¿Existen oportunidades económicas en el mercado legal de cannabis en Uruguay?
En 2013, Uruguay se convirtió en el primer país del mundo en legalizar y regular el mercado de cannabis para uso adulto. A diferencia del modelo comercial de Canadá y algunos estados de Estados Unidos, Uruguay optó por una regulación fuertemente controlada por el Estado. Más de una década después, es relevante analizar qué oportunidades económicas ha generado este modelo, quiénes se benefician y qué desafíos persisten.
La ley uruguaya permite a los
adultos registrarse en una de tres vías de acceso al cannabis, que son
mutuamente excluyentes: autocultivo (se pueden tener hasta 6 plantas por hogar),
clubes sociales de cannabis (asociaciones sin fines de lucro con 15 a 45
miembros), y farmacias (que venden flores producidas por empresas con licencias
estatales). El Estado, a través del Instituto de Regulación y Control del
Cannabis (IRCCA), mantiene un control estricto sobre la vía de acceso más
popular: las farmacias. El IRCCA fija el precio, la potencia y las variedades
disponibles, y limita la compra a 40 gramos mensuales por persona.
Los actores y su papel en el
mercado legal
Aunque el espíritu de la ley no era generar ganancias, el sistema ha creado nichos de negocio. Los principales actores del mercado legal de cannabis en Uruguay son los productores con licencia, las farmacias autorizadas, los clubes sociales de cannabis y, de forma indirecta, un entramado de industrias asociadas como los grow shops y consultores contables y legales especializados en este mercado, entre otros[2].
El autocultivo no forma parte del
negocio legal. Su propósito es el consumo personal, y la venta está prohibida,
por lo que no genera ingresos legales. Sin embargo, los autocultivadores suelen
producir más de lo que consumen y a veces lo comparten o venden de forma informal
a amigos y familiares. El mayor beneficio económico que obtienen es el ahorro,
ya que producir en casa es más barato que comprar en un club o una farmacia.
Los clubes sociales de cannabis
surgieron como una alternativa comunitaria, pero su funcionamiento ha variado.
Mientras que algunos se organizan de forma cooperativa con un fuerte espíritu
activista, la mayoría actualmente se asemeja a microempresas con empleados
remunerados y poca participación de los socios, en gran medida funcionan como
dispensarios. Los precios en los clubes son significativamente más altos que en
las farmacias. Es difícil estimar los ingresos totales generados por los clubes
porque sus matrículas, membresías y costos operativos son distintos. Se estima que, en 2023, este sector movió en
el entorno de los $17 millones de dólares[3],
superando al mercado de las farmacias. Aunque no reparten utilidades, los
directores y gestores pueden recibir salarios, creando un pequeño sector
laboral.
Muchos clubes generan excedentes.
Un club con un máximo de 45 miembros tiene legalmente permitido suministrar
21.6 kg de cannabis a sus miembros anualmente (45 miembros × 480 gramos de
límite anual por persona). Si tienen un cultivo eficiente (por ejemplo, tres
cosechas por año) y en el máximo permitido por la ley para el cultivo (es
decir, 99 plantas en flor), los clubes pueden producir más cannabis que el
permitido para su distribución legal, pero no pueden vender cannabis a personas
que no sean miembros del club. Esas
ventas, si existen, no son parte del mercado legal y no son tenidas en cuenta
en la anterior estimación.
Las empresas que producen para
farmacias son pocas y operan bajo estrictas condiciones impuestas por el
Estado. No pueden elegir libremente las variedades a cultivar ni fijar el
precio, y solo producen flores, sin derivados como aceites o comestibles. Sus
instalaciones y cultivos están en un terreno que es propiedad del Estado. En
2023, las ventas en farmacias generaron alrededor de $7.4 millones de dólares,
de los cuales entre $4 y $4.8 millones fueron ingresos brutos para los
productores. Su margen de ganancia depende de la eficiencia, ya que el Estado fija
casi todas las variables del negocio.
Las farmacias que venden cannabis
son apenas 46 en todo el país, concentradas en Montevideo y algunas capitales
departamentales. En 6 de los 19 departamentos del país, aún no hay farmacias que
vendan cannabis, lo que limita las posibilidades de acceso legal a los/las
usuarias que viven en esos departamentos. El ingreso para las farmacias es
modesto: en 2023 obtuvieron entre $1.1 y $2.2 millones de dólares en total, lo
que equivale a unos $40,000 anuales por local. A pesar de ello, este ingreso
puede ser crucial para farmacias pequeñas. Un problema significativo es que,
debido a presiones del sistema financiero internacional, los bancos uruguayos
no aceptan trabajar con dinero de la venta de cannabis, obligando a todas las
operaciones a ser en efectivo. Esto ha desincentivado la participación de
grandes cadenas.
Un balance general: justicia económica y desafíos
pendientes
El modelo uruguayo buscó
priorizar la salud pública, la descriminalización y la seguridad pública, no la
generación de ganancias. Sin embargo, en el camino creó algunas oportunidades
económicas, aunque limitadas y desiguales. En primer lugar, los productores son
pocos y necesitan mucho capital para operar a gran escala. Segundo, las
farmacias obtienen ingresos, pero enfrentan importantes trabas financieras.
Tercero, a diferencia de Estados Unidos y Canadá, Uruguay no incluyó programas
de equidad social para priorizar a personas afectadas por la criminalización del
uso de cannabis previo a la regulación, pero tampoco se excluyó de participar
en el mercado legal a quienes tienen antecedentes por delitos relacionados al
cannabis, quienes, por ejemplo, pueden formar un club. Los clubes permiten la
participación de activistas y consumidores.
Cuarto, los autocultivadores quedaron por fuera de la posibilidad de
generar ganancia legal.
El sistema uruguayo logró algo
notable: evitar la concentración corporativa que caracteriza a otros mercados.
No hay grandes marcas dominando, y los distintos actores coexisten bajo reglas claras. Pero también dejó pendiente la pregunta de
quién se beneficia realmente. El mercado legal mueve dinero, pero no ha sido
una gran fuente de empleo ni de inclusión económica.
Referencias
· Maas,
D. (2022) Cannabis Country Report: Uruguay. Retrieved from https://cannavigia.com/cannabis-country-report-uruguay-how-to-legally-grow-and-obtain-cannabis (Accessed: 10 January 2024).
· Maybin,
S. (2019) Uruguay: The world’s marijuana pioneer. Retrieved
from https://www.bbc.com/news/business-47785648 (Accessed: 7 February 2024).
[1] Esta nota está basada en el artículo que escribimos junto con Marta Rychert (Massey University) y Mafalda Pardal (Rand) “Market Revenues and Economic Opportunities in the Legal Cannabis Market in Uruguay” publicado en el Journal of Illicit Economies DOI: 10.31389/jied.250
[2] Como
el cannabis está exento de impuestos, el ingreso que recibe el Estado de este
mercado legal se limita al porcentaje de las ventas de cannabis en farmacias que
va para el funcionamiento del IRCCA.
[3] Es cálculos están basados en datos
extraídos de entrevistas a directivos/as de clubes sociales de cannabis y
fueron triangulados con artículos de prensa y literatura gris (e.g., Maas, 2022; Maybin, 2019).
Tomado de Razones y Personas. Esta obra está bajo una Licencia Creative Commons Atribución 3.0 No portada.
