El Chile de los que sobran
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A principios de octubre de 2019 algunos estudiantes secundarios protestaron contra la suba del precio del Metro de Santiago saltando torniquetes. También intervenían en estaciones liberando los torniquetes para que el ciudadano de a pie viajara sin pagar. Todos pensábamos que la cosa iba a quedar ahí. Y, sobre todo, nadie se imaginaba en un mes después, el poder político jaqueado por el desorden social accedería a iniciar un proceso de reforma de “la constitución de Pinochet”. ¿Cómo prever que el himno de ese estallido de rabia contra el sistema terminara siendo una canción de 1986? Las estrofas se explican solas: “Nos dijeron cuando chicos / Jueguen a estudiar (…) Y no fue tan verdad/porque esos juegos/ al final/ Terminaron para otros con laureles y futuros/ Y dejaron a mis amigos pateando piedras (…) A otros dieron de verdad esa cosa llamada educación / Ellos pedían esfuerzo, ellos pedían dedicación/ ¿Y para qué?/ Para terminar bailando y pateando piedras / Únete al baile / De los que sobran”. Casualmente, la banda que compuso la canción se llamaba “Los Prisioneros”.
A fines de octubre de 2019, uno de los lemas del estallido social era “Chile despertó”. El otro lema era “no son 30 pesos, son 30 años”. Así se resumía el malestar con el corazón del modelo económico y social impuesto en dictadura y continuado en democracia. Tras un movimiento espontáneo y desorganizado destituyente del status quo, la ciudadanía chilena no logró canalizar institucionalmente la construcción de un nuevo status quo. Dos asambleas constituyentes fracasaron y la Constitución de 1980 sigue vigente. También siguen vigentes “el baile de los que sobran” y la elite política y económica contra la que se manifestó la ciudadanía desorganizada en 2019. Este octubre se cumplen 6 años del estallido social. Este octubre se celebran las elecciones generales y dos de las principales candidatas presidenciales pertenecen al corazón de la elite política de los “30 años”.
En esta columna queremos repasar la vigencia de algunos factores estructurales del malestar en la democracia chilena. En primer lugar, describimos cómo el modelo de mercado sigue operando en el sistema educativo y previsional, dos pilares del descontento social. En segundo lugar, describimos cómo el sistema político mantiene los principales rasgos previos a la crisis de 2019. Concluimos que la sociedad chilena volvió a una fase de malestar latente a la espera de un nuevo ciclo de desorden político.
La economía y la sociedad del riesgo chilena.
Usualmente las crisis económicas desembocan en crisis políticas. La crisis argentina de 2001 es un claro ejemplo de esto. Sin embargo, en octubre de 2019 en Chile no había ningún desajuste macroeconómico. De hecho, en 2018 Chile creció al 4%, duplicando el ritmo de los cuatro años previos. No obstante, que las variables macroeconómicas no implican que no haya razones económicas para el malestar social. El modelo económico chileno funciona sobre la base de la comodificación de bienes como la salud, la educación y la previsión social. Gøsta Esping-Andersen (1990) proponía entender la comodificación como la dependencia del individuo en su posición en el mercado laboral para acceder a ciertos bienes básicos. Bajo el Estado de bienestar, los individuos pueden acceder a educación y salud independientemente de su “valor” en el mercado de trabajo.[i] En una sociedad altamente comodificada, el riesgo de permanencia o acceso a determinados servicios depende de los vaivenes del mercado laboral.
Por ejemplo, los hogares chilenos son los más endeudados de América Latina.[ii] Como contrapartida, el Estado chileno es el que tiene menor deuda pública de todo el continente. La educación es uno de los principales componentes de la deuda privada en Chile. Hasta el año 2021, cualquier estudiante universitario debía pagar por sus estudios. Sin embargo, en 2005 y durante el gobierno de Ricardo Lagos se creó el Crédito con Aval del Estado (CAE). Básicamente esta política permitió que cualquier joven pudiera tomar deuda para pagar sus estudios presentes. La promesa consistía en que al finalizar la carrera universitaria el joven tendría los ingresos suficientes para pagar su deuda educativa. Sin embargo, según los datos de 2024 el 64% de los deudores estaban en situación de mora. La deuda total de este programa asciende actualmente a USD 11.900 millones (aproximadamente 3,6% del PIB). En términos desagregados un informe de la subsecretaría de educación estableció que el 70% de los deudores gana menos de USD 800. En otras palabras, la movilidad social que se buscó mediante la extensión de la enseñanza superior no dio resultado[iii].
El malestar con el modelo educativo es estructural en el Chile contemporáneo y sirvió de sustrato para los dos grandes ciclos de protestas masivas previos al estallido de 2019. En 2006 y 2011 los estudiantes se volcaron masivamente a las calles durante casi todo el año escolar para protestar contra la mercantilización de la educación (Medel, Somma y Donoso 2023). Entre los líderes del movimiento estudiantil estaba el actual presidente Gabriel Boric, y una de sus principales promesas de campaña en 2021 era la condonación del CAE. Hasta hoy, el CAE se mantiene firme y no está asegurado que se apruebe su cierre en el Congreso.
La previsión social es otro de los bienes que Esping-Andersen estudia en “Los tres mundos del Estado de Bienestar”. Y también es uno de los temas más álgidos en el debate público chileno. Con excepción de las fuerzas de orden (Carabineros y Fuerzas Armadas) todos los trabajadores aportan a fondos privados individuales administrados por las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP). Mientras que durante la dictadura se prometía que 40 años más tarde un retirado recibiría una tasa de retorno del 100% (mantendría su último sueldo), la tasa de retorno actual es del 30%. El modelo de pensiones fue cuestionado durante el estallido social, durante el proceso constituyente y fue una promesa del actual gobierno. Desde entonces, en el debate público ha estado instalada la idea de una reforma de pensiones. El gobierno actual logró aumentar la pensión mínima (Pensión Garantizada Universal) y aprobó en el Congreso un aumento paulatino de la contribución de los empleadores hasta alcanzar el 8.5% en 2033. Sin embargo, el acuerdo incluye que ese 8,5% se reparta en partes iguales entre el pilar solidario y las cuentas individuales.
La élite desconectada.
Algunos politólogos indicaban que Chile tenía un sistema de partidos estable y altamente institucionalizado a inicios del Siglo XXI. Sin embargo, otros autores sostenían que se estaba observando un espejismo. La estabilidad de actores políticos y la “institucionalización” coexistía con un deterioro de la conexión de los partidos con los ciudadanos (Luna y Altman 2011). En concreto, los partidos políticos estaban fallando en su capacidad de representación. Algunos síntomas eran la sostenida caída en la participación electoral, los datos de opinión pública que marcaban una disminución constante de la identificación partidaria y el aumento de la personalización política. Ante el deterioro de la marca partidaria, los candidatos preferían competir como independientes y también actuar con menor disciplina en el Congreso.
La elite política percibió el problema, pero las soluciones ensayadas siempre pasaron por las instituciones electorales. Para 2013 entraron en vigor las primeras transformaciones al sistema electoral heredado de la dictadura, y desde entonces, todas las elecciones han presentado cambios en el sistema electoral. En primer lugar, se aprobó la inscripción automática de todos los ciudadanos en el registro electoral y el voto voluntario. Esto sustituía el voto obligatorio de aquellos que voluntariamente habían concurrido a registrarse como electores. Por otro lado, se sustituyó el sistema binominal que excluía partidos chicos, por un sistema de representación proporcional. En la búsqueda de aumentar la representatividad del sistema, también se aumentó el número de escaños en la Cámara de Diputados. Sin embargo, el aumento de la fragmentación partidaria condujo a más escenarios de bloqueo político. A su vez, el bloqueo político ha sido percibido por las elites y la ciudadanía como un obstáculo en la eficacia del sistema, y por tanto, favoreciendo la desafección.
Para algunos autores, las soluciones institucionales a la desconexión partidaria no han funcionado porque a nivel estructural la política cambió su rol en la sociedad chilena. El desmantelamiento del Estado central, la descentralización de la educación y la salud, y en general la ruptura de las conexiones verticales hacia el centro político minaron la estructura de la representación (Luna y Mardones 2017). Sin embargo, la desestructuración de los grupos de intermediación durante la dictadura (sindicatos, movimientos sociales) ha contribuido a la incapacidad de emergencia de nuevos partidos con conexiones sociales. Como plantean Medel Somma y Donoso (2023) las formas de participación política de algunos actores sociales no implican necesariamente un aumento de la participación en canales institucionales.
A pesar de lo disruptivo del estallido social, no es extraño que, ante la incapacidad de producir un nuevo orden político, los viejos actores mantengan su vigencia. Entre las principales candidatas presidenciales de este 2025 están Carolina Tohá y Evelyn Matthei. La primera, es una política que pertenece al Partido por la Democracia (PPD) el mismo al que pertenece el expresidente Ricardo Lagos. Tohá fue viceministra en el gobierno de Lagos desde el 2000 y diputada desde 2002.y desde entonces ha sido ministra, alcaldesa de Santiago y otros cargos de alta jerarquía. Por otro lado, Evelyn Matthei fue electa diputada en 1990 por la derechista Renovación Nacional, pero en 1997 pasó a militar en la UDI, un partido fundado por integrantes del régimen pinochetista. Desde que fue electa diputada, Matthei no ha dejado la política, y se ha desempeñado como ministra, senadora y alcaldesa. En este escenario, es solo cuestión de tiempo volver a escuchar en barricadas callejeras “el baile de los que sobran”.
