viernes, 30 de octubre de 2015

Rankings, competitividad y mercado laboral



El pasado 26 de octubre, en una actividad organizada por ORT fue presentado el Informe 2015-2016 del Ranking de Competitividad Global. Se trata de un reporte que regularmente publica el Foro Económico Mundial, fundación suiza que opera como think tank internacional y conocida especialmente por su encuentro invernal anual, el llamado Foro de Davos.

El informe define la competitividad como el conjunto de instituciones, políticas y factores que afectan el nivel de productividad de un país y, en ultima instancia, el nivel de prosperidad que este puede alcanzar. Los países son ordenados de acuerdo a 12 grandes dimensiones que refieren, entre otros, a aspectos tales como calidad institucional, infraestructura, estabilidad macroeconómica, educación, innovación, desarrollo financiero, funcionamiento eficiente de los mercados, etc. Cada dimensión se define a su vez a partir de un conjunto de indicadores. Los países son ordenados de acuerdo a un índice global de competitividad y en cada una de las dimensiones tomadas separadamente.

En la presentación del informe se indicó que Uruguay exhibió una leve mejoría escalando 7 posiciones respecto a la medición previa pero ubicándose a mitad de tabla (73 entre 140 países). Particular atención recibió el mal posicionamiento del país en la dimensión "eficiencia del mercado laboral", donde Uruguay se ubicó en el lugar 128. Para entender qué significa esta dimensión no hay más remedio que hurgar con cierto detalle en la caja negra del índice. ¿Cuáles son los indicadores que se consideran en esta dimensión? Son 10 indicadores:  (1) carácter cooperativo-confrontativo de las relaciones laborales, (2) grado de flexibilidad en la fijación salarial, (3) grado de flexibilidad para contratar y despedir trabajadores, (4) costos de despido, (5) efectos de los impuestos sobre incentivos a trabajar, (6) relación entre salarios y productividad, (7) profesionalidad de cargos gerenciales, (8) capacidad de retener talentos, (9) capacidad de atraer talentos, (10) participación laboral de las mujeres. De los 10 indicadores, 8 se obtienen de una encuesta con preguntas subjetivas a gerentes y dueños de empresas, quienes indican su opinión sobre cada indicador en una escala 1-7. El ultimo informe de Uruguay se basa en 99 respuestas.

El efectismo es el principal encanto de los rankings y este no es la excepción. Pero el tratamiento de la dimensión laboral merece varias consideraciones. Primero,  cuando se pone el foco en el Top 15 de esta dimensión, esto es los 15 países que supuestamente están haciendo mejor las cosas en materia de eficiencia del mercado laboral, el resultado es desconcertante. Es un club muy variado que abarca, entre otros, a países anglosajones (Estados Unidos y Reino Unido) y países escandinavos (Noruega y Dinamarca), que en muchos casos son el agua y el aceite en materia de instituciones laborales. También hay lugar para curiosidades: entre los quince primeros se cuelan Ruanda y monarquías como Emiratos Árabes y Catar, que acumula denuncias por condiciones esclavistas de producción y donde hasta hace poco tiempo los sindicatos eran considerados organizaciones ilegales. Gran flexibilidad! En definitiva, las opiniones de los empresarios parecen compatibles con configuraciones institucionales y realidades de los mercados laborales muy diferentes. El ranking tiene un uso muy limitado en cuanto indicación de en qué dirección deberíamos reformar. No queda claro a quién deberíamos emular.

Por otro lado, en el Top 15 del Índice Global de Competitividad se meten los cuatro países nórdicos (Finlandia, Dinamarca, Suecia y Noruega), Alemania y Holanda. Estos países presentan algunas diferencias en cuanto al funcionamiento de sus mercados laborales. Por ejemplo, Dinamarca se caracteriza por una alta flexibilidad en cuanto a la contratación y despido de trabajadores en comparación al resto.  Sin embargo, presentan similitudes muy marcadas. Todos tienen negociación salarial centralizada por rama, región e incluso experiencias de fijación salarial centralizada a nivel nacional. Asimismo, tanto en Alemania como en los países escandinavos, las empresas deben conformar sus directorios con representantes de los empleados. La implementación del mecanismo esta sujeta a distintas variantes pero el concepto es siempre el mismo: la propiedad de una empresa no confiere derechos de control absolutos sobre la gestión, que debe ser compartida con los empleados. Finalmente, en todos los países mencionados la ley impone a las empresas la obligación de instalar "consejos de empresa" con representantes de la empresa y de los trabajadores. Mientras los esquemas de participación en los directorios aseguran el involucramiento de los empleados en decisiones estratégicas de inversión, incorporación de tecnología y planes de reorganización, estas comisiones buscan asegurar un flujo fluido de información y consulta con los empleados en aspectos vinculados al empleo, los horarios de trabajo y la información financiera del establecimiento. Alguien podría argumentar que estos países tienen una buena figuración global en materia de competitividad, a pesar de tener las instituciones laborales que tienen, porque puntúan bien en otras dimensiones. Pero cómo separar unas dimensiones de otras. ¿Podrían estos países, por ejemplo, tener tan buena figuración en materia de innovación si sus instituciones laborales fueran tan disfuncionales? 

El tratamiento de los aspectos laborales ha resultado controvertido en otros rankings similares. Por ejemplo, una evaluación independiente del Doing Business, un ranking de países sobre la "facilidad para hacer negocios" que elabora el Banco Mundial desde 2004, desnudó serios problemas conceptuales del ranking, que sesgadamente enfatiza los costos de la regulación pero no sus potenciales beneficios. En general, el mejor de los mundos para Doing Business es aquel donde hay la menor cantidad de regulaciones. La calidad de las regulaciones no importa. En respuesta a estas evaluaciones, el Banco Mundial decidió remover del ranking el capítulo de regulación del mercado laboral y presentar dicha información separadamente. Otros cambios apuntaron a ampliar el set de indicadores analizados incluyendo aspectos relativos a la calidad del empleo y a guardar suficiente consistencia con las convenciones de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). El nuevo enfoque termina por reconocer que la existencia de menores regulaciones laborales no constituye un factor que de por si deba asociarse con la facilidad para hacer negocios en un país.

Los economistas han mostrado en general cierto escepticismo respecto a la utilidad de preguntas subjetivas como las que utiliza el índice de competitividad del Foro Económico Mundial. Existen numerosos sesgos en la forma en que los individuos responden a este tipo de preguntas. Dichos sesgos pueden ser diferentes para informantes de distintos países e incluso la propia interpretación de las preguntas puede variar según el contexto. Resulta llamativo que un índice de este tipo descanse tan fuertemente en este tipo de preguntas. 

Los rankings internacionales de países son parecidos al alcohol, las drogas, o, como ahora también sabemos, a la carne. Consumidos con moderación proporcionan una experiencia placentera. En este caso, la de reducir un fenómeno complejo a un indicador de sencilla lectura y que habilita realizar comparaciones. Sin embargo, su consumo excesivo y sobre todo acrítico puede resultar extremadamente dañino, particularmente cuando los rankings se utilizan para prescribir aquello que supuestamente deberíamos hacer. 

jueves, 22 de octubre de 2015

Gramsci, Politólogo y Blanco Como Hueso de Bagual

En esta columna quiero hacer dos cosas: Primero, repudiar el precedente que sienta el editorial del diario El País, “Para qué sirven los politólogos,” del 19 de setiembre de 2015. Segundo, leer el editorial como una intervención política, útil en el diagnóstico del estado de la derecha en la coyuntura actual.

1) El País acusa a la ciencia política uruguaya de mediocre y subordinada al Frente Amplio. La evaluación está sustentada en el abuso y mal uso de algunos rankings de reciente publicación (como cuando se sugiere que el Instituto de Ciencia Política es el tercero peor de la región, usando un ranking que incluye solamente 21 de los cientos de institutos regionales). El resto de la crítica no está fundada en datos, sino en impresiones sobre “el verdadero panorama de la profesión” y una diatriba personal contra los cinco o seis “mediáticos” de la ciencia política, que, obviamente, no puede ser usada para evaluar a la disciplina. (Recomiendo leer la respuesta publicada por el ICP).

Es importante rechazar pública y terminantemente estos ataques. El peligro es que sientan un precedente de evaluación usando criterios que son foráneos a la academia. La neoliberalización de la universidad en Estados Unidos, por ejemplo, está universalizando criterios de la lógica de mercado para evaluar instituciones que poco tienen que ver con la administración de una empresa. Esto no quiere decir que haya que hermetizar la academia. La mejor defensa está en multiplicar las instancias de diálogo entre academia y ciudadanía, generando así, por un lado, responsabilidades en la primera, y por el otro, trincheras en la sociedad civil que protejan del populismo anti-académico.

Dicho esto, en lo que resta quiero proponer algunas hipótesis sobre el estado de la derecha que ponen el ataque a los (¿y las?) politólogos en contexto político. Porque en realidad el editorial está guiado por intereses puramente políticos y no académico-intelectuales.

2) La crítica a los politólogos esconde un problema fundamental para la derecha. Dice el editorial: “Su influencia académica internacional es casi nula, pero su peso mediático aquí es importante.” Y aquí está el quid de la cuestión. No hay una razón ético-legal que impida a un/a ciudadano/a que estudia la política de participar, opinar, y discutir los problemas de la polis. Todo lo contrario. El problema para la derecha, entonces, no es ético-legal sino estratégico: ¿Quién está pensando, opinando, y discutiendo de su lado?

Y aquí es donde entra Gramsci. Por esas ironías que genera la buena academia, las historias que la derecha viene contando para explicar y explicarse la actual correlación de fuerzas tienen un tufillo de marxismo crítico. No porque sus intereses e ideas sean de izquierda, sino por la manera en que entienden cómo se construye, cómo se mantiene, y cómo se pelea por el poder. Como repasaba Nicolás Duffau en la diaria durante las últimas elecciones, desde Gustavo Penadés a múltiples columnas en las páginas de El País, la derecha ha hablado de política como lucha por la hegemonía, concepto central de la obra de Antonio Gramsci (que lo hagan bien o mal, sofisticada o vulgarmente es otra historia).

“Las mayores dificultades opositoras no se verán pues en el ejercicio concreto de la crítica o el control,” ha dicho Francisco Faig en El País. Agregando que “serán acerca de la verosimilitud, pertinencia y necesidad última de imaginar y promover un país diferente a este. Nada más y nada menos.” Y yo creo que, estratégicamente, tiene razón. La preocupación por los politólogos, entonces, es entendible como parte de una serie de preguntas que algunas voces en la oposición, las más sofisticadas, se hacen:

¿Cómo recuperar y ocupar nuevos espacios desde dónde generar sentido político? ¿Cómo construir un proyecto político, inevitablemente particular, pero con pretensiones legítimas de universalidad? En la jerga del momento, ¿cómo hacer política, de verdad, después y más allá de Pluna y Ancap? ¿Cómo ir de la crítica a la formulación política? Más específicamente, ¿Cómo ir de la marketinera positivización a la politización (y ciudadanización) de sus cuadros y apoyos populares?

Y el tema no es únicamente electoral. Bastante a la derecha de Faig, pero con un lugar inamovible en el imaginario nacionalista, Ignacio de Posadas advertía en El País que de no ganar la batalla cultural antes de ganar las elecciones se corría el riesgo que la “llegada al gobierno de un partido fundacional en tiempos críticos y sin que se haya operado en el país una reacción cultural lo suficientemente relevante y profunda como para poder tomar las medidas que el país precisa…vuelva a frustrar una oportunidad de cambio. Ya ocurrió…”

El análisis De Posadas es también atinado estratégicamente (para los que dicen los politólogos no somos objetivos…). Para De Posadas es impensable des-frenteamplizar el Uruguay si antes no se gana lo que Gramsci llamó “guerra de posiciones” –más todavía con el grado de movilización ideológica que la sociedad civil ha alcanzado en los últimos 15 o 20 años, en buena medida como reacción a la “guerra de movimiento” neoliberal de los noventa. Haber anunciado la muerte de la polis -que Amparo Menéndez-Carrión, en su reciente e importante libro, plantea como antítesis del neoliberalismo- demasiado temprano le terminó costando a los blancos, por lo menos, 25 años en la oposición. De Posadas sigue siendo neoliberal. Pero ahora es un neoliberal con sensibilidades gramscianas.

Ahora bien, un proyecto de este tipo, una “guerra de posiciones,” necesita de un capital político que la derecha no posee. Esta es una de las aporías de la derecha en la historia reciente: la despolitización como herramienta de dominación neoliberal, que predominó en la lógica de los partidos tradicionales desde el regreso de la poliarquía en 1985 a la victoria del FA en el 2005, terminó por despolitizar desproporcionadamente a los cuadros y apoyos populares de los partidos tradicionales. La derecha se compró el cuento sobre el fin de las ideologías y otros clichés neoliberales por tiempo suficiente para vaciar de política sus estructuras. Hoy, economistas, administradores de empresas, y publicistas a la vanguardia del PN se miran las caras azorados preguntándose cómo puede ser que su neoliberalismo positivo no llene las calles y las urnas.

Más y mejores cuadros intelectuales en la oposición le harían bien no sólo a la derecha, sino también a la polis toda.

Pero quizás lo más preocupante para la derecha, no la electoralista sino la política, es que de haber un foco contra-hegemónico, es de la izquierda de donde está emergiendo. Y es que en realidad, como ya dijo Nicolás Duffau en la columna antes mencionada, es difícil sostener que haya una hegemonía frenteamplista. La del FA ha sido, siguiendo de nuevo a Gramsci, una “revolución pasiva,” donde la continuidad convive con el cambio. Y en el caso uruguayo, diría que mucho más pasiva que revolucionaria. ¿Cómo entender sino que el gobierno tenga que “discutir” si los terratenientes más ricos del país tienen que pagar o no un impuesto que todo el resto de la sociedad paga? ¿Cómo entender que la oposición sea más vazquista que la izquierda (o al revés)? Hoy parece claro que la revolución pasiva del FA ha llegado a un impasse. Sus engranajes se trancaron en la institucionalización de dos estados: uno a la derecha y uno a la izquierda. Queda por verse si un impulso contra-hegemónico de abajo y articulado con algunos sectores dentro del FA logra reactivar el cambio. Pero ese es tema para otra columna.


Foto: Sofía Rodríguez Gutierrez
"Cittá Sconfinata"
35mm
2012

jueves, 15 de octubre de 2015

La burocracia ¿no es la misma para todos?

La conducta discriminatoria del gobierno es una preocupación central en relación a la calidad de la democracia. Bajo el principio de igualdad que rige la democracia, cualquier tratamiento discriminatorio por parte de la burocracia hacia los ciudadanos es una violación de esta regla de igualdad, y podría impactar negativamente en la confianza del público en las instituciones de gobierno.

Este problema no es nuevo en la literatura académica. En las últimas décadas, ha habido un volumen cada vez mayor de estudios sobre el tratamiento desigual que las burocracias le dan a ciudadanos individuales y a actores de la sociedad civil. La hipótesis principal que orienta esta literatura es que los funcionarios públicos tienden a ser más receptivos a aquellos ciudadanos que son similares a ellos (en distintas categorías) y, por el contrario, menos receptivos a aquellos considerados como de otro grupo o “con menos estatus”[i].  Con esta idea, estudios clásicos evalúan la discriminación racial en distintas áreas de políticas gubernamentales[ii]. En algunos casos, ser miembro de la clase media o alta parece influenciar positivamente al trato recibido por parte de los funcionarios públicos, mientras que ser miembro de grupos excluidos o vulnerables explica un comportamiento discriminatorio por parte de cuerpos gubernamentales[iii]. La discriminación en base al género por parte de los burócratas también ha sido detectada a nivel de los burócratas de calle, incluso cuando la mayor parte de los países aprobó leyes en contra de la discriminación de género hace ya muchos años.

El nuevo escenario de aprobación de leyes de acceso a la información a nivel internacional ha abierto una oportunidad renovada para re-estudiar la conducta discriminatoria, ya que los funcionarios públicos pueden verse tentados a responder solo, o con mayor velocidad, a las solicitudes provenientes de ciudadanos pertenecientes a las clases socioeconómicas más altas, y a los grupos más poderosos. Al hacer esto, contribuirían a reducir la asimetría de información entre el gobierno y estos grupos, pero al mismo tiempo ampliarían la brecha entre éstos y los sectores más vulnerables, incrementando el acceso desigual a la información.

Esto es exactamente lo que estaría sucediendo en algunos de los países donde se están implementando las leyes. Investigaciones recientes sugieren que los miembros de los grupos excluidos o vulnerables, como los pobres o las minorías raciales, son menos pasibles de recibir respuestas satisfactorias a sus solicitudes. Adicionalmente parece haber un prejuicio en la respuesta gubernamental, favoreciendo a las solicitudes de representantes de ONGs y periodistas, y relegando aquellas que provienen de individuos comunes[iv]. En definitiva, los funcionarios públicos pueden verse tentados a responder solo, o con mayor velocidad, a las solicitudes provenientes de ciudadanos pertenecientes a las clases socioeconómicas más altas, y a los grupos más poderosos.

En Uruguay, un estudio reciente[v] que llevamos a cabo con Rafael Piñeiro evalúa la conducta discriminatoria de la burocracia uruguaya a través del grado y la forma en que se da cumplimiento lo establecido en la ley 18.381 de Acceso a la Información Pública (ver nota de Fabrizio Scrollini del18/10/2013)

La Ley, aprobada en 2008, establece que toda persona interesada en acceder a información de los organismos gubernamentales debe hacerlo mediante solicitud escrita ante el titular del organismo, incluyendo su identificación, domicilio y forma de comunicación, la descripción de la información requerida y opcionalmente el soporte en el cual recibirla. Los organismos tienen la obligación de permitir el acceso o en su defecto dar respuesta a la consulta en el momento en que se la solicita disponen de 20 días hábiles para permitir o denegar el acceso o responder la consulta, existiendo una prórroga de 20 días en casos excepcionales.

Con un diseño de experimento de campo aleatorio (randomized field experiment design) que implicó el envío de solicitudes de acceso a información a 320 organismos públicos con distintos perfiles de ciudadanos[vi], la investigación muestra que los servidores públicos parecen ser omisos en el cumplimiento de la ley o el cumplimiento es en general, como otros estudios ya han señalado, relativamente bajo. Algo menos de un 20% respondió a los pedidos.

Por otro lado, solo aquellos que conocen la ley y pueden invocar su existencia para hacer cumplir su derecho tienen mayores probabilidades de recibir respuesta. El supuesto es que  invocar la ley que otorga el derecho a recibir la información puede imponer en la burocracia la necesidad de responder. Aquellos que están en condiciones de decidir si responder o no al pedido, saben que quien solicita información está al tanto de que la no respuesta representa un incumplimiento de la ley.

El otro elemento que se observa es que la posibilidad de recibir más respuestas parece estar solo abierta a los hombres, en tanto en nuestro experimento las mujeres que invocan la existencia de la ley no reciben un mejor trato respecto a aquellas que no lo hacen.

Aunque solo para esta ley en particular y los derechos que ésta buscó expandir, el estudio confirma que, como es esperable, Uruguay no es muy diferente al resto de los países con niveles de desarrollo y consolidación democrática similares. En realidad, (i) la sanción de normas está lejos de asegurar el cumplimiento efectivo de las leyes y (ii) cuando existe una brecha entre la sanción de las leyes y la aplicación de la misma aparecen espacios para la discrecionalidad de las burocracias. Dicho de otra forma, cuando las normas se aplican en forma minoritaria o residual, en donde la respuesta queda librada a la discrecionalidad del organismo, de las oficinas o de los funcionarios públicos que las reciben, es esperable que esa misma discrecionalidad opere favoreciendo a determinados perfiles de ciudadanos que sean tratados especialmente por pertenecer a determinado grupo social o profesión.

Esta evidencia obliga a mirar con lupa la existencia de sesgos y en especial los mecanismos que están detrás del trato diferencial que el estado, a través de la burocracias, otorga a distintos tipos de ciudadanos. De lo contrario, podremos tener buenas leyes pero siempre tendremos el riesgo de que al implementarse no tengan impactos significativos o, lo que es peor, puedan convertirse en una nueva fuente de desigualdad, por la vía de ampliar la brecha entre éstos y los sectores más vulnerables, incrementando el acceso desigual a la información.





[i] Ver, por ejemplo, Hummel, R. (1977). The Bureaucratic Experience. New York: St. Martin’s Press; Sjoberg, G., Brymer, R., & Farris, B. (1966). Bureaucracy and the Lower Class. Sociology and Social Research, 50, 325–337.
[ii] Lipsky, M. (1980). Street Level Bureaucracy: Dilemmas of the Individual in Public Services. New York: Russell Sage Foundation;    Lieberman, R. (1998). Shifting the Color Line: Race and the American Welfare State. Cambridge: Harvard University Press; Thomas, J. C. (1986). The Personal Side of Street-Level Bureaucracy Discrimination or Neutral Competence? Urban Affairs Quarterly, 22, 84–100

[iii] Jones, B., Greenberg, S., Kaufman, C., & Drew, J. (1977). Bureaucratic Response to Citizen-Initiated Contacts: Environmental Enforcement in Detroit. The American Political Science Review, 71(1), 148–165
[iv] Open Society Justice Initiative. (2006). Transparency and Silence: A Survey of Access to Information Laws and Practices in 14 Countries. Central European University Press
[v] Piñeiro, Rafael & Rossel, Cecilia “Abriendo las puertas del gobierno (para todos?): evaluando el tratamiento desigual de la burocracia frente a solicitudes de información pública en Uruguay”. Una sintesis puede ser consultada en http://library.fes.de/pdf-files/bueros/uruguay/11587.pdf

[vi] El estudio definió ocho tratamientos, cada uno de ellos asociados a ocho perfiles de solicitantes de información. La asignación de casos a cada tratamiento se realizó en forma aleatoria, con el objetivo de controlar posibles sesgos asociados a los tipos de instituciones y los potenciales diferenciales que pueden tener a priori en la forma en que responden a las solicitudes:

Descripción de los tratamientos y número de casos por grupo.
Trata-miento
Perfil
Grupo 1
Grupo 2
Grupo 3
Grupo 4
Total
1
Empresario hombre
17
13
8
2
40
2
Empresaria mujer
15
16
4
5
40
3
Ciudadana mujer que invoca la ley
20
12
4
4
40
4
Ciudadano hombre que  invoca la ley
14
15
6
5
40
5
Periodista hombre
20
12
6
2
40
6
Periodista mujer
15
14
2
9
40
7
Ciudadana común mujer
13
15
6
6
40
8
Ciudadano común hombre
16
17
2
5
40

Total
130
114
38
38
320

El experimento implicó el envío de una misma solicitud por vía electrónica, que preguntaba a todos los organismos el número de funcionarios presupuestados que trabajaban en el organismo al 31/12/2013. Las solicitudes  - enviadas todas un mismo día- incluían información básica sobre el perfil del individuo que requería acceso a la información.

jueves, 8 de octubre de 2015

Es la biología, estúpido!

Cómo deje de ser un cientista social arrogante

Dudé mucho si escribir esta nota porque ya conozco lo que es ser defenestrado por buena parte de mis colegas cientistas sociales por ser fascista, racista, carente de corazón, moral, o peor aún, de no ser de izquierda. Pero luego pensé, dado que carezco de corazón y moral poco tengo para perder.

Hace unos 5 años daba un curso de criminología en Uruguay donde incluía un módulo de teorías biológicas del crimen. Si bien hacia un esfuerzo por ser justo, mi conclusión era que estos enfoques eran bastante problemáticos y que la evidencia empírica era bastante contundente señalando la debilidad explicativa de esta perspectiva. Y esto a mi me tranquilizaba porque, honestamente, me angustiaba pensar que podrían haber factores heredados que condenaran de antemano a algunas personas a caer en conductas delictivas y a ser perseguidos y castigados injustamente por las instituciones penales.

5 años después, tengo que reconocer dos cosas: Primero, estaba equivocado respecto a la irrelevancia explicativa de los modelos biológicos, seguramente porque había estudiado el tema en forma sesgada y prejuiciosa (como corresponde a un cientista social ignorante en genética, biología, neurociencia, etc..) ¿Tal vez un mecanismo mental de wishful thinking afectó la forma en que recabé la evidencia?. Segundo, que la angustia que me generaba la posibilidad de la influencia biológica es falaz y se basaba en una visión simplista y limitada del enfoque biológico, y lo que es más, también afectaría al uso y aplicación de las propias ciencias sociales (ver la segunda crítica del/en el siguiente apartado).

En lo que queda quiero profundizar un poco en qué me hizo cambiar de opinión respecto al enfoque biológico en crimen, lo cual implicará: contarles algunas criticas injustas que suele recibir la biología del crimen; hacer un pantallazo rápido y furioso de la actualidad de algunos estudios biológicos; y finalmente concluir con un llamado de atención a que los cientistas sociales uruguayos que nos dedicamos al crimen no ignoremos la biología [1].

Cuatro formas jodidas que los cientistas sociales usamos para descartar el enfoque biológico

Quisiera primero hablar de cuatro resistencias inmediatas que genera el enfoque biológico en el cientista social ignorante y soberbio. Las cuatro constituyen variantes de la falacia del espantapájaros que consiste en construir una caricatura exagerada y deteriorada del argumento o teoría al que nos oponemos para facilitar su critica.

 1. “¿Cómo vas a venir a revivir al médico italiano fascista ese de Lombroso y el análisis de los cráneos?” [2]  Primer ataque falaz e innecesario. En las últimas tres décadas ha tenido lugar un desarrollo extraordinario de la neuro criminología (y luego daré algunos ejemplos). Nadie serio pretende en la actualidad usar ni los métodos ni las teorías de Lombroso para explicar el delito. Es como si para criticar un análisis económico citáramos a Adam Smith o David Ricardo. Aunque estas criticas generan vergüenza ajena dada su ordinariez, son moneda corriente y lo más triste, no sólo en Uruguay, también en el ámbito internacional. De hecho, hace poquito participé en Nueva York en un taller con expertos de bastante nivel y me tiraron a Lombroso por la cabeza con total alegría.

2. “Con tu enfoque biologicista lo que haces es plantear un mundo determinista donde hay un grupo de individuos que están de antemano condenados a delinquir”. Uno puede compartir que lo mejor sería vivir en un mundo donde las personas seamos lo más libres y autónomas posibles. Pero parece inapropiado que ese deseo nos lleve a descartar enfoques o resultados de investigación porque no coinciden con el mundo en que nos gustaría vivir. Pero además, adjudicarle determinismo a los enfoques biológicos es injusto. Si uno se toma el trabajo de leer las versiones actuales observará que hay un rechazo total hacia asumir que las personas están determinadas biológicamente a comportarse de una manera específica. De hecho, las mejores versiones del enfoque biológico jamás conectan los rasgos biológicos con el comportamiento sino con predisposiciones, tendencias, vulnerabilidad, u orientaciones que pueden potencialmente actualizarse en comportamiento. Como casi toda la ciencia que conozco que intenta explicar los bichos raros que son los humanos, los modelos son probabilísticos, no determinísticos. O sea, ni determinismo, ni asociación directa entre aspectos biológicos y comportamiento. Pero además, como señaló hace muuuucho tiempo Dawkins en The Extended Phenotype (1982) hay algo mas grave y básico. ¿Por qué ponemos el grito en el cielo cuando nos muestran una asociación entre un factor biológico y una conducta de riesgo, y no tenemos una reacción parecida cuando ese factor es social o cultural? ¿Por qué no nos aterroriza igualmente la posibilidad del determinismo? En principio no hay diferencia entre causas genéticas y causas ambientales. Algunas causas de ambos tipos serán difíciles de revertir, otras mas fáciles, pero lo importante es que no hay nada que indique a priori que las influencias genéticas tengan que ser mas irrevocables que las ambientales.

 3. “Con el enfoque biologicista ignoras toda la investigación criminológica que ha demostrado la importancia del ambiente, de lo social, cultural, económico, las instituciones, etc”. Nuevamente, es ridículamente injusto. Los enfoques recientes de la biología entienden al comportamiento delictivo como una interacción entre la conformación biológica y el entorno físico y social. Los estudios conducidos por Sarnoff Mednick son un ejemplo de investigación bio-social. Mednick y Kandel (1988) observaron como los jóvenes con mayores anomalías físicas como marcadores de mal desarrollo neuronal en la etapa fetal tenían mayores probabilidades de involucrarse en comportamientos violentos. No obstante, también demostró que si además los sujetos pertenecían a hogares inestables y desestructurados la probabilidad de comportamiento violento crecía exponencialmente. Otro ejemplo de investigación bio-social es el estudio clásico de Moffit, Caspi y otros colegas (2002) donde muestran cómo la combinación de bajos niveles del gen MAOA y el haber sufrido serios problemas de abuso infantil, incrementan áltamente la probabilidad de ser adultos con un involucramiento delictivo serio y persistente. Miren si será moneda corriente y relevante el análisis de las interacciones bio-sociales en crimen, que en una de las publicaciones más recientes e interesantes en la disciplina es el “Handbook of Bio-Social Criminology” de Routledge editado por De Lisi & Vaughn (2014).

 4. “¿Cómo vas a venir a plantear ese enfoque biologicista que lo que propone es el desarrollo de políticas preventivas estigmatizadoras eugenésicas de detección temprana?” Lamentablemente muchos autores han planteado explícita o implícitamente políticas de este tipo. Inclusive, el propio Adrian Raine en su último libro, The Anatomy of Violence: The Biological Roots of Crime’, sugiere, en el capítulo 11, un mundo bastante aterrador que no tiene mucho que envidiar a distopías mostradas en películas como “Minority Report” o la “Naranja Mecánica”. No obstante, rechazar a los enfoques biológicos del crimen por estas razones constituye una falacia ‘ad consecuentiam’, donde no evaluamos el aporte al conocimiento de estos enfoques sino por las consecuencias negativas de su aplicación práctica a la solución de problemas. Algo parecido a descartar la física de Einstein porque permitió desarrollar la bomba nuclear. Pero adicionalmente, creo que es importante nuevamente no aferrarse a las peores versiones. Dentro del enfoque biológico se están desarrollando una serie de recomendaciones de política pública alternativas en relación a la prevención del delito, las cuales están basadas en estudios empíricos que muestran interesantes, costo-efectivas y prometedores resultados en este ámbito.. Por ejemplo/en este sentido, existen estudios que han mostrado cómo el uso de dietas pobres en vitaminas y minerales generan problemas en ciertas funciones cerebrales ayudando a provocar comportamientos violentos y antisociales (Schoenthaler & Bier, 2000). A raíz de ello, Raine junto a otros colegas han mostrado como incluir suplementos de Omega 3 en tratamientos permite reducir problemas de agresión tanto en niños como en adultos. Otros estudios han demostrado que el uso de la meditación – mindfulness ayuda a controlar las emociones negativas a través de la regulación de la actividad de la amigdala y el cortex prefrontal (Murakami et al., 2015). Estudios de neuroimagen relacionan dichas estructuras con las emociones y la impulsividad, respectivamente.

  ¿Y sí que tienen para decir los enfoques biológicos del crimen más recientes?

 En los últimos 30 años ha habido un resurgimiento de la neurocriminolgía debido a la publicación de estudios que ponen de manifiesto la importancia del componente biológico en la explicación del comportamiento violento y criminal.. Quisiera mostrarles algunos ejemplos de dichos estudios pertenecientes a diferentes áreas dentro del enfoque biológico. En primer lugar, existen algunos estudios que describen casos clínicos en los que pacientes que han sufrido accidentes o algunas enfermedades como la demencia o epilepsia ), muestran alteraciones notables del comportamiento debido a que áreas cerebrales se han visto afectadas. Por ejemplo, Raine (2014) relata un caso ilustrativo donde se observó cómo la presencia de un tumor afectó el su comportamiento sexual del paciente, particularmente en relación al consumo de pornografía infantil y el abuso de su hijastra. Una vez que el tumor fue extraído dichos comportamientos desaparecieron. Algunos años después, estos comportamientos volvieron a aparecer, y los análisis clínicos posteriores demostraron que lo que también había vuelto a aparecer era el tumor que se había extirpado inicialmente!

 En segundo lugar, existe una larga tradición de estudios genéticos que utilizan los estudios de familias, gemelos (idénticos y mellizos) y adopción para comparar qué porcentaje de la conducta criminal es explicado por el ambiente y qué porcentaje es explicado por la herencia (es decir, genética). Sorprendentemente (al menos para un cientista social terco y resistente a creer en la biología, como lo fuí buena parte de mi vida), muchos estudios han demostrado que existe una asociación consistente y significativa entre la herencia y el comportamiento delictivo. Estudios genéticos de delincuentes persistentes (es decir, que continúan delinquiendo durante buena parte sus vidas) han mostrado que el componente genético explica entre el 56% y 70% la probabilidad de ser clasificado como persistente (Barnes et al 2011). En lo que refiere a agresiones sexuales, algunas investigaciones muestran que el 40% es causada por factores genéticos ajenos al ambiente (Långström et al., 2014). Finalmente, estudios genéticos de violencia doméstica encontraron que la herencia lograba explicar hasta aproximadamente un 50%! (Barnes et al. 2013).

 Un tercer tipo de estudios a tener en cuenta son los estudios fisiológicos, los cuales básicamente buscan asociar el delito y la desviación a problemas asociados a las funciones vitales del sistema nervioso simpático como el ritmo cardiaco, la conductancia de la piel y ondas cerebrales mediante el uso de anillos emocionales o electrocardiogramas. Estudios en los últimos diez años han mostrado que la psicopatía y las reacciones agresivas en todas las edades están asociadas con la baja tasa cardiaca y con la conductancia de la piel (Raine et al. 2014; Lorber, 2004). Este ha sido el marcador biológico más replicado en la literatura.

Finalmente, las técnicas de neuroimagen han constituido una auténtica revolución en el ámbito de la neurociencia. Estos estudios emplean scanners y buscan medir anormalidades del cerebro tanto en su forma o estructura, como en el tipo de funcionalidad y activación que poseen diferentes áreas cerebrales. [3]  Umbach y otros colegas (2015) así como Yang y Raine (2009) han encontrado que cuando el cortex prefrontal o la amígdala exhiben menores niveles de volumen o anormalidades en el funcionamiento, hay mayores probabilidades de que los individuos exhiban falta de miedo y empatía, agresividad y comportamiento antisocial.

  Y entonces…?

 Por todo esto creo que el hecho de que buena parte de los cientistas sociales que estudian el crimen rechacen tajantemente a la biología es algo grave y debe llevarnos a la reflexión. Creo que es importante que los cientistas sociales del crimen cambien radicalmente la actitud frente a la biología y tengan una actitud menos arrogante al respecto. Es posible que mucho de lo que creemos respecto a los determinantes del delito y la violencia sea parcialmente cierto o incluso falso debido a sesgos de nuestros estudios que rara vez o nunca controlan por variables de tipo biológico. Si de verdad queremos hacer valer nuestros resultados o estudios, o incluso si queramos aferrarnos ala hipótesis de que la biología tiene poco para aportar explicativamente, deberemos empezar a adquirir formación y entrenamiento en el área o, al menos, asociarnos con partners/colegas que sepan del tema para poder demostrarlo/rebatirlo empíricamente. Un debate abierto y sin censuras de parte de las revistas especializadas y de los organismos financiadores enriquecería enormemente la disciplina. Al mismo tiempo, creo que es legítimo rechazar, por razones morales, ciertas políticas sugeridas desde/por este enfoque. Pero igualmente me pregunto: ¿sería moralmente aceptable y correcto, ignorar los recientes resultados derivados de la biología aún cuando pudiéramos en parte utilizarlos para pensar políticas no intrusivas y no estigmatizadoras que ayudaran a ofensores, victimas y sus familias? Ojala que esta duda te despierte la curiosidad por explorar esta temática con menor prejuicio tal como me paso a mi.

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[1] Buena parte de lo que sigue en esta nota (sino toda) esta basada en una presentación que hicimos con tres colegas (María Julia Acosta, Santiago Peyru, y Olga Sánchez de Ribera) en El III Congreso Nacional de Sociología en Uruguay. De hecho la revisión teórica con los cuatro enfoques fue desarrollada en concreto por Sánchez de Ribera y acá se la robo en forma descarada y sicopática (las ventajas de no haber sido detectado tempranamente por alguno de los estudios biológicos que luego describiré…)


[2] Uno de los padres fundadores de la criminología por introducir el método científico en la disciplina, pero por otro lado, muy cuestionado por los métodos usados, deformaciones y asimetrías fisiológicas. Postuló que la propensión al crimen de los ofensores podía ser deducida de rasgos fisonómicos (asimetrías craneales, formas de mandíbula, orejas, etc.). Terminó sus días escribiendo sobre casas embrujadas…

[3] Los tipos de estudios mas utilizados son MRI (imagen de resonancia magnética), fMRI (imagen de resonancia magnética funcional, y PET (tomografía de emisión por positrones).



Referencias

 DeLisi, Matt and Vaughn, Michael G (2014) ‘The Routledge International Handbook of Biosocial Criminology’

 Lorber, M. F. (2004). Psychophysiology of aggression, psychopathy, and conduct problems: A meta-analysis. Psychological Bulletin, 130,531-552.

 Mednick y Kandel (1988) Genetic and perinatal factors in violence, in Mednick & Moffit (ed.) Biological contributions to crime causation, 121 – 134.

 Caspi et al (2002) ‘Role of genotype in the cycle of violence in maltrated children’, Science 297, 851 – 854.

 Raine, Adrian (2014) ‘The Anatomy of Violence: The Biological Roots of Crime’

 Schoenthaler, Stephen and I. Bier. (2000). The effect of vitamin-mineral supplementation on juvenile delinquency among American schoolchildren: A randomized double-blind placebo-controlled trial. Journal of Alternative and Complementary Medicine, 6, 7−18.

 Umbach, R., Berryessa, C., & Raine, A. (2015). Brain Imaging Research on Psychopathy: Implications for Punishment, Prediction, and Treatment in Youth and Adults. Journal of Criminal Justice, http://dx.doi.org/10.1016/j.jcrimjus.2015.04.003