La violencia doméstica. Un conflicto a resolver.

El problema de la violencia doméstica contra la mujer ocupa un lugar relegado en el debate público, en general nos importa poco a los ciudadanos, y menos a los políticos que elegimos (claro, después de que los partidos confeccionan sus listas). En el Día Internacional de Lucha contra la Violencia hacia las Mujeres decidí escribir algunas notas con el único objetivo de invitarlos a pensar sobre el tema. Si estamos de acuerdo o no en las opiniones, es de segundo orden. Después de todo, el mayor problema es que reflexionamos poco sobre esto, en especial, nosotros, los hombres del Uruguay.

Hace un tiempo que el país está en un estado de alarma a causa de aspectos relacionados con la criminalidad y la seguridad pública. No dudo que por fundadas razones, es un tema que preocupa y se discute en todos lados. Lo discuten las familias, los amigos, los compañeros de trabajo, los comerciantes, los periodistas, los políticos, y hasta los dueños del capital. Sin embargo, de lo que se habla es de lo que pasa afuera, “en la calle”. Lamentablemente, los hogares uruguayos son también un lugar peligroso para vivir. Son particularmente peligrosos para los niños y para las mujeres. En lo que va del 2011 fueron asesinadas 27 mujeres por violencia doméstica. Ellas son cerca del 70% del total de mujeres asesinadas durante el último año (1). No murieron a causa de hurtos, ni rapiñas. Perdieron la vida como consecuencia de la violencia originada en sus propios hogares.

Todos entendemos que la seguridad debe proveerse como un bien público, cuyo consumo no está restringido, y una vez que se provee en formal universal, cualquiera tiene el pleno derecho y acceso a disfrutarlo. Pero estamos muy lejos de concebir como un bien público a la protección contra cualquier tipo de violencia doméstica. Por el contrario, estamos llenos de mitos y creencias, cuyo supuesto básico es que se trata de un bien que debe ser provisto en forma privada.

El razonamiento más patético asume que las propias mujeres víctimas de la violencia son aquellas que deben hacerse responsables y tomar medidas para salir de la situación en la que están. Ciertamente, las victimas de la violencia doméstica reaccionan todo lo que pueden cuando el estado brinda las mínimas posibilidades. Las denuncias por violencia doméstica han aumentado dramáticamente entre 2005 y 2011. No solo se multiplicaron por más de 2 veces en números absolutos, sino que además pasaron de representar el 30% de las denuncias por delitos totales contra las personas en 2005, al 60% entre en 2011 (ver gráfico (1)). ¿A que se debe un crecimiento tan acelerado? En mayor medida, a que Uruguay aprobó recién en 2002 una ley de violencia doméstica (Ley 17.514) que dispone de algunos mecanismos para facilitar el acceso a la justicia y la protección al denunciante.

Pero el sistema no funciona. Las víctimas reportan denuncias pero no logran ni las audiencias, ni las pericias legalmente estipuladas, ni el control de las medidas de protección dictadas. Del total de asuntos judiciales iniciados por violencia doméstica en 2009, casi el 80% no llegaron a una audiencia evaluatoria, donde el juez debe entrar en contacto con la víctima y analizar el funcionamiento de las medidas dispuestas. Solo en aproximadamente un quinto de los casos iniciados se realizan pericias médicas, siquiátricas, sicológicas o sociales. Entre 2004 y 2010 hubo solo 787 procesamientos por violencia doméstica (2).

Los equilibrios de poder dentro de los hogares, la distribución de las capacidades de negociación y los niveles de autonomía son aspectos que importan para explicar la violencia doméstica. Pero algunos mecanismos no son tan evidentes. Por ejemplo, hay quienes argumentan que mujeres con mayores niveles de autonomía pueden recibir más ataques de sus esposos cuando estos últimos ven a la violencia como su último recurso de control(3). También se ha dicho que la legislación que estipula el arresto obligatorio frente a las denuncias de violencia conyugal puede terminar induciendo mayores niveles de homicidios, o bien porque las víctimas reportan menos denuncias y están más desprotegidas, o porque los abusadores responden al arresto con mayor violencia en el futuro(3). Estos resultados pueden ser provocadores para los ojos de algunos. En último caso, nos muestran lo difícil que resulta hacer políticas para proveer de determinados bienes públicos que afectan positivamente y negativamente a distintos miembros de un mismo hogar.

Cuando una política provee un determinado bien de forma universal pero solo un grupo de la sociedad necesita consumirlo en forma intensa, esa política implementada es altamente redistributiva. Ese es el caso de la educación, por ejemplo, que beneficia desproporcionalmente a los hogares más jóvenes. Pero en lo que refiere a la violencia doméstica, se trata de un problema mucho más complicado. Allí es necesario distribuir costos y beneficios al interior de los hogares. Mi opinión es que es necesario incentivar la destrucción y creación de hogares. Es decir, reducir el costo del divorcio.

El divorcio es un importante remedio contra la violencia. Hay sin embargo, aspectos distributivos que atentan contra el mismo. Las mujeres tienen situaciones desventajosas en el mercado de trabajo y generalmente la legislación hace que los empleadores discrimen “estadísticamente” contra ellas. En la medida que los aportes económicos masculinos al hogar son desproporcionalmente altos, se reduce la utilidad del divorcio para las mujeres. Pero también se reduce su poder sobre división del trabajo en el hogar, lo cual reduce la utilidad de divorcio para lo hombres. Esto se agrava con el paso de tiempo. La permanencia en situación de dependencia económica por parte de la mujer atenta contra el desarrollo de sus calificaciones y acumulación experiencia laboral. Desde la economía política hay estudios que dicen que el divorcio es menos probable cuanto más ventajas de calificaciones especializadas tiene el hombre sobre la mujer. Más aún, la oferta de empleos públicos de bajas calificaciones aumentan las tasas de divorcio en economías que demandan trabajos muy especializados (5).

Pero se necesitan mujeres que representen a las mujeres. Por ahora, el gobierno de los hombres no ha hecho mucho más que algunos cambios marginales y salir a repartir volantes a calle.

(1) Ministerio del Interior (www.minterior.gub.uy).

(2) Provisión de información pública sobre violencia doméstica y maltrato infantil por el Poder Judicial. Informe elaborado por el Centro de Archivos y Acceso a la Información Pública y la Red Uruguaya contra la violencia doméstica y sexual. Montevideo, Noviembre de 2011.

(3) Eswaran, Mukesh y Nisha Malhotra. (2011). “Domestic violence and women’s autonomy in developing countries: theory and evidence”. Canadian Journal of Economics. Vol. 44, No. 4.

(4) Bowlus, A.J., y S. Seitz (2006) “Domestic violence, employment, and divorce”. International Economic Review 47, 1113–49

(5) Iversen, Torben, Frances Rosenbluth, y David Soskice. “Divorce and the Gender Division of Labor in Comparative Perspective”. Social Politics: International Studies in Gender, State and Society - Volume 12, Number 2, Summer 2005, pp. 216-242.

No es solo una perra

En una pequeña población sobre las orillas del Río Uruguay, cuatro jóvenes de aproximadamente quince años, Kevín, José y Nahuel (de quienes podría darles la dirección, teléfono, nombre de sus padres y datos que hagan falta) asistidos por una camarógrafa improvisada, mataron a golpes a una indefensa perra callejera. Si el lector es uruguayo posiblemente ha visto hasta el cansancio, gracias a los medios de comunicación locales, el vídeo que muestra a los menores apaleando al animal. Si el morbo es lo suyo, puede derechamente ir al original aquí. Es desagradable, y triste. Pero más triste es la historia de como llegaron ahí, y como yo me enteré de esto, en particular de todos los detalles de la vida de estos jóvenes. En este post quiero reflexionar sobre el rol de las redes sociales y los medios de comunicación en este caso, así sobre cómo operan los ciclos de atención ciudadana y los riesgos de dejarse llevar por la "alarma pública".

"El mundo de Facebook"

Aunque al Presidente Mujica y la primera senadora Lucia Topolansky eso del "mundo del facebook" sea algo de la modernidad y no les vaya, Facebook es la red social con mayor penetración en Uruguay, con aproximadamente un 41% de la población registrado en ella. Al anquilosado Uruguay le cuesta entenderlo, pero "el mundo digital" es bastante real y tangible. Tan bien operan estas redes que a escasas horas de estar el vídeo en línea, varias reacciones se habían detectado en facebook y twitter. Los medios de comunicación en este caso llegaron "tarde" a la noticia y cómo comienza a ser la tendencia a nivel mundial, (para un ejemplo ver el uso de twitter durante las protestas de Londres) comienzan a nutrirse de lo que las redes dicen, para junto con un trabajo de edición (que le dicen periodismo) brindar una información relativamente confiable. Nada de eso pasó en este caso en Uruguay. Los medios de comunicación mostraron el material sin edición, sin contexto, violencia por la violencia misma. Simplemente fueron eco de la red social y no una fuente de información. Algunos periodistas "reflexionaron" sobre el tema, vía twitter, como es el caso de Paola Botti (de quien no tengo ni dirección ni teléfono, ni datos sobre su vida, a diferencia de los tres menores "atacantes"), qué cuestionó : "...acaso el asesinato de una mascota va a quedar impune?" (sic). Si bien los informes iniciales eran contradictorios la perra era, en principio, mascota de nadie, una de las tantas habitantes de las calles en Uruguay.

Obviamente el can no merecía morir de esa forma, pero la rigurosidad periodística faltó a la cita. No es que esté mal mostrar imágenes crudas en los medios, de hecho en este documental de la BBC se muestra, con lujo de detalles, un proceso de eutanasia. La escena es cruel, pero educa y aporta mucho en el contexto que se da, a un debate pesado. Nada de eso pasó en el caso uruguayo.

Mientras tanto, en el "mundo del facebook" varios grupos se formaban para denunciar la atrocidad y compartir los nombres, números de teléfono y detalles de la vida personal de los agresores. Dentro de los comentarios que se pueden monitorear hay amenazas de muerte, pedidos de "justicia", propuestas para "que les hagan lo mismo" y un buen número de comentarios sobre lo buenos que son los perros. Si las autoridades de Uruguay, uno de los primeros países en oponerse a la pena de muerte, hubieran seguido al consejo de algunos, la plaza de Nueva Palmira hubiera sido escena de una lapidación. Por suerte, el linchamiento y lapidación fueron solamente online. En esto Lucía y el Pepe tienen razón, todavía sigue siendo el mundo del facebook.

El contexto que faltó, la agenda de mascotas, y el ciclo de atención

¿Que faltó decir en este debate? Lo obvio. Si uno mira el vídeo (cosa que tuve que hacer parcialmente para escribir esto) se da cuenta que hay fuertes indicios de un comportamiento que requiere atención de un psiquiatra. La profesional prensa nacional no atinó nunca a hacer una búsqueda de google con las palabras "crueldad animal y violencia". El tercer resultado ya indica la conexión entre estos hechos, la psiquiatría y las posibles implicancias en términos criminológicos. Si la busqueda se hace más en serio, en inglés existe una literatura robusta que afirma que estos hechos deben ser tratados con cautela pues existe una correlación fuerte entre maltrato animal (o propiamente crueldad) y cierto tipo de delitos. Para ser justo con la prensa uruguaya, bastaba con preguntarle a alguien que supiera un mínimo del tema para poder elaborar sobre lo que los chicos no son: asesinos. Claro que tras este proceso que han vivido y viven, el futuro que ya no es promisorio, luce mucho peor. Han sido estigmatizados, humillados y acosados. De paso, también se habla de todos "los menores" que andan rapiñando por Uruguay, esos jóvenes sin conciencia. Por las dudas, el pérfil del menor conflictivo de Montevideo probablemente diste bastante de estos chicos. Sin embargo tal vez se parezcan en que vienen de familias pobres, que viven al día, que no tienen demasiada educación ni el lujo de relfexionar sobre los derechos de sus mascotas, pero que de todas formas "aceptaban"que se castigue e interne a sus hijos.

Mientras tanto un ilustre grupo de ciudadanas y ciudadanos pide con clamor que se haga justicia y se respete la ley qué regula la tenencia responsable de animales, así como que se la regule. Ellos salen en la televisión, con pancartas y aire justiciero. Este es un típico caso, sacado casi de libro (Kingdon, 1984), de un evento que dispara una agenda que era bastante liminar como la protección de las mascotas. Y digo mascotas, porque si bien la ley es más amplia, la mayoría de los integrantes de estos movimientos se preocupan por perros, gatos y ocasionalmente los pobres caballos que andan por Montevideo. No es que no les asista razón en reclamar una mejor regulación y más recursos, pero ni la perra era una mascota ni la crueldad a los animales no se limita a los perros. ¿Están estos grupos preocupados por cómo se mata a las vacas que contribuyen al popular asado uruguayo? ¿Y los estándares para matar pollos y gallinas? Tal vez no sean mascotas, pero ya que estamos en tren de morbo, y si usted es una de esas almas caritativas, podría empezar a pelear por los derechos de estos animales en Uruguay Vea el vídeo, es menos pornográfico que el de la perra.

Finalmente queda el tema del ciclo de atención de la ciudadanía, el cuál en general se caracteriza por un período de pre descubrimiento del tema, descubrimiento, excitación, acción y eventualmente olvido del tema, con posteriores replanteos. Si bien la opinión pública pesa en muchas cosas, generalmente una vez que el gobierno es percibido como "haciendo algo" al respecto (algo como encerrar a los menores), el planteo pierde fuerza y la política pública, a menos que sea sólida y tenga sustento en la propia estructura gubernamental, no se modifica o varía levemente. Este tema va a pasar, y quienes reclaman vehementemente por recursos para una Comisión inoperante, seguirán exhibiendo su compasión hacía los pobres animales, pero tendrán magros resultados. Lamentablemente, el ciclo de atención deja efectos residuales, sobre todo para estos jóvenes "criminales".

La verdadera alarma pública: Uruguayos indignados

El concepto de alarma pública, es aplicado en materia penal y es un concepto jurídico indeterminado, y seguro algún penalista podría decir que es parte de lo que se conoce como un "tipo penal en blanco" (no se trata de fútbol, sino, en lenguaje llano, de una descripción de un comportamiento que se considera "ilegal" de forma ambigua) y es la razón por la cual los jóvenes han sido recluidos. Alarma pública, es en efecto lo que ha pasado en el mundo del facebook, en las manifestaciones en Montevideo y en el propio pueblo. El juez de la causa debe ponderar que hacer con ellos, y mi argumento es que si los interna no es porque la "sociedad esté indignada" sino por la necesidad de protegerlos. El delito no es claro (porque no es un delito, por más repugnante que sea lo que hayan hecho) y tal vez configure una falta, aunque quiero ver como el juez hará para encuadrar el comportamiento. Por otra parte si se me ocurre una serie de delitos que han cometido quienes compartieron sus nombres, direcciones y teléfonos e incitaron a otros a matar a estos jóvenes, en facebook.

Obviamente estos chicos precisaban ayuda, una mano y de hecho uno de ellos ya estaba en tratamiento. En su lugar obtuvieron odio, el comportamiento de una turba agresiva y "justiciera" , dispuesta a darlo todo por sus mascotas, pero sin ni siquiera una agenda digna de respeto en términos de derechos de los animales. Caso raro el de Uruguay, el tan "europeo" país del sur, donde habiendo casos de corrupción flagrante en múltiples profesiones, diversos temas ambientales en la mesa y ciertamente fallas enormes en sus servicios públicos, se indigna con un grupo de jóvenes, posiblemente enfermos, de un pequeño pueblo. Igual que Suecia, pero al revés. Alarmante.

Referencias

Downs, Anthony, Up and Down with Ecology-the Issue-Attention Cycle , Public Interest, 28. (1972:Summer) p.38.
Kingdon,(1984) Agendas, alternatives and public policies, Ed. Longman.
Para saber más sobre crueldad animal y violencia juvenil siga este linkSecond ed. NY: Addison-
La foto es del autor "Sueño" escultura del islandés Einar Jonnson
Nota: Como abogado y previo a recibirme participé en actividades de defensa por los derechos de los animales, en particular perros.

Una educación de tránsito lento

Nuestro sistema educativo viene diseñando un conjunto de programas relativamente novedosos orientados a fortalecer la transición de los alumnos desde la escuela primaria hacia el ciclo medio básico[1]. Todas estas iniciativas implican alguna forma de coordinación institucional entre distintos consejos de la ANEP (primaria, secundaria, educación técnico-profesional) y algunas de ellas, incluso, con otros organismos estatales como el Ministerio de Desarrollo Social. Aunque ha ocasionado relativamente pocos movimientos en las siempre turbulentas aguas del debate público, se trata probablemente de una de las noticias más auspiciosas de los últimos tiempos en relación a nuestra educación y a nuestros intentos por mejorarla. Parecería que finalmente hemos empezado a reaccionar –con un delay de algunas décadas, cierto- a un problema grave que hasta recientemente ni siquiera lográbamos enunciar, a pesar de que las evidencias estallaban ante nuestros ojos.

Todos los sistemas educativos del mundo se estructuran, de un modo u otro, sobre la base de un conjunto de transiciones entre grados y niveles académicos jerárquicamente organizados. La primera escolarización, la transición entre el nivel inicial y primario, entre la escuela y el liceo o UTU, entre la educación media y la superior constituyen en cualquier lugar y para la mayoría de las personas puntos de inflexión que comportan cambios más o menos dramáticos: en las expectativas asociadas a cada etapa, en las reglas de juego -incluidos los derechos y obligaciones-, en los formatos institucionales en que se organiza la educación o más concretamente en los propios centros a los que asisten los estudiantes, por mencionar los más evidentes. En otras palabras, las transiciones son por definición momentos particularmente críticos en la carrera de un alumno.

Uruguay no constituye un caso excepcional en este sentido. Sin embargo, la forma por demás sui generis en que hemos decidido organizar nuestro sistema educativo, en torno a un ente autónomo que se estructura en consejos desconcentrados, ellos mismos con altas autonomías, parece haber conspirado para que los efectos no deseados de las transiciones se maximicen, a costa de buena parte de nuestros estudiantes. Esta estructura ha favorecido que las orientaciones de política se hayan centrado, con mayor o menor acierto, en cada ciclo o modalidad pero con muy escasos grados de articulación respecto a los restantes. No se comprende de otra forma, por mencionar un ejemplo paradigmático, por qué el formato escolar óptimo que hemos encontrado para los niños de once años sea el de un maestro por alumno durante cuatro horas diarias los cinco días de la semana, pero que, a los doce, entendamos que resulta más conveniente aumentar el número de docentes a más de una docena. Solo este cambio, casi sin lugar a dudas el más abrupto de la carrera escolar, requiere de parte de los estudiantes el desarrollo de la capacidad de auto-administrar sus procesos de aprendizaje y sus estrategias de estudio (doce docentes, doce cuadernos, doce libros de texto, doce escritos…) y de integrar y dar coherencia a unos contenidos que se le ofrecen en forma ampliamente compartimentada y en base a criterios en el mejor de los casos coordinados pero no siempre comunes. Por alguna razón que no parece sustentarse ciertamente en la teoría pedagógica, hemos asumido que este aprendizaje, tanto o más complejo que los que exigen de por sí los cursos de Matemática o de Historia, lo realizará naturalmente el alumno en algún momento de sus felices vacaciones, entre el último día de escuela y el primero de liceo o UTU.

No existe ninguna razón sustantiva para suponer que los alumnos sean capaces por sí solos de superar con éxito estos cambios abruptos en el tipo –y no solo en el nivel- de exigencias que se les plantea en cada una de las transiciones. De hecho, todo indica que, en buena parte de los casos, no lo son. La evidencia disponible reafirma las enormes dificultades que experimentan los estudiantes uruguayos en cada una de las transiciones a que deben hacer frente en sus trayectorias escolares. En particular, el tránsito entre la escuela primaria y la educación media básica parece concebido como una broma de pésimo gusto. La proporción de muchachos que no logran superar con éxito el 1er. año en los liceos públicos del Uruguay es quince veces mayor –sí, quince, no es un error de tipeo, lamentablemente- a la de los alumnos que repiten 6º grado de primaria: cerca del 30% frente a menos del 2%, a pesar de que se trata casi exactamente de las mismas personas tres meses más tarde. En Montevideo, el panorama es sensiblemente más crítico: la repetición en 1º de liceo supera el 40%, es decir, es tan alta como la denunciada por la CIDE como una de las mayores de América Latina para la educación primaria… hace medio siglo. Esto supone que secundaria “genera” en un solo año la misma cantidad de rezago escolar que la acumulada a lo largo de todo el ciclo primario (de acuerdo a la Dirección de Investigación, Evaluación y Estadística de Codicen, aproximadamente el 30% de los alumnos de 6º grado tiene siete o más años de escolarización, en lugar de los seis que corresponderían a una trayectoria normativa). Las estimaciones realizadas en base a las encuestas de hogares indican, por su parte, un salto abrupto en la probabilidad de abandono escolar o desafiliación entre el egreso de primaria y la aprobación del primer grado en media y otro salto similar al ingreso al segundo ciclo.

A pesar de todo, hasta ayer las políticas educativas rara vez se han orientado a generar las condiciones mínimas para que estas experiencias resulten menos traumáticas. Los incipientes programas referidos al principio de la nota se orientan, básicamente, en el sentido correcto. Han visualizado un problema sustantivo y han comenzado a avanzar en la articulación de programas. No es poco, ciertamente. Habrá que esperar para valorar sus impactos, eventualmente ajustar lo que sea necesario y acumular aprendizajes institucionales sobre la marcha, siempre y cuando tengamos la sensatez de no discontinuarlos a la primera de cambio, como lamentablemente hemos hecho tantas veces en los últimos años.

Dicho lo cual, me pregunto si las políticas de transición serán capaces, de no mediar otras transformaciones importantes en la organización propia de cada uno de los ciclos, de contrarrestar la estructural desarticulación entre la enseñanza primaria y la educación media. En este plano, me temo que es difícil por ahora visualizar señales que alienten a mirar la mitad llena del vaso.

[1] Entre otros, cabe destacar el programa Interfase-Liceos Abiertos y el Plan de Tránsito entre Ciclos Educativos.

Empleo juvenil pierde por goleada

Carlos tiene 19 años y vive junto a su pareja e hijo, en la casa de sus padres en las cercanías del barrio Cuarenta Semanas en Montevideo. Estudió 3 años de carpintería en UTU y algunos años de Ciclo Básico. Hasta ahora ha trabajado en barrido y reacondicionamiento de plazas a través de pasantías ofrecidas por ONGs locales y la Intendencia. Cuando no tiene empleo estable, sale a las calles con su carro de mano en busca de productos reciclables por los que le pagan $1 el kilo de cartón y entre $1 y $3 el kilo de botellas de plástico si las separa por color. Gabriela tiene 25 años y vive junto a sus padres en Pocitos, Montevideo. Completó cursos terciarios en arte y diseño pero sus empleos hasta el momento han sido en servicios, sin pago de horas extras y cobertura parcial de la seguridad social. En su último empleo, la empresa contratante le solicitó registrarse como servicio unipersonal -sin derecho a aguinaldo, licencia, horas extras ni despido- aunque su situación era de dependencia. La mitad de su salario –de un monto cercano al salario mínimo nacional- era aportado para costos de la empresa unipersonal (Banco de Previsión Social).

Ambos casos dan cuenta de situaciones socio-económicas diferentes con un común denominador: ausencia de oportunidades laborales de acuerdo a su calificación. La preocupación por la situación educativa en Uruguay es cada vez mayor entre representantes de distintos partidos políticos, sindicatos y autoridades educativas. La alta –y estancada- deserción entre adolescentes, mayormente de nivel socio-económico bajo, se contradice con la inversión realizada en reformas y programas focalizados en la retención /reinserción educativa de niños y adolescentes. Entre estos programas se encuentran: el Programa de Aulas Comunitarias, el Programa de Impulso a la Universalización de la Educación Media, Programa Puente de Acreditación Primaria, Programa de Maestros Comunitarios y el Compromiso Educativo. Sin embargo, ¿sabe cuántos programas de inserción laboral juvenil ofrece el Estado? Dos: el Taller de orientación laboral - Primera experiencia laboral (INJU) y el Programa Projoven de capacitación e inserción laboral para jóvenes (INEFOP). Ambos programas están focalizados en jóvenes de hasta 24 años que no completaron su educación media. Entre quienes asisten, generalmente la mitad son convocados por empresas para realizar pasantías.

Alguien podría argumentar que el desbalance entre programas educativos y laborales no requiere mayor atención. La educación es un derecho que el Estado debe garantizar pero obtener empleo es una responsabilidad individual. Esto estaría en parte evidenciado en que tan solo 2% de la población uruguaya obtiene su empleo a partir de programas estatales, mientras cuatro de cada diez uruguayos obtienen su empleo a través de recomendaciones de amigos o familiares (Arim & Salas, 2007). Ahora bien, si pretendemos que los programas educativos ofrezcan retornos económicos en el mediano y largo plazo, se requiere de programas laborales que los complementen. El desempleo juvenil triplica la tasa de desempleo adulto (MIDES-INJU, 2009) y entre quienes se encuentran trabajando tan solo uno de cada cuatro cuenta con cobertura de seguridad social (Encuesta Continua de Hogares, 2009).

En la medida en que nos sigamos concentrando en la educación sin políticas complementarias de empleo, seguiremos perdiendo por goleada.

Fuentes citadas:

Arim, R., & Salas, G. (2007, Abril). Situacion del empleo en Uruguay. INE-UNFPA.

MIDES-INJU. (2009). Segundo informe de la Encuesta Nacional de la Adolescencia y Juventud. Montevideo, Uruguay: MIDES-INJU.