Legalización, drogas y estigma
Por Rosario Queirolo, Lorena Repetto y Eliana Álvarez
En la discusión sobre la
legalización de drogas o regulación de los mercados de drogas, uno de los
objetivos principales suele ser la descriminalización de los usuarios. El
argumento es que los usuarios de drogas no pueden ser tratados como criminales
por su consumo y, por lo tanto, el consumo debería, al menos descriminalizarse
o despenalizarse. Cuando se
descriminaliza o despenaliza, continúa existiendo la prohibición, sólo que el
consumo deja de ser una conducta considerada un crimen y, en general, si
conlleva alguna sanción, es solo una advertencia o sanción civil.
Más allá de los casos que
han regulado o legalizado el mercado de cannabis (Canadá, Uruguay, varios
estados de Estados Unidos, Malta, Luxemburgo y Jamaica), son muchos los países
que han descriminalizado o despenalizado su tenencia y/o uso. Actualmente, en Brasil, los jueces del Supremo
Tribunal Federal están discutiendo la descriminalización de la tenencia de
drogas, incluido el cannabis. En Uruguay, la descriminalización de consumo de
drogas existe desde 1974, cuando se aprobó la Ley 14.294 que prohibía plantar,
cultivar, cosechar y comercializar cualquier planta de la cual se pudiera
extraer sustancias narcóticas (con la excepción de aquellas que tuvieran como
fin la investigación científica), pero, a diferencia de leyes parecidas que
fueron aprobadas en otras partes del mundo aproximadamente en el mismo momento,
dejó por fuera de la prohibición de uso, y habilitó la tenencia de droga para
“consumo personal”. El problema fue que el concepto de “consumo personal” fue
interpretado de forma discrecional por los jueces, y algunos consideraban que pequeñas
cantidades estaban destinadas a la comercialización. Bajo esta ley, no todos
los uruguayos y uruguayas tenían la misma probabilidad de ser criminalizados
por su uso de drogas, quienes tenían un nivel socioeconómico más bajo, tenían
una probabilidad mayor de ser procesados (Bardazano, 2012; Garibotto, 2010).
Por lo tanto, la Ley 19.172, que regula el mercado de cannabis, tuvo como
objetivo evitar esta discrecionalidad y la criminalización de los usuarios que
traía aparejada.
Descriminalizar a los
usuarios de drogas no sólo permite liberar recursos para que la policía y el
sistema judicial se concentren en delitos de mayor relevancia, sino también puede
disminuir la estigmatización de los usuarios de drogas. El estigma puede presentar
una barrera para las oportunidades de vida y puede interferir con la capacidad
de acceso a vivienda, empleo o tratamiento de adicciones. No todos los usuarios
de drogas experimentan el estigma en el mismo grado (Ahern et al., 2007),
depende -entre otros factores- del tipo de droga consumida. Las opiniones
negativas hacia el consumo de cannabis son significativamente menores que hacia
otras drogas, tanto en Uruguay como en otros países, y eso se debe a que el
consumo está más normalizado (Palamar, 2012; Brown, 2015). Además, no todos los
consumidores de cannabis experimentan el mismo grado de estigma (Duff et al.,
2012; Liebregts et al., 2015; Skliamis et al. 2020). Sin embargo, para las
personas que consumen cannabis, el estigma puede ser una barrera para una
amplia gama de oportunidades y derechos (Corrigan & Wassel, 2008; Link y
Phelan, 2001). El círculo vicioso entre el estigma y la exclusión social puede
impedir que las personas busquen ayuda frente a una posible adicción.
En Uruguay, donde
esperaríamos encontrar menores niveles de estigmatización por su política de
regulación del cannabis (lo cual probablemente sea así en términos comparados),
hay evidencia de que los usuarios todavía perciben estigma. Existen usuarios
que no se registran porque dudan de la confidencialidad del registro y tienen
miedo de que, si su consumo se conoce públicamente, pueden ser rechazados o
discriminados en su trabajo o barrio (Pardal et al., 2019). Es difícil saber si
la ley de regulación de cannabis disminuyó el estigma/aumentó la aceptación
social hacia los usuarios de cannabis, no tenemos datos que nos permitan
comparar lo que sucedía antes de la regulación con lo que sucede ahora, pero es
razonable que así haya sucedido. Pero sí podemos conocer el impacto de la
legalidad. Para eso diseñamos un experimento de conjoint que incluimos
en una encuesta nacional cara a cara (Queirolo et al., 2023). En el
experimento, presentamos a los participantes dos perfiles diferentes de
potenciales vecinos, ambos consumidores de cannabis, y tenían que elegir uno.
Estos perfiles aleatorizan atributos como ser un usuario registrado, el
mecanismo de adquisición de cannabis (es decir si la persona compra en una
farmacia, club cannábico o autocultiva versus si compra en una boca de venta de
drogas), la frecuencia de consumo de cannabis, así como características
sociodemográficas. La coexistencia de usuarios registrados y usuarios que no se registran nos permitió
probar si el registro, y la posibilidad de acceder a cannabis por un mecanismo
legal introducida por la ley, reduce la estigmatización de los usuarios o no.
Los resultados del experimento revelaron que los usuarios registrados, y
aquellos que obtienen cannabis por vías legales (compran en farmacias, en un
club o autocultivan) son preferidos como vecinos frente a los que permanecen
sin registrarse y acceden al cannabis de forma ilegal.
Figura 1. Efectos de los
atributos de los consumidores de cannabis en la probabilidad de ser preferidos
como vecinos (puntos porcentuales).
* La figura muestra las estimaciones de efectos marginales (Marginal Means) de los atributos de los vecinos asignados al azar en la probabilidad de ser elegidos por el encuestado. Los puntos representan las estimaciones puntuales y las líneas los intervalos de confianza del 95% para el MM de cada valor del atributo.
Es posible que, al preferir
un vecino que consume cannabis a través de un mecanismo legal, las personas no
solo recompensen la legalidad, sino que también eviten estar cerca de alguien
involucrado/a en actividades ilegales. No podemos separar estos mecanismos
altamente interconectados, pero ambos funcionan en la misma dirección. En los
regímenes prohibicionistas, los usuarios de drogas no tienen otra opción para consumir
que conectarse con la ilegalidad, mientras que la regulación da la posibilidad
de evitar estos contactos.
La experiencia uruguaya indica
que la legalidad aumenta la aceptación social y, por consiguiente, reduce el
estigma hacia los consumidores. Esto es positivo en sí mismo y, por los
posibles efectos que pueda generar. Por ejemplo, puede ser que, ante un consumo
problemático, los usuarios recurran más abiertamente a un tratamiento. Estos
hallazgos también son relevantes para la discusión internacional sobre la
descriminalización del uso de drogas en general.
Referencias
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