No solo la alegría va por barrios: Aportes desde una perspectiva barrial para entender el delito

Hace unas semanas participé como comentarista en un seminario realizado por el departamento de sociología en el que se presentó el estudio “Distribución espacial del delito y eficacia colectiva en Montevideo, Uruguay” llevado a cabo por los investigadores Sebastián Aguiar, Víctor Borrás, Clara Musto, Sofía Vales, y Ana Vigna. La investigación supone un punto de partida importante para identificar diferencias en la distribución del delito en Montevideo y entender mejor los procesos que explican tales diferencias. Además de las entrevistas y observaciones realizadas, un punto importante del trabajo es que hace uso de datos geo-referenciados sobre denuncias de delito recopilados por el Ministerio del Interior. Estos datos hasta hace poco no estaban disponibles, pero permitirán de ahora en adelante un estudio más detallado del delito en clave geográfica.

Parte de mi trabajo en criminología se ha centrado justamente en las teorías de comunidades y crimen. Mi participación en el evento me hizo reflexionar sobre la relevancia (o no) de estas perspectivas para entender los procesos que explican la concentración de delitos en algunos barrios y poder pensar intervenciones desde otra mirada. También esto implica pensar en las limitaciones de estas perspectivas en general, y, en particular, a la hora de evaluar su aplicabilidad en el contexto uruguayo. A algo de esto intentaré dedicarme en esta nota.

En Estados Unidos, el área de estudio de las comunidades y crimen es parte de la tradición de la escuela de Chicago. Si bien hay varias variantes y muchos debates, el punto de partida es la observación de que el crimen está distribuido desigualmente en la ciudad. Esta distribución es parte de procesos de crecimiento de la ciudad (en un principio industrialización y después desindustrialización) que genera condiciones desiguales entre los barrios y concentra problemas sociales en los barrios más vulnerables.

Un punto importante es que la teoría no se limita a identificar que los barrios más pobres tienen más crimen, sino que trata de entender cuáles son los procesos sociales que median esta relación. Por ejemplo, en las zonas caracterizadas por heterogeneidad étnica, bajo nivel educativo, y altos niveles de movilidad residencial resulta más difícil generar lazos sociales fuertes entre los vecinos e instituciones capaces de socializar y regular la conducta de los habitantes del barrio (Shaw & McKay, 1942; Grasmik, 1999). Los sistemas de control social formal e informal que se generan en el barrio resultan clave para entender la capacidad de un barrio de protegerse del delito. En otras versiones, también desarrolladas en Estados Unidos, las desventajas estructurales están más ligadas a la pobreza y aislamiento social de algunos barrios, caracterizados también por la concentración de población racializada y/o inmigrante. En este caso, los procesos sociales identificados no tienen tanto que ver con la densidad los lazos sociales entre vecinos sino con la capacidad de acción colectiva y confianza social dentro del barrio (Sampson et al., 1997).

Otras perspectivas se centran más en cómo estos bloqueos estructurales erosionan la confianza de los vecinos en las instituciones y en la ley, especialmente en la policía (Kirk & Papachristos, 2011). Algunos estudios enfatizan los códigos de acción que emergen a la hora de interpretar los problemas y pensar soluciones, que hace que en ciertos barrios recurrir a la violencia sea una estrategia más común que en otros (Anderson, 1999). Hay entonces varios debates en torno a qué es específicamente lo que ayuda a las comunidades a protegerse del delito y si eso se extiende también a cómo determinados barrios “producen” criminalidad o no.

¿Por qué importa esto? Bueno, más allá del ejercicio teórico, uno de los aportes interesantes de estas perspectivas es que centran la mirada en el barrio y ven así al barrio como unidad de intervención de políticas públicas. Las políticas propuestas pasan por fortalecer las instituciones barriales y escuelas, o invertir en mejorar los espacios públicos y zonas de recreación para promover la integración social en el barrio y fomentar la organización comunitaria. También se busca incluir a las organizaciones barriales en la toma de decisiones locales y facilitar la comunicación entre organizaciones del Estado, ONG’s, y los vecinos, para generar capital social y mitigar el aislamiento social y político del barrio. Un ejemplo exitoso de política en este sentido fue implementado en Medellín, Colombia. En este caso se implementó un sistema de conexión de metro en determinados barrios para mejorar su conectividad con el centro de la ciudad, acompañado con inversión en infraestructura y servicios en esos barrios (parques, veredas, alumbrado público, etc.). La evaluación realizada por Cerdá et al. (2012) muestra no solo una reducción de las denuncias de delitos violentos y homicidios (comparados con barrios similares en los que no se realizó la intervención) sino que también identifica un incremento en los niveles de eficacia colectiva y confianza en las instituciones por parte de los vecinos en estos barrios. 

Más allá de las políticas concretas, es claro que esta mirada entiende el problema a un nivel de análisis diferente (el barrio) y entonces se propone una serie de soluciones diferentes sin necesariamente oponerse a muchas intervenciones realizadas a nivel individual. Esto supone una ruptura con las tradiciones criminológicas que entienden el delito desde la perspectiva individual. Estas perspectivas buscan identificar factores de riesgo y déficits individuales como elementos centrales de intervención, tales como programas educativos, laborales, o tratamientos de rehabilitación o reingreso.

Al mismo tiempo, las propuestas de intervención a nivel barrial salen de la órbita punitiva del castigo y la disuasión, que muchas veces se presentan como las únicas respuestas viables al problema de la inseguridad y dominan el debate sobre el tema a nivel político y de opinión pública. Es importante también distinguir las políticas de fortalecimiento comunitario de las políticas centradas en incrementar la eficacia de la gestión policial a través del patrullaje de “puntos calientes” en donde se concentra el delito, que han sido clave en la promoción de la georreferenciación de delitos. Si bien en ambos casos se parte de la idea de que el crimen está concentrado en ciertas zonas, las perspectivas de comunidades y crímenes plantean una serie de políticas que se basan más que nada en el control social informal y, si bien dan marco al fortalecimiento de la policía comunitaria, no se centran en el patrullaje policial como factor clave para entender y, por lo tanto, actuar sobre el crimen.

En definitiva, parece claro que pensar el crimen en clave barrio abre el rango de posibilidades de política pública en el tema de inseguridad. Sin embargo, esto no significa que estas perspectivas no sean problemáticas. Por ejemplo, una limitación general de las perspectivas barriales es que, al tomar al barrio como unidad de análisis e intervención, muchas veces terminan minimizando el rol de procesos más generales en la construcción de la desigualdad y la segregación, que son tomadas como dadas y no pensadas como objeto de intervención en sí mismo. Las políticas activas que promovieron la segregación barrial en Estados Unidos, a través de políticas de vivienda, discriminación en el acceso a préstamos, y desinversión en barrios habitados por minorías, son claros ejemplos de que los procesos de segregación no son un producto “natural” de la expansión urbana. Enfatizar entonces en los problemas de los barrios sin tomar en cuenta el contexto estructural que crea estos problemas corre entonces el riesgo de culpabilizar al barrio y sus vecinos de sus propios problemas, sobreestimar su agencia, y minimizar los bloqueos estructurales a los que se enfrentan, asumiendo que la responsabilidad de protegerse del delito recae en ellos.

Otra gran interrogante tiene que ver con la aplicabilidad de estos marcos conceptuales desarrollados para entender la realidad de Estados Unidos al contexto Latinoamericano. Si bien varios estudios internacionales indican que estas teorías explican diferencias entre zonas en distintos países, los estudios en América Latina son limitados y arrojan resultados dispares. Mi propio trabajo (Chouhy, 2016) parece mostrar que, contrario a lo que se espera desde la teoría, la acción colectiva y la organización barrial suelen ser mayor en los barrios con más desventajas estructurales, quizás por la mayor dependencia en las economías informales o la necesidad histórica de acción colectiva para procurar recursos básicos para el barrio, tales como la conexión eléctrica, o la regularización de la tierra. Sin embargo, la confianza social parece sí disminuir a mayores niveles de desventajas estructurales. A niveles similares de desventaja, la eficacia colectiva parece también ser un factor clave en la disminución del delito. La investigación de Aguiar y colegas (2023) también parece apuntar en ese sentido e invita a indagar en profundidad de dónde surgen, en qué consisten, y dónde se localizan los procesos barriales clave que facilitan la prevención del delito.

Por último, es importante tener cautela respecto a cuáles son específicamente los mecanismos de control social que se movilizan en pos de disminuir el delito, quién los ejerce y hacia quién se ejercen. Existe la posibilidad de que el capital social y la acción colectiva puedan movilizarse de forma excluyente y discriminatoria y contribuyan a perpetuar la marginalización de personas pertenecientes a los sectores más vulnerables de la población, reproduciendo inequidades dentro y entre los barrios. En Estados Unidos, varios ejemplos de acciones de vecinos orientadas a intervenir ante personas consideradas “peligrosas” muestran el lado negativo de la acción colectiva en sociedades desiguales y atravesadas por el racismo. Casos de acciones de vecinos ejerciendo justicia por mano propia son también comunes en Latinoamérica, y presentan un problema a la hora de pensar intervenciones que promuevan la acción colectiva.

En suma, entender la concentración del crimen en Montevideo (y Uruguay en general) permite ampliar el abanico de políticas públicas en materia de seguridad, trascendiendo las intervenciones punitivas o el debate respecto a la efectividad policial. Centrar al barrio como unidad de análisis e intervención es en ese sentido clave y deja clara la necesidad de profundizar la investigación en el área de comunidades y crimen. Esta agenda de investigación se nutre de un gran bagaje teórico y empírico desarrollado principalmente en Estados Unidos, que puede aportar en gran medida al entendimiento de la realidad uruguaya. Sin embargo, esto no implica trasladar de forma acrítica marcos interpretativos creados para otro contexto ni obviar los potenciales problemas conceptuales y prácticos que presentan estas perspectivas.  

 

Referencias

Aguiar, S., Musto, C., Borrás, V., Vigna, Ana & Vales, S. (2023). Distribución espacial del delito y eficacia colectiva en Montevideo, Uruguay. Departamento de Sociología-Udelar.

Anderson, E. (1999). Code of the Street: Decency, Violence, and the Moral Life of the Inner City. W.W. Norton.

Bursik, R. J. (1999). The informal control of crime through neighborhood networks. Sociological Focus, 32, 85–97.

Cerdá, M., Morenoff, J. D., Hansen, B. B., Tessari Hicks, K. J., Duque, L. F., Restrepo, A., & Diez-Roux, A. V. (2012). Reducing violence by transforming neighborhoods: A natural experiment in Medellín, Colombia. American Journal of Epidemiology, 175, 1045–1053.

Chouhy, C. (2016). Collective Efficacy and Community Crime Rates: A Cross-National Test of Rival Models. Unpublished Doctoral Dissertation. University of Cincinnati.

Kirk, D. S., & Papachristos, A. V. (2011). Cultural mechanisms and the persistence of neighborhood violence. American Journal of Sociology, 116, 1190–1233.

Sampson, R. J., Raudenbush, S. W., & Earls, F. J. (1997). Neighborhoods and violent crime: A multilevel study of collective efficacy. Science, 277, 918–924.

Shaw, C., & McKay. (1942). Juvenile Delinquency and Urban Areas.

 

Tomado de Razones y Personas. Esta obra está bajo una Licencia Creative Commons Atribución 3.0 No portada.