004) hay al menos dos razones
relevantes ello: la deuda pública es un instrumento para realizar
transferencias inter-generacionales y puede ser utilizada para la financiación
de proyectos de alto retorno social.
Deberíamos mover el
foco del debate, situado actualmente en la cifra del déficit, a cómo aprovechar
las condiciones actuales de crédito barato para realizar inversiones en
infraestructura pública que aumenten las
capacidades productivas de nuestro país.
A mi no me encuestaron*
Un libro sobre estadística que llego hace un tiempo a nuestras manos comenzaba diciendo “Las personas hablan en español y mienten, aun así nadie dice “el idioma español miente”. Algo similar planteaba el viejo de J.P. Damiani al decir “Los números no mienten, pero los mentirosos hacen números”. Sin embargo, es muy común escuchar “las estadísticas mienten” y que nadie se de esta contradicción. En este sentido, el último domingo de octubre nos dejó varias cosas, algunas novedosas, otras simpáticas y algunas preocupantes. Selfies, caricaturas de los actores políticos, comunicadores y el gaffé de las encuestadoras fueron las novedades de este acto eleccionario… nos hizo acordar un poco a cuando leímos por primera vez el prólogo del libro de estadística.
Este artículo intenta simplemente articular algunas de nuestras opiniones -y discusiones- en torno a estos episodios. Si bien existen cientos de diversas puntas para tocar sobre la temática[1], sepa disculpar el lector que nos centraremos sólo en unas pocas que nos parecieron relevantes y –creemos- aún no han sido discutidas hasta la fecha.
Un poco de palos de todos lados…
La diferencia entre las encuestas realizadas semanas antes del sufragio, las distancias entre las proyecciones de escrutinio y el resultado final, han sido todos temas de debate candentes, muchas veces más fanatizados que racionales, otras más teóricos que empíricos o prácticos. Desde muy diversos bandos, todos se suben al bote a pegarle a las encuestas. Al punto tal que el Frente Amplio ha manifestado que piensa en regular las encuestas en el próximo período y hasta algunas encuestadoras -como Factum- parecen estar de acuerdo con esta “ley de encuestas”.
Algunas veces las voces que se han alzado en contra del desempeño de las empresas provienen de personas de las cuales haríamos bien de sospechar su idoneidad para opinar sobre el tema (el lector puede perfectamente hacer lo mismo sobre la nuestra, he aquí el problema de caer en el ad hominem), mientras que otros introducen teoremas, formulas y leyes estadísticas que –más que nada- tienden a alienar al lector, aparentando un exceso de idoneidad (que quizás no sea tan pertinente al campo de las encuestas como al de la matemática estadística).
Si hacemos un poco de memoria recordaremos que la interpelación al desempeño de las encuestas tuvo un primer empuje durante las internas con frases de presidenciables como el título con el cual adornamos esta nota. Las variantes de este tipo de frase pueden señalar diversas cosas: deslegitimar resultados negativos, intenciones políticas para evitar la influencia de los resultados de encuestas en la opinión pública (se crea o no en la legitimidad de las mismas), entre muchas otras. Sin embargo, a nuestro entender existe un factor de fondo que se encuentra detrás de todas las anteriores al mismo tiempo: la falta general de alfabetización estadística; y lo que es aún más preocupante, de periodistas y políticos.
Encuestas Vs. difusión
Descartando de pleno los argumentos político-conspiratorios (siempre el que se ve desfavorecido es el que canta primero), existen algunos cuestionamientos un tanto más interesantes para discutir. Comencemos por la idea de que existe una necesidad de regular las encuestas como forma de evitar su influencia en la opinión pública. Para ponerlo sucintamente, regular las encuestadoras tiene similar utilidad social que regular la receta de las masas de pizza usadas en el país. ¿Qué queremos decir con esta comparación (bien burda)? Las encuestadoras son empresas privadas que trabajan a demanda de un número –generalmente reducido- de clientes. En caso de regular a las encuestadoras estaríamos reglamentando este tipo de trabajo. La publicación de resultados -y similares- es otra cuestión muy distinta que más que a las consultoras refiere a los medios de comunicación (prensa, TV, Radio, Internet) y lo que éstos deciden publicar de las encuestas en sí[2].
En otros términos, si el miedo existente refiere al efecto de las encuestas en la opinión pública, a quién deberíamos regular es a los medios y/o quienes deseen revelar la información de las mismas; la divulgación de los resultados no se encuentra obligada por ningún órgano a la fecha. Volviendo sobre la pizza, por lo menos la regulación de las recetas de muzzarela nos garantiza que las mismas tengan piso y afecta directamente a un número enorme de consumidores que pagan por ellas, eso parece ser bastante importante.
La teoría del consejo de encuestadoras
Hay otros que sostienen que no son los partidos políticos los que conspiran, sino una suerte de oligopolio de las empresas consultoras al desear mantener su poder mediante la influencia en la opinión pública; váyase a saber para qué. Por más que como seres humanos tendamos a encontrar historias y anomalías donde sólo hay azar, existen diversos elementos que hacen que caer en este tipo de conspiración sea mucho menos razonable que pensar en la existencia de errores (en el muestreo, relevamiento o ponderación) que afectan a la mayoría de las empresas consultoras.
Más allá de que las encuestadoras existen hace varios años y han trabajado con gobiernos de diferentes partidos, su principal fuente de ingresos no son las elecciones sino todo lo que viene en el medio. Las elecciones se realizan cada cuatro años, mientras entre uno y otro acto eleccionario éstas deben seguir generando ingresos, más que nada prevenientes del sector privado. Sucede que la principal herramienta que tienen para atraer clientes en este –su principal- mercado es el prestigio. No resulta racional que las empresas pongan a la venta su tesoro más preciado (su efectividad a la hora de hacer encuestas y/o acercarse a una imagen similar a la realidad a través de la investigación social aplicada); quizás todo lo contrario: las elecciones sirven de una suerte de “vidrieras”, donde deben mostrar su mejor producto para venderse en el período siguiente. Operar políticamente va en contra de sus intereses principales: los económicos.
Los sabios matemáticos
En tercer lugar tenemos a los argumentos que se basan exclusivamente en postulados de ciencias formales. Al menos dos ingenieros (nótese: profesionales que no provienen del campo de las ciencias sociales) han esgrimido argumentos matemáticos sobre la inviabilidad de los resultados de las encuestadoras en base a leyes de la estadística (ver Números finos del Ing. Mordecki y Urna para todos referido a una demanda con más tintes conspiratorios propuesta por el Ing. Elices).
Sucede que las encuestas no son instrumentos de ciencias teóricas o formales en las que luego de aplicar fórmulas matemáticas nos encontremos con una réplica exacta de la realidad. Las encuestas son una forma de aproximarse, o quizás mejor, de tomar una foto de la realidad en X momento. Basta con nociones básicas de metodología, epistemología social o salir al campo una sola vez, para entender el error en el que caen estos ingenieros.
Por muchos motivos (que quizás sí convendría que las encuestadoras explicitaran), las encuestas no son una foto perfecta. Siguiendo con esta metáfora de la foto, tal cual como cualquier medio de captura, tienen imperfecciones y distorsiones, producto de diversos factores (defectos en el lente, estabilización de la imagen, cuestiones vinculadas a la iluminación, etc.). Podríamos preguntarles a estoy ingenieros cómo hacen las cámaras digitales para mejorar la calidad de las imágenes que capturan y, si creen que las compañías que compiten en este campo deberían –y aceptarían- hacer públicos los diferentes algoritmos de mejora de imagen. Sucede que los defectos en las cámaras digitales, por más complejos que sean, palidecen ante la cantidad de factores intervinientes que en una técnica de recolección social como la encuesta. Existen cientos de variables que pueden afectar la calidad de las mismas que van mucho más allá de errores de muestreo[3].
Asimismo, numerosos otros factores sociales y psicológicos pueden hacer que la distorsión en la respuesta sea relativamente sistemática o corregible mediante teoría y experiencia: votantes de X partido tienden a esconder sus opiniones mientras los de otros no, ciertas creencias tienden a guardarse por cuestiones culturales, en determinados barrios es más sencillo hacer encuestas que en otros, etc.
Sucede que, como ya adelantamos, las encuestadoras poseen modelos para intentar corregir los factores antes mencionados, que se basan en resultados y experiencias pasadas: estos son en realidad uno de sus mayores activos. El problema es que cuando determinados comportamientos o variables macro cambian[4] los modelos pueden perder su eficacia.
De todas formas, volviendo a la metáfora de la foto, sin estas correcciones (una de las funciones de la ponderación, no la única), es probable que en la gran mayoría de los casos los resultados se encuentren más alejados de la imagen real, que si no se los usara. Es como quitarle las mejoras de procesamiento de imagen a sus cámaras de teléfonos inteligentes, si su dispositivo lo permite hagan la prueba.
Ok, regulamos las encuestas…¿y qué pasa con todo lo otro?
Por último, más que un cuarto argumento, planteemos una situación hipotética: efectivamente se regulan las encuestas, aumenta su costo y disminuye su uso (algo razonable), mientras que podría ser que poco a poco las encuestadoras pierdan legitimidad. Bajo este escenario, ¿qué hacemos con los otros intentos de "fotos" de la realidad que tienen todavía menores bases empíricas? ¿O las que son productos lisos y llanos de opiniones o retórica de expertos y pseudo-expertos? ¿No deberíamos regular a estos “formadores de opinión” también? ¿No se incrementarían enormemente sus chances de influenciar a la opinión pública poseerían? En otros términos, la estrategia de regulación puede sonar muy razonable al inicio, pero sus consecuencias podrían ser aún más nefastas tanto para quienes temen a la influencia en la opinión pública como para los que se preocupan de tener imágenes relativamente acercadas a la realidad social.
Una alternativa a legislar: certificar calidad y asegurar replicabilidad
Si los errores de las encuestas son de índole técnica, ya que es claro lo inverosímil de imputarles intencionalidad, ¿cómo el legislar soluciona esos problemas? ¿Es una cuestión de corregir las fórmulas que utilizan? ¿Trae la muestra perfecta la ley? ¿Dotará de ponderadores infalibles? ¿O acaso obligará a los directores a realizar cursos intensivos de métodos cuantitativos avanzados? No dude en comentar que otro efecto fantástico traería la ley.
Deseamos enfatizar que no nos estamos parando en un rincón corporativista y defendiendo a ultranza la no regulación de nuestra actividad profesional. Muy por el contrario, quienes escribimos el presente artículo estamos interesados en la calidad de la producción, tanto nuestra como la de nuestros colegas; fuera por nuestra propia legitimidad profesional, como por la preocupación de contar con una producción nacional científica útil y de calidad.
En consecuencia, una externalidad positiva de este debate –creemos- sería comenzar a discutir otro tipo de aspectos, como una certificación de calidad a la producción de encuestas, pero no solo las realizadas por las consultoras sino también de la academia, gobierno y sociedad civil. Hasta quizás también sea necesario incluir buenas prácticas en la difusión de resultados (p.ej. cómo presentar la información. En otros término, algo similar a un sello ISO pero del proceso completo. Mientras que en gran parte del mundo desarrollado las nociones de replicabilidad, ciencia abierta y datos abiertos forman parte de cualquier trabajo vinculado a la recolección, procesamiento y análisis de datos[5]; en nuestro país este debate- en nuestra opinión mucho más útil y necesario- no se encuentra siquiera en la agenda de los colectivos que agrupan los distintos colegios asociados a las Ciencias Sociales. Aún para quienes piensen que la legislación es un camino sensato a seguir, todavía queda un largo trecho previo de discusiones y debates sobre este tipo conceptos antes de que sea razonable pensar en introducir este tema en el parlamento.
*Este artículo fue escrito en conjunto por Pablo Menese, Aldo Luissi y Matías Dodel
[1] Ver los otros dos artículos previos en este mismo blog: Contra
la “Opinión Pública” de Guzmán
Castro y Un
Uruguay irreal de Aníbal
Corti
[2] Entre otros, el tipo de rigurosidad/información que les exigen a
las encuestadoras para “poder publicar sus resultados”
[3] Entre otros, la calidad de los encuestadores (el
rapport con el encuestado y su habilidad para seguir las pautas) afectan los
resultados de las encuestas, también el momento del año en que se realizan, que
no sea obligatorio responderlas ni terminarlas, eso descontando la malicia de
posible empleados (aspecto que las consultoras sí controlan y muy eficazmente).
[4] A modo de ejemplo, no es
difícil imaginar que en la elección pasada
los votantes colorados escondieran sus votos en ciertos contextos
socioeconómicos, mientras que en esta elección el clima electoral previo haya hecho que ciertos votantes
frenteamplistas tampoco desearan manifestar públicamente su preferencia
electoral.
[5] Entre otros ver:
https://www.coursera.org/course/repdata
Generando memoria
Es común que se ubique a la
memoria en el plano de lo subjetivo y lo afectivo pero la memoria
muchas veces opera como la más emperrada de las estructuras sociales. Nos
condiciona, amolda y determina, interiorizándola incluso irreflexivamente. Es
por ello que los estudios sobre la memoria colectiva importan, e importan
mucho, para comprender las acciones y sociedades en el presente (“la historia
es siempre historia presente…”, solía repetir Methol Ferré) a su vez que para
desentrañar nuestras posibles opciones de futuro.
Esta breve reflexión, a la que sirvió de estímulo la reciente nota
de Luciana Scaraffuni sobre la memoria del pasado reciente, busca realizar
algunos apuntes adicionales para pensar el lugar social de la memoria colectiva
de los años de represión en el Uruguay, al tiempo que dejar planteadas
interrogantes sobre algunos embrollos que surgen de la ardua -pero
necesaria y urgente-tarea- de conservar los testimonios de quienes sufrieron
graves violaciones de sus derechos humanos durante aquel período. Aunque
existen muchas aristas a considerar, esta aproximación busca en
particular dejar planteada la importancia de contemplar la mirada de género en
los archivos de la memoria en Uruguay.
Memorias
para armar [2]
La noción de
que la memoria es mucho más que el mero proceso de recolección de hechos del
pasado ya es moneda corriente, tanto en la palestra académica como dentro de
varios sectores de la sociedad civil. El creciente número de publicaciones
dentro del campo de la memoria cultural y colectiva que se despliega desde la
década de los ochenta, atestigua de la creciente preocupación por esta área de
estudio. Sin embargo, últimamente se
registran intentos (desde el feminismo,
los estudios de género y los estudios queer,
por nombrar algunos campos) por ofrecer
paradigmas y métodos alternativos para el estudio de la memoria colectiva y los
procesos, actores y mecanismos a través de los cuales ésta opera (Cvetkovich,
2002; Scott, 1986). Desde su incepción los estudios sobre memoria -en su
vertiente colectiva- han hecho hincapié en dos cualidades importantes:
a) Su
intencionalidad e instrumentalidad (esto es,
hacer uso del pasado para construir identidades en el presente y proyectarnos
al futuro, esta característica íntimamente
relacionada con los usos políticos de la memoria y la articulación de fronteras
identitarias).
b) Su
cualidad narrativa (la memoria colectiva cristaliza en el momento que se
tematiza y se narra, volviéndose inteligible para los demás). Esta cualidad está íntimamente relacionada
con los médiums y medios de la memoria, y con el poder del narrador y la
narración.
Sin
embargo, hoy en día se problematiza esta lectura de la memoria colectiva por
considerársela sobre-simplificadora, y se intenta incorporar al estudio sus
vertientes no intencionales e implícitas (es decir, la memoria como algo que se
impone aunque no la evoquemos intencionalmente). No toda la memoria se “utiliza” de manera instrumental;
muchas veces la memoria opera como la más obstinada de las estructuras
sociales, restringiendo las posibilidades del presente e imponiéndose como
verdad indiscutible (Olick and Levy 1997). Por otro lado, nuevas corrientes han enfatizado la importancia de recuperar formas
no-narrativas de memoria y explorar archivos alternativos que recuperen intangibles afectivos que también hacen a la memoria colectiva (Hish y Smith, 2002). ¿Cómo recuperar entonces esas vertientes no
intencionales y silenciosas de la memoria? ¿Qué tecnologías
de la memoria alternativas tenemos a nuestra disposición para recordar?
¿Qué, cómo y quién recuerda?
Memoria y género en la reconstrucción del pasado reciente
En relación a la memoria del pasado reciente, es común escuchar que la
dimensión de género es innecesaria porque la represión se aplicó a todos por igual, y no conoció
diferencias por género ni clase. La experiencia de la tortura es una de las
muchas memorias que podía ameritar una mirada desde los estudios de género. Es
innegable que existieron técnicas de
tortura similares, el dolor, las marcas imborrables del cuerpo, y las
gramáticas de poder subyacente son muy parecidas en las experiencias de hombres
y mujeres. Una cierta tendencia a descartar
el género como posible prisma de análisis también se relaciona con la virtual
inexistencia del discurso de género durante el periodo bajo estudio. Dado que
se tendió a tematizar a la militante femenina en un plano de igualdad a sus
compañeros masculinos, las reconstrucciones de su propia experiencia de
generalmente no se tematizan desde la óptica de género y, si se hace, ello
obedece a una elaboración realizada a posteriori. Por citar algunos ejemplos
del discurso dentro de ex militantes del MLN: “Las mujeres pelearon en el sentido más literal de la palabra de
igual a igual con los hombres, se tiroteaban, fueron detenidas, torturadas y
desaparecidas en términos iguales que los hombres, no se establecían
diferencias entre hombres y mujeres” (testimonio-anónimo, entrevista realizada
por la autora).
Sin embargo, varios estudios han
mostrado cómo la represión de las dictaduras del Cono Sur tuvo especificidades
de género (Taylor, 1997; Jelin, 2001; Bunster-Burotto, 1986). El género
importa, no solo porque hubo técnicas de tortura que se aplicaron de forma (y
en número) diferente a hombres y mujeres, sino también porque la maternidad en
cautiverio, la relación entre rehenes mujeres y entre las mujeres presas y los militares
también fue diferente a la que experimentaron los hombres. Este hecho es
explicable por sus posiciones diferenciadas en el sistema de género imperante
en la sociedad, posiciones que implican experiencias vitales y relaciones
sociales jerárquicas claramente distintas.
Si la memoria colectiva
es abierta, activo-selectiva, se desprende entonces que no todos los actores
tienen la misma “legitimidad social” para recordar y narrar su historia. La
crítica a que han sido los hombres quienes han, de alguna manera, monopolizado
la memoria de la represión militar fue esbozada claramente en el libro
“Memorias para Armar”, que (de alguna forma) en cierta medida fue precursor en
introducir la mirada de género en la discusión. Se
ha generalizado el testimonio de los hombres como un testimonio universal.
Por otro lado, incorporar una óptica de género no puede entenderse
meramente como sinónimo de estudiar estas vivencias en las mujeres versus la de
los hombres. En una entrevista a una presa política se describe como el
accionar militar estaba teñido también por un sesgo de género.
Aunque hay algunas interpretaciones que asocian al poder hegemónico con la
dominación masculina, autoras como Scott plantean la necesidad de librarnos de
interpretaciones esencialistas y procurar, por el contrario, analizar los
procesos históricos de diferenciación que son inherentemente contextuales
(1980:20). El género marca las
identidades en formas específicas pero debemos ver cómo la marca en formas
especificas dentro de contextos determinados, en lugar de subsumirlas en
categorías monolíticas y esencialistas.
Es importante señalar a esta altura de la reflexión que las relaciones
jerárquicas no están construidas únicamente en términos de género, sino que
también lo están en términos económicos,
sociales, políticos y raciales, y que adoptar una óptica de género no implica
desconocer esas diferencias que existen entre las experiencias de mujeres entre
sí y entre hombres entre sí (Cockburn, 2001). Pluralizar los discursos en torno
a este período se vuelve una tarea ardua pero importante y la arista de género
es una de las muchas que permiten complejizar la memoria. La noción de
interseccionalidad da cuenta precisamente de la necesidad de ubicar las
reconstrucciones de la memoria en las intersecciones de variadas identidades (Collins,
2008).
La discusión sobre las violaciones de derechos humanos y cómo se la reconstruye no puede ser concebida
como algo finalizado y sus impactos profundos y reales siguen saltando a la vista hoy en día. Más aún cuando quedan
tantas heridas sociales abiertas y
muchos testimonios por ser contados. Las preguntas de cómo recordamos y quiénes
y cómo lo hacemos no dejan de conservar una enorme vigencia.
Referencias
Bunster-Burotto, Jimena. (1986) “Surviving Beyond
Fear: Women and Torture in Latin America” in Women and Change in Latin America, ed. Nash, J. and H. Safa. South Hadley, MA: Bergin
and Garvey.
Cockburn,
C. (2001) ‘The Gendered Dynamics of Armed Conflict and Political Violence’ in
Moser, C.O.N and Clark, F.C. (eds.) Victims, Perpetrators or Actors? Gender,
Armed Conflict and Political Violence. London: Zed Books, p 13-29.
Cvetkovich.
Ann. 2002. “In the Archives of Lesbian Feelings: Documentary and Popular
Culture” Camera Obscura 17.1 107-147
Hill Collins, Patricia (2008) Black Feminist Thought: Knowledge,
Consciousness and the Politics of Empowerment. New York: Routledge.
Hirsch, M.
and V. Smith (2002), “Feminism and Cultural Memory: an Introduction,” in Signs:
Journal of Women in Culture and Society, 28 (1).
Jelin,
E. (2001) “El género en las memorias” en
Los trabajos de la memoria,
Siglo Veintiuno editores, España. Cap. 6
Jelin, E. 2000. “Memorias
en conflicto” en Puentes: Causas Por la Verdad. La justicia no se rinde.
Año 1 (1).
Olick, J. K., and D. Levy. 1997. “Collective
Memory and Cultural Constraint: Holocaust Myth and Rationality in German
Politics.” American Sociological Review, 62:6:
920-936.
Scott, J. (1986).
“Gender: A Useful Category of Historical Analysis,” in The American Historical Review, 91(5),
pp 1053-1075
Taylor, Diana (1997), Disappearing Acts. Spectacles of
Gender and Nationalism in Argentina’s “Dirty War”, Durham Londres: Duke University Press
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