Razones y personas: repensando Uruguay: agosto 2014

¿Esperando a Superman? *

A pesar de la importancia que todos los candidatos y la opinión pública le dan al tema educación y del consenso generalizado de que es preciso reformar el sistema educativo a nivel de educación media, no se está viendo en lo que va de la campaña electoral discusiones sinceras, transparentes, respecto a lo que cada partido propone en esta materia y en especial cómo piensa llevarlo a la práctica. En varios programas de gobierno se proponen medidas que vienen planteándose desde hace tiempo y que lucen más como una expresión de deseo que como una realidad posible. Para decidir su voto, la ciudadanía debería evaluar la viabilidad política de las propuestas en materia de educación, y los políticos deberían blanquear cuál es su plan B si, como hasta ahora, los intentos de reforma fracasaran.

Un aspecto en el que todos los partidos parecen estar de acuerdo en mayor o menor grado, es en que un camino alternativo o paralelo a la deseada reforma del sistema público podría ser incrementar la gestión privada con financiamiento público. En otras palabras, seguir expandiendo las experiencias del tipo liceo Jubilar o Impulso o en su versión más extrema, pasar a un sistema de vouchers. El candidato del partido colorado lo propone explícitamente. [1] El candidato del partido nacional no habla del tema pero su jefe de campaña y quien sería ministro de educación en su eventual gobierno[2], Pablo da Silveira, ha sido uno de los principales impulsores de este tipo de iniciativas ya sea a partir de propuestas de reforma como también al fundar el liceo Impulso.[3] El Frente Amplio se ha manifestado por la vía de los hechos a favor de este camino al duplicar, en diciembre del año pasado, el tope de exoneraciones fiscales a empresas que donan a instituciones educativas de gestión privada que trabajan en contextos carenciados.

En esta nota se argumenta que la expansión de centros privados con financiamiento público en contextos de alta pobreza es una solución parcial, con resultados dudosos y que de seguir expandiéndose podría amplificar y no reducir la desigualdad que ya presenta el sistema educativo uruguayo.

Los centros como el Jubilar o el liceo Impulso, no cobran matrícula, son financiados fundamentalmente con fondos públicos (por la vía de renuncia fiscal) pero operan fuera del control de la administración pública y, por tanto, con autonomía para definir su currículo, horarios, plantel docente, etc. Esta idea no surge en Uruguay sino que se basa en experiencias similares que ya se han desarrollado en otros países, especialmente en Estados Unidos.[4] Allí se conocen como charter schools y han tenido una importante expansión en varios estados en los últimos veinte años (Zimmer et al. 2009).[5] El mensaje de los propulsores de estos centros en Estados Unidos es que el sistema educativo público ha fracasado y el problema no es la falta de presupuesto ni el contexto socioeconómico de los alumnos. El desempeño es bajo porque hay malos profesores cuyos puestos de trabajo están protegidos por poderosos corporativismos. La única esperanza para la sociedad, especialmente para los más desventajados, es entonces escapar de las escuelas públicas hacia escuelas con financiamiento público y gestión privada.[6] ¿A alguien le suena conocido este discurso?

Los estudiantes que quieran ir a este tipo de centros deben postularse. Como en general las postulaciones superan a los cupos disponibles, son elegidos por sorteo. Aprovechando que los estudiantes son seleccionados aleatoriamente, varios estudios analizan las diferencias de resultados entre los que fueron elegidos para ingresar y los que no, encontrando evidencia de mejora en los resultados educativos (ver por ejemplo Abdulkadiroglu et al. 2011, Angrist et al. 2010, 2011, 2013, Fryer and Dobbie 2011, entre otros). Los impulsores de este sistema suelen apoyarse en estos resultados exitosos para promover su expansión. Sin embargo, los resultados encontrados a partir de evaluaciones experimentales realizadas sobre pequeños grupos con ciertas características no son generalizables.[7] En particular, los grupos de estudiantes sobre los que se aplica este tipo de evaluaciones no son representativos de los estudiantes con mayor riesgo de abandono escolar. Muchas de estas instituciones no aceptan a cualquier adolescente independientemente de su desempeño académico. Por ejemplo, en el caso del Liceo Jubilar únicamente podían inscribirse aquellos adolescentes menores de 14 años. Eso excluye automáticamente a todos los adolescentes que hayan repetido más de dos años, condición que caracteriza a la mayoría de los adolescentes que a la postre desertan del sistema educativo formal. Además, el esquema educativo de este tipo de centros se apoya y requiere la participación de los padres (en los casos del Jubilar y del Impulso es un requisito para ser aceptado), lo cual no se puede esperar a nivel generalizado y menos entre los adolescentes con mayor riesgo de abandono escolar. Más aún, el simple hecho de solicitar la inscripción al sorteo requiere la iniciativa de la familia para enterarse, ir y anotarse en el sorteo.

A medida que en Estados Unidos las charter schools se fueron masificando, su éxito se ha ido relativizando. Estudios que abarcan a un conjunto amplio de escuelas charter y las comparan con las escuelas públicas tradicionales sugieren que existe una gran heterogeneidad de resultados en este nuevo tipo de centros. Por ejemplo, un estudio realizado por la Universidad de Stanford en 2013 para 27 estados de Estados Unidos, concluye que 25% de los alumnos en las charter schools logran mejores resultados en lectura que sus pares en escuelas públicas tradicionales en áreas cercanas, 56% obtuvieron resultados similares y 19% obtuvieron peores resultados. En matemáticas, 29% registraron mayores ganancias de aprendizaje que los alumnos de escuelas públicas tradicionales, para 40% su ganancia de aprendizaje no fue significativamente distinta a la de las escuelas públicas y 31% exhibieron un crecimiento menor (CREDO 2013). Asimismo, un estudio realizado por RAND (Zimmer et al. 2009) que analiza el impacto de asistir a una charter school en el desempeño para ocho estados de Estados Unidos, no encuentra resultados significativos en la mayoría de los casos, e incluso observan un impacto negativo en Texas.

Por otro lado, si tomamos en cuenta el fuerte efecto que los pares o compañeros de clase tienen sobre los resultados educativos individuales (Graham 2008, de Giorgi et al. 2010 y Sacerdote 2001, entre otros), sacar de los liceos públicos a aquellos estudiantes con mayor probabilidad de éxito (porque no han repetido o porque cuentan con el apoyo de sus padres) podría reducir aún más los logros educativos de quienes quedan en el sistema público, generando un sistema de triple segregación (público / privada con financiamiento público / privada). Relacionado con esto, es importante considerar la frustración que sufren quienes habiendo postulado no salen sorteados para ingresar. Si bien no tenemos conocimiento de que esto haya sido evaluado en algún estudio, la frustración de no ser aceptado en un centro “estrella” también podría desmotivar y por consiguiente afectar el desempeño de quienes estaban inicialmente motivados. [8] Finalmente, varios estudios sugieren que los sistemas de elección de escuelas dan lugar a una mayor estratificación del sistema educativo por nivel socioeconómico en la medida en que las familias y estudiantes de más bajo nivel socioeconómico tienen menor probabilidad de elegir cambiarse a mejores escuelas (Lucas and Mbiti 2012; Ajayi 2013).

Hay quienes argumentan que la presencia de este tipo de centros “exitosos” puede servir de punto de comparación o ejemplo de buena gestión, y así ejercer presión positiva sobre la educación pública. Es dudoso pensar que en el supuesto caso en que efectivamente estas experiencias logren mejores resultados educativos que el sistema público tradicional, ello se traduzca en que los docentes del sistema público se vean presionados y consecuentemente mejoren sus prácticas. No parece que esto haya sucedido en Estados Unidos, por ejemplo. Por el contrario, indirectamente se restan recursos disponibles para destinar a la educación convencional y por lo tanto se pierden grados de libertad para mejorarla.

En definitiva, no cuestionamos la posibilidad de que los centros como el Jubilar o el liceo Impulso, podrían llegar a mejorar los logros educativos de algunos grupos específicos, pero seguir expandiendo centros que funcionen al margen del sistema público no va a solucionar los problemas de todo el sistema educativo y mucho menos de los jóvenes con mayores probabilidades de deserción. Asimismo, la expansión de este tipo de centros probablemente conduciría, como ha sucedido en Estados Unidos, a una variedad de escuelas de gestión privada de calidad muy heterogénea, en varios casos con resultados peores a los de las escuelas públicas tradicionales. Más aún, este camino podría agravar la marcada desigualdad que ya presentan los resultados educativos y reducir las posibilidades de emprender la reforma que se necesita al interior del sector público.

Para que este no termine siendo el camino que tome la educación de nuestro país, es necesario que se planteen y discutan medidas políticamente viables para reformar el sistema público. La responsabilidad de que eso suceda es compartida. Cualquier iniciativa política que pretenda reformar el sistema educativo de espaldas al cuerpo docente está condenada al fracaso. Por su parte, la negativa sistemática de los docentes a cualquier reforma que se proponga no hará otra cosa que seguir sumando adeptos a la expansión de iniciativas paralelas o sustitutas del sistema público tradicional.

Gioia de Melo

Natalia Nollenberger

-->El título hace referencia al documental Waiting for Superman que constituye una apología a las escuelas públicas de gestión privada o más conocidas como charter schools.

Referencias

Abdulkadiroglu, a. et al. 2011. “Accountability and Flexibility in Public Schools: Evidence from Boston’s Charters And Pilots.” The Quarterly Journal of Economics 126(2): 699–748.

Ajayi, KF. 2013. “School Choice and Educational Mobility.” Working paper.

Angrist, JD, SR Cohodes, and S Dynarski. 2011. Student Achievement in Massachusetts’ Charter Schools.

Angrist, JD, SM Dynarski, and TJ Kane. 2010. “Inputs and Impacts in Charter Schools: KIPP Lynn.” American Economic Review: Papers and Proceedings 100(May): 1–5.

Angrist, Joshua D, Parag a Pathak, and Christopher R Walters. 2013. “Explaining Charter School Effectiveness.” American Economic Journal: Applied Economics 5(4): 1–27.

CREDO. 2013. National Charter School Study.

Fryer, Ronald, and Will Dobbie. 2011. “Are High-Quality Schools Enough to Increase Achievement Among the Poor? Evidence from the Harlem Children’s Zone.” American Economic Journal: Applied Economics. 3(3).

Giorgi, G De, Michele Pellizzari, and Silvia Redaelli. 2010. “Identification of Social Interactions through Partially Overlapping Peer Groups.” American Economic Journal: Applied Economics 2: 241–75.

Graham, Bryan S. 2008. “Identifying Social Interactions Through Conditional Variance Restrictions.” Econometrica 76(3): 643–60.

Lucas, Adrienne M, and Isaac M Mbiti. 2012. “Access, Sorting, and Achievement: The Short-Run Effects of Free Primary Education in Kenya.” American Economic Journal: Applied Economics 4(4): 226–53.

Sacerdote, Bruce. 2001. “Peer Effects with Random Assignment: Results for Dartmouth Roommates.” Quarterly Journal of Economics 116(2): 681–704.

Zimmer, R et al. 2009. Charter Schools in Eight States: Effects on Achievement, Attainment, Integration, and Competition. RAND.

[1]http://www.elobservador.com.uy/noticia/283825/bordaberry-busca-el-justo-medi-entre-el-fa-y-los-blancos/
[2] http://www.espectador.com/politica/290227/pablo-da-silveira-seria-el-ministro-de-educacion-de-lacalle-pou
[3] http://www.ceres-uy.org/investigacion/estudios/009_escuelas_publicas_no_estatales.pdf
http://www.espectador.com/sociedad/263774/liceo-impulso-busca-eliminar-la-brecha-de-aprendizaje-en-alumnos-de-casavalle-para-alcanzar-los-mejores-niveles-educativos

[4] Chile introdujo la versión extrema del sistema de school choice proveyendo a los estudiantes de vouchers para asistir a escuelas privadas, a inicios de la década del ochenta, durante la dictadura de Pinochet. Además de los fuertes conflictos en el sector educativo chileno que se han suscitado en los últimos años, no se observa evidencia de que esta reforma haya mejorado el desempeño educativo. McEwan y Carnoy (2000) concluyen que la evidencia del impacto de transferir recursos públicos a escuelas dirigidas en el marco privado es mixta: algunas escuelas lograron resultados ligeramente peores que los de las escuelas públicas en tanto otras lograron alcanzar resultados ligeramente mejores. Hsieh y Urquiola (2006) no encuentran evidencia de que la reforma chilena haya mejorado los puntajes.

[5] Si bien las charter schools no son exactamente lo mismo, la idea de fondo es la misma: contar con centros que funcionen por fuera de las reglas que gobiernan al sistema público tradicional. En el caso de las escuelas charter, el responsable último de intervenir o eventualmente clausurar una escuela es el Estado cosa que en el caso de las experiencias como el Jubilar y el Impulso no parece ser así a pesar de ser financiada prácticamente en su totalidad con fondos públicos vía renuncia fiscal.
[6] http://www.nybooks.com/articles/archives/2010/nov/11/myth-charter-schools/
[7] Hay una discusión muy interesante sobre la generalización de resultados basados en evaluaciones experimentales entre Deaton y Banjeree que puede verse aquí: http://www.nyudri.org/initiatives/deaton-v-banerjee/. Resumidamente, Deaton argumenta que este tipo de evaluaciones presentan dos tipos de problemas: 1) en general el experimento se hace sobre una muestra de la población que no es elegida aleatoriamente (en el caso del Jubilar es claro), 2) aun cuando sea elegida aleatoriamente, el tamaño de muestra suele ser demasiado pequeño como para lograr que la muestra sea representativa de la población total sobre la que se quieren hacer extensivos los resultados. Además, cuando se trabaja sobre muestras pequeñas unos pocos casos excepcionales (outliers) pueden tener un efecto distorsivo importante en el resultado final.
[8] Los documentales The Lottery y Waiting for Superman, sobre las charter schools en Estados Unidos registran muy claramente este problema (ver especialmente los primeros 3 minutos de la última parte The Lottery: https://www.youtube.com/watch?v=nCNP31q2dpM). Es preciso aclarar que ambos documentales fueron elaborados con el fin de mostrar la necesidad de seguir expandiendo este tipo de centros y puede ser que exageren la frustración de los que quedan fuera con el fin de generar una sensibilidad contraria a la que produjo en las autoras de esta nota.

¿Los de afuera son de palo? Conflictos, Internet y las burbujas de confort ideológicas

Desde hace varias semanas que me toca vivir de cerca uno de los conflictos armados que despertaron más sentimientos de indignación e impotencia en el mundo de los que yo recuerdo: la última escalada de violencia entre Hamás y el Estado de Israel. Este artículo no tiene que ver con este conflicto en sí, con ninguno de los bandos, ni los muertos ni las violaciones a los derechos humanos en ambas poblaciones civiles. Surge por otra arista del conflicto, a partir de una enorme preocupación personal por la polarización de las opiniones (en este caso de pro-israelíes y pro-palestinos) y en base a un excelente artículo sobre las redes sociales y el arte de la propaganda personalizada. El asunto es que, aún sin conflicto armado o redes sociales de por medio, los uruguayos -como la amplia mayoría de los seres humanos- tendemos a caer involuntariamente en nuestra propia propaganda personalizada en temas de política, ética y cualquier otro asunto “sensible”. Esto no sólo empobrece el debate, sino también limita nuestro contacto con ideas y opiniones distintas a las nuestras, lo que -creo- empobrece el pensamiento y la discusión en la sociedad toda.

En 2014 la guerra es algo ajeno a nuestro país. Afortunadamente Uruguay no ha visto un conflicto armado en decenas de años y para muchos de nosotros –sobre todo los nacidos luego de 1984- no existen recuerdos personales sobre odios, muertes y violencias cotidianas. Algo que tampoco es cercano, es que fuera del campo de batalla tiende a suceder otro extraño fenómeno –una suerte de segunda guerra, las guerras de por sí son extrañas- donde los propios parecen tener toda la razón, mientras que el enemigo miente siempre: si uno está de un lado tiende a ver sólo propaganda del otro, eso si uno tiene la suerte de poder en acceder a esa información. Allí no mueren personas ni se mutilan seres humanos, pero se destruye igualmente toda chance de paz y encontrar algún punto en común.

Llevándolo hacia aspectos un poco más cotidianos -y menos trágicos- muchos uruguayos miramos extrañadísimos como en la Argentina las polarizaciones llevan a que la política se viva como un partido de fútbol (más específicamente en la Ámsterdam, dentro de la barra brava) y nos sorprendemos cuando al ver noticias de medios oficialistas pareceríamos tener al mejor país del mundo enfrente, mientras que si son de oposición podríamos creer que Corea del Sur no tuvo tan mala suerte en la lotería global de vecinos.

Pero, descontando falsas nociones de superioridad moral a las que no escapamos, sería necesario preguntarnos si los uruguayos estamos tan alejados de este tipo de situaciones como creemos; ¿Cuán sesgadas están las noticias y opiniones a las que accedemos? ¿Tomamos en cuenta realmente los argumentos de quienes piensan distintos a nosotros para formar/ampliar nuestras perspectivas?

La conspiración de los medios de comunicación…de uno mismo

En Marzo de 2011, Eli Praiser -un conocido activista de Internet- terminó de popularizar un término para describir lo que -a su parecer- se constituía como uno de los mayores e inadvertidos peligros vinculados al uso masivo de Internet: los filter bubbles o las burbujas de filtros. Este extraño concepto es bastante simple pero complejo al mismo tiempo y se encuentra detrás de prácticamente todo lo que hacemos en el Internet de hoy.

La idea central tras las burbujas de filtros es que gran parte de las webs en las que navegamos utilizan algoritmos para adivinar/seleccionar por nosotros qué tipo de información es la que preferiríamos ver o buscar. Simplemente basta con conocer algunos datos básicos sobre quiénes somos (edad, sexo, lugar de residencia) o tener algunos inputs sobre nuestras conductas (en qué cliqueamos “me gusta”, a las notas de quiénes entramos más) y el algoritmo logra predecir nuestras preferencias con asombrosa eficiencia.

En primera instancia, esto no tendría porqué ser negativo. Dadas las enormes cantidades de información a las que podemos acceder hoy, Google (por ejemplo) nos “ayuda” en la gestión de la misma, aprendiendo de nuestros propios hábitos para priorizar los resultados que cree estaríamos buscando. Sin embargo, el lado “oscuro” de estos métodos es que nos dirigen siempre hacia la información que nos agrada y/o es similar a lo que ya conocemos/creemos, creando verdaderas burbujas de conocimiento o percepción que -sin saberlo nosotros- nos presentan una versión personalizada pero sesgada de la información disponible. En otros términos, su búsqueda en Google es diferente a mí búsqueda en Google y su feed de Facebook es diferente a mi feed de Facebook, aunque utilicemos los mismos términos o tengamos los mismos amigos.

Eli Praiser sintetiza en muy pocas palabras cómo funciona este mecanismo de balcanización de la principal fuente de información para muchos, durante su charla de TedEx[1]: “Facebook estaba observando en qué links yo cliqueaba, y comenzó a notar que estaba haciendo clic en mayor medida en los links de mis amigos liberales que en los de los conservadores. Y sin consultarme sobre ello, Facebook decidió editarlos (quitarlos). Ellos desaparecieron.” Sin embargo, Praiser quizás se haya quedado un poco corto sobre el alcance de estas burbujas y haya puesto demasiada responsabilidad en los algoritmos de las compañías de Internet. Sucede que las burbujas de filtros no son un fenómeno estrictamente tecnológico, sino que el mundo digital parece tomar prestadas y replicar algunas herramientas del mundo no-virtual. Con muchísima anterioridad a la World Wide Web[2], psicólogos sociales habían ya encontrado un curioso sesgo cognitivo vinculado a cómo el ser humano moderno interpreta y selecciona la información que consume: el confirmation bias (o sesgo de confirmación)[3].

¿Qué implicancia tiene este sesgo de confirmación en la vida cotidiana? A diferencia de lo que puede suceder en un juzgado, donde el abogado defensor debe seleccionar adrede las evidencias más favorecedoras a su defendido y el fiscal hacer prácticamente lo contrario; o en una campaña política donde oficialismo y oposición entran en un juego similar; la particularidad del sesgo confirmatorio refiere a una tendencia no consciente del ser humano a seleccionar y acumular evidencia a favor del caso o idea de su interés (Nickerson 1998:175). En palabras de Nickerson (1975), es un sesgo involuntario en la selección de información sobre un problema o asunto, que se incrementa cuanto mayor sea nuestro interés o afecto sobre el mismo. Poniéndolo en términos del trabajo científico, es descartar inconscientemente la evidencia que pueda refutar mi hipótesis de interés.

Este sesgo afecta el tipo de cadena de noticias que uno selecciona[4], los diarios que uno lee y quizás hasta el círculo de personas con las que uno tiende a discutir temas “sensibles”. Más allá de los mentirosos o algunos pocos que conscientemente manipulan sus fuentes para arribar a las conclusiones que más le agradan o convienen a su posición (similar a los persuaders en términos de Downs[5]), la mayoría de nosotros tendemos a hacer esto en forma inconsciente. Basta con leer las tapas de dos de los diarios de mayor circulación nacional (El País y La República) ante sucesos complejos como la imputabilidad, la legalización del aborto, el “asunto PLUNA” o el caso de presión/corrupción en ASSE[6] para notar que los lectores de cada uno de estos diarios tendrán una visión muy distinta de lo que sucedió aún sin quererlo (quizás no tan distinta como los lectores de La Nación y Perfil en Argentina, pero muy distinta al fin).

Más allá del ahorro en términos de recursos cognitivos (me evito tener que analizar uno a uno los temas a los que me enfrento o pensar cuáles asuntos o perspectivas son más relevantes/válidas; algo muy similar a lo planteado por Downs -1957:141- sobre el rol de la ideología) y sus consecuencias sobre las posibilidades de alcanzar versiones más imparciales de los asuntos sobre los que uno se informa, a mi parecer el mayor problema del sesgo de confirmación y las burbujas de filtros es que tienden a polarizar las opiniones y alejar toda posibilidad de diálogo entre visiones contrapuestas. Un fantástico pero terrible ejemplo de ello es el ya mencionado estudio de Gilad Lotan sobre el conflicto palestino-israelí, la guerra en las redes sociales y el arte de la propaganda personalizada.

Sin negar la relevancia de pararse y defender las creencias y convicciones propias, enfrentarse a información e ideas contrapuestas a las de uno (donde al menos algunas de ellas podrían llegar a ser -al menos- razonables), habilita la posibilidad de comprender mejor las preocupaciones y narrativas del otro, o aunque fuere, mejorar las argumentaciones de las ideas propias. Aunque pareciese menor, esto habilita a acercar a las dos partes a preocupaciones comunes o, al menos, comunicarse en un lenguaje similar; dejando así de lanzar tanto acusaciones y gritos al vacío como lugares comunes que solo ganan aplausos o logran convencer a los ya convencidos.

No hay porque ir hasta Medio Oriente…quizás temas tan delicados como la inseguridad, la baja en la edad de imputabilidad, el aborto y hasta las políticas públicas sobre la historia reciente, ameriten un mínimo intento de diálogo entre las 2, 3 u 8 partes en el asunto, para mínimamente intentar comprender todas las narrativas, no solo las de uno. Esto no quiere decir que haya que aceptar las opiniones de todos (en ciertos temas). [7]

A modo de cierre, un pequeño tip: en relación a las burbujas de información, Internet tiene una importante ventaja sobre el resto de la vida cotidiana. A diferencia del sesgo de confirmación o la ideología en el sentido de Downs, el filtro digital se puede “apagar”; basta con utilizar el modo incognito existente en la mayoría de los navegadores modernos.

PD: Si alguno quiere ir aún más allá, es sencillo visualizar el impacto de estos filtros/burbujas: los invito a realizar el ejercicio que propone Gilad Lotan en su artículo las redes sociales y el arte de la propaganda personalizada. Desafortunadamente Facebook ni Twitter ofrecen el servicio de Trends en Uruguay, pero el funcionamiento de estas redes sociales es el mismo aquí que en el resto del mundo por lo que el ejercicio es más que pertinente.

Referencias

Lotan, G. (2014) “Israel, Gaza, War & Data: social networks and the art of personalizing propaganda”. Link disponible en: https://medium.com/i-data/israel-gaza-war-data-a54969aeb23e?_ga=1.18924414.778033838.1407211945

Praiser, E. (2011) “Beware online ‘filter bubbles’”. Link disponible en: http://www.ted.com/talks/eli_pariser_beware_online_filter_bubbles?quote=927

Nickerson, R. S. (1998). Confirmation bias: A ubiquitous phenomenon in many guises. Review of general psychology, 2(2), 175. Link disponible en: http://psy2.ucsd.edu/~mckenzie/nickersonConfirmationBias.pdf

IYENGAR, Shanto; HAHN, Kyu S. Red media, blue media: Evidence of ideological selectivity in media use. Journal of Communication, 2009, vol. 59, no 1, p. 19-39.

Downs, A. (1957). An economic theory of political action in a democracy. The Journal of Political Economy, 135-150. Link disponible en: http://www.hec.unil.ch/ocadot/ECOPOdocs/cadot2.pdf

[1] Beware online "filter bubbles” http://www.ted.com/talks/eli_pariser_beware_online_filter_bubbles?quote=927

[2] Nickerson (1998:176) sostiene que ideas similares a este fenómeno se remontan hasta al menos 1924.

[3] Por un mayor desarrollo de la temática dirigirse a Nickerson, R. S. (1998).

[4] IYENGAR et.al. (2009). Estos autores demuestran que la demanda de cadenas de noticias es afectada por la percepción de la afinidad política o ideológica de las mismas (p.ej. en Estados Unidos los liberales prefieren CNN y los conservadores Fox News.

[5] Downs, A. (1957). An economic theory of political action in a democracy. The Journal of Political Economy, 135-150. Link en: http://www.hec.unil.ch/ocadot/ECOPOdocs/cadot2.pdf

[6] Se puede realizar una versión digital pero muy similar de este ejercicio buscando la misma palabra clave en Google pero dentro de los sitios de cada periódico. P.ej. https://www.google.com.uy/#q=pluna+site:http://www.lr21.com.uy/&safe=off&tbs=qdr:w y https://www.google.com.uy/#q=pluna+site:http://www.elpais.com.uy/&safe=off&tbm=nws&tbs=qdr:w

[7] La discusión de Patrick Strokes - IFL Science, sobre el problema de tomar todas las opiniones como válidas -y su efecto sobre cuestiones como la vacunación y salud pública- es excelente. En sus propias palabras, “no hay que confundir que tu visión no sea tomada en serio con que no se te permita expresarla” http://www.iflscience.com/brain/no-youre-not-entitled-your-opinion

Esta tierra es mía

Para empezar quisiera disculparme porque a continuación creo que voy a romper un par de reglas de este fermental blog. En primer lugar he decidido acompañar este texto con un video animado. En segundo lugar, me voy a permitir escribir sobre un tema que no es mi área de trabajo y reflexión habitual.

Antes de continuar con la lectura, quisiera sugerir a quienes estén leyendo este post, que se tomen algo más de 3 minutos para ver el excelente video animado de Nina Paley que acompaña este texto.

El mensaje del corto resulta sencillo. Describe el actual conflicto entre Israel y Palestina como el resultado de una larga sucesión histórica de conquistas, desplazamientos y muertes de los habitantes del territorio por sus nuevos ocupantes. Al observar dicha sucesión resulta evidente la irracionalidad de cualquier pretensión de legitimidad de la ocupación de dicho territorio (ya sea por parte de árabes, judíos u otros) y la exclusión de los demás de dicho derecho. Al menos debería resultar irracional para aquellos que consideren que dicha legitimidad debería tener un origen distinto a la voluntad divina.

Sin embargo, mi intención no es utilizar los párrafos siguientes para opinar sobre el curso del conflicto entre árabes y judíos por los territorios que actualmente ocupan Israel y Palestina. Mi objetivo es generalizar el razonamiento. La pregunta que me surgió, luego de ver el corto, fue la siguiente ¿Qué tan aplicable es lo que se dice sobre Israel y Palestina a los demás estados del planeta? Mi respuesta inmediata fue que es totalmente aplicable. La única diferencia, entre los casos de Isreal y Palestina y los demás países, radica en qué tan recientes son o han sido los conflictos violentos para dirimir quienes ocuparán los territorios que forman los estados-naciones actuales. Pero la distancia en el tiempo no agrega ni una pizca de racionalidad a las pretensiones de legitimidad de la ocupación de un pedazo del planeta y la exclusión de los demás seres humanos.

Todos los estados del mundo se han creado sobre la base del exterminio y/o la usurpación, en algún momento de la historia, de sus habitantes anteriores.

Para justificar este desagradable hecho, en los últimos siglos surgieron y se desarrollaron los nacionalismos como ideología que busca legitimar estos procesos. La idea central de estas ideologías es que cada nación tiene el derecho a tener su propio estado. A su vez, presuponen que previo a la conformación de dichos estados, ya existía un conjunto de personas que compartían una identidad nacional.

Sin embargo, los puntos de partida de estas ideologías son racionalmente insostenibles. Las identidades nacionales no son previas a la realidad histórica, sino que han sido construidas por la ideología nacionalista y los estados. Por otro lado, el nacionalismo no es capaz de dar una definición rigurosa de la identidad nacional. Y, aunque lo lograra, no hay ninguna explicación para legitimar porque cierto conjunto de personas tendrían derecho a ocupar tal o cual pedazo de la Tierra y no otro.

En el mundo contemporáneo lo que existe es un acuerdo bastante inestable entre fantasmas para no andar pisándose la sábana, pero donde todos los estados-naciones son fantasmas.

Estos párrafos constituyen una reinvindicación del antinacionalismo. Pero no solo porque los nacionalismos han sido las ideologías que han buscado legitimar gran parte de la barbarie de la historia de la humanidad de los últimos dos siglos (en los siglos anteriores el primer puesto en este ranking se lo llevaron las religiones). Sino porque además, considero que se trata esencialmente de una ideología anti-igualitarista (o dicho de otro modo, de derecha).

Básicamente el nacionalismo justifica el hecho de que un conjunto de personas (debido a su origen étnico, religioso, cultural, etc.) tengan ciertos derechos de los que se excluye al resto de los seres humanos. Esos derechos no son otra cosa que la posibilidad de vivir en un lugar, beneficiarse (en forma desigual) de los recursos económicos disponibles en el territorio, etc. Si además se trata de un país con un gobierno más o menos democrático, tendrá también el derecho de incidir marginalmente en el rumbo que tome dicho estado.

Francamente no se me ocurre una buena razón por la cual un uruguayo (debido a que parte de su identidad incluye cosas como el gusto por el asado, el fútbol y las tortafritas) deba tener los mencionados derechos referidos a Uruguay y no, por ejemplo, un camboyano.

Una respuesta habitual, consiste en afirmar que la diferencia es que el uruguayo nació en Uruguay, entonces obviamente tiene que tener esos derechos. Sin embargo, yo nací en el Casmu 3, nací en Montevideo, nací en Uruguay, nací en Sudamérica y en la Tierra. Entonces ¿por qué mis derechos han de estar circunscriptos a la frontera de Uruguay y los del camboyano a Camboya? Esa respuesta encierra un razonamiento circular. Los uruguayos tendríamos esos derechos y para usufructuarlos podríamos legítimamente constituir un estado, pero habríamos obtenido esos derechos gracias a que ese estado ya existía y nacimos en él.

Para alguien que desee un mundo sustantivamente más igualitario, su postura en materia de política internacional debería ser oponerse a todos los nacionalismos. Empezando por el propio.

Justicia Restaurativa: ¿una alternativa para pensar la Justicia Penal Juvenil en Uruguay?

En Uruguay existe un fuerte división en torno a la propuesta de reforma constitucional sobre la edad de imputabilidad penal de los adolescentes. Una parte importante de la ciudadanía y de la oposición al gobierno consideran que disminuir la edad penal constituye una solución, aunque sea parcial, a los problemas de crimen de Uruguay. Desde el gobierno y desde varias voces de la sociedad civil y desde parte de la academia se ha cuestionado duramente esta solución. Sin embargo, no está claro cual seria la alternativa frente al estado actual de situación y frente a modelos más punitivos. Una de las escasas alternativas que ha sido referida sin mucha precisión o detalle (y me incluyo entre los que lo han hecho) para enfrentar los problemas de delito juvenil es el enfoque de Justicia Restaurativa.

Me gustaría brevemente comentar algunos aspectos generales de la versión más sofisticada teóricamente que conozco de esta propuesta y profundizar en dos problemas que afectan su viabilidad. Si efectivamente queremos enfrentar y evitar caer en modelos excesivamente punitivos de los jóvenes infractores, tenemos que ser capaces de generar alternativas que superen los titulares y que ofrezcan un relato creíble de alternativa de política juvenil penal.

Algunos aspectos de la Justicia Restaurativa

La Justicia Restaurativa ha adquirido en las ultimas décadas un gran protagonismo tanto en el debate académico como en programas de Justicia Penal. Aun cuando el objetivo central no es la reincidencia, la investigación muestra que poseen tasas de eficacia superiores o tan buenas como las de los programas convencionales (Sherman y Strang 2007), y en particular en poblaciones juveniles (Maxwell & Morris 2006). En parte estos resultados se deben a que estos programas apuntan a desarrollar mayor empatía desde los ofensores hacia las víctimas y sus familiares; otorgan un espacio de diálogo y comunicación donde las distintas partes presentan su versión de lo ocurrido; minimizan los procesos de estigmatización de los ofensores; maximizan el uso de alternativas no privativas de libertad ancladas en los recursos comunitarios y al mismo tiempo aprovechan y refuerzan los sistemas de control informal/comunitario (Braithwaite 2002, Walgrave 2008). Adicionalmente también tienen impacto en las víctimas y sus familiares (disminuyendo los síntomas de stress postraumático, la sensación de injusticia e insatisfacción, etc.) así como también en otros actores de la comunidad (Braithwaite 2009). Otro aspecto relevante es que el modelo de Justicia Restaurativa, no implica necesariamente insensibilidad ante jóvenes infractores reacios o no dispuestos a dialogar y ayudar a restaurar el problema generado a raíz de su delito. Autores como Braithwaite han planteado la pirámide regulatoria donde si bien la primera reacción debe ser siempre dialógica y restauradora, ante la ausencia de respuesta o el fracaso de los esfuerzos, el sistema debe estar preparado para ascender en la pirámide regulatoria y responder con medidas disuasorias, y hasta incapacitantes en el peor de los casos (Braithwaite 2002).

Es verdad que no siempre está claro qué significa exactamente utilizar principios y programas de justicia restaurativa. Muchos de los programas involucran una combinación compleja de múltiples metas que incluyen sanciones restauradoras con aspectos retributivos, rehabilitatorios, y disuasorios. En una de las versiones más solidas que conozco de esta posición, autores como Daly (2001) o Duff (1992) han defendido que la Justicia Restaurativa no constituye una alternativa al castigo sino mas bien un castigo alternativo que debe combinar la búsqueda de la restauración con otros principios retributivos y rehabilitatorios. Más específicamente, debe involucrar la censura del comportamiento pasado, el uso de sanciones proporcionales que hagan justicia, el énfasis en la responsabilidad y culpabilidad moral de los actores, y la búsqueda del cambio del comportamiento futuro del ofensor (Daly 2001). Pero la Justicia Restaurativa involucra novedad en varios sentidos. Primero, las victimas y la expresión de cómo impactó el crimen en ellas pasan a ser protagonistas del proceso de justicia. Además, los actores de la comunidad también están llamados a ser incluidos en el proceso. Tercero, el foco deber estar en reparar el daño entre el ofensor, la victima y mas genéricamente, la comunidad. Finalmente, existe un proceso caracterizado por un diálogo y negociación más informal entre las partes donde los actores técnicos y profanos son partes del proceso de definición de qué es lo que hay que hacer con el ofensor (Daly 2001).

Si bien esta reformulación de Justicia Restaurativa logra superar algunos problemas de versiones iniciales que se oponían radicalmente al castigo o a los principios normativos tradicionales (rehabilitación, retribución, disuasión), igualmente posee limitaciones que es importante que empecemos a explicitar y pensar si es que queremos que esto sea una verdadera alternativa a sistemas más punitivos. Voy a pasar a discutir dos desafíos que me parecen centrales.

La voluntariedad de la participación

Un primer problema es el carácter voluntario de la participación del ofensor, la victima y las otras partes. La voluntariedad parece ser un componente necesario para que exista un diálogo y negociación honestos donde puedan estar presentes el mutuo entendimiento, la empatía, las disculpas, la reconciliación y el perdón. No obstante, los ofensores tienen fuertes incentivos a participar en forma estratégica ya que las penas tradicionales suelen ser claramente más severas y dolorosas (Von Hirsch et al 2003). Por otra parte, ¿qué hacer con aquellos ofensores que por la razón que sea rechazan ser parte de estos procesos de justicia? Algunos defensores de la Justicia Restaurativa han señalado que dado el carácter central que tiene la victima en esta forma de justicia, así como los ofensores no pueden rechazar cumplir con penas ortodoxas, no deberían poder rechazar las penas con contenido restaurativo (Hoyle 2010). E incluso se señala que estos procesos aun cuando la participación sea involuntaria y/o estratégica igualmente pueden redundar en los beneficios para la victima ayudándole a superar la experiencia traumática. O como señala Duff (1992), la justicia restaurativa puede tener lugar ya que aun los pedidos de disculpas deshonestos cumplen una función de comunicar y reforzar normas importantes para todos.

Este tipo de respuestas no son muy convincentes. Por una parte, parece volcar completamente el eje de la respuesta en la victima y despreocuparse excesivamente de que el ofensor logre un genuino reconocimiento de sus problemas e incluso de la posibilidad de lograr un cambio en el futuro. Pero adicionalmente, también es cuestionable que un sistema de justicia que da un lugar central a las victimas acepte casos en donde el output positivo para la victima dependa de las habilidades para manipular y engañar del ofensor. Si el perdón y el arrepentimiento son tan importantes en términos de restauración, ¿qué valor tienen en esta condiciones de dudosa sinceridad? Parece un paternalismo excesivo y que termina siendo selfdefeating con la preocupación por la victima y con el propio objetivo de restauración. Un problema adicional es el rechazo a la participación de las victimas. Resulta difícil defender la obligación de que participen las victimas en contra de su voluntad. Y mas cuando pensamos en delitos como el abuso sexual o la violencia doméstica donde el problema de revictimización es mas probable. Pero ¿qué respuesta le damos a ofensores dispuestos a participar y arrepentirse del daño generado cuando sus respectivas victimas y familias se niegan a participar? ¿Es justo un sistema donde dos ofensores similares cometen un delito similar y reciben una sanción muy diferente debido simplemente a que en un caso la victima quiso participar y en otro no? No es necesario ser un retributivista obsesionado con una proporcionalidad perfecta para notar que tenemos un serio desafío en este sentido. Este aspecto se vuelve a reiterarse en el siguiente problema.

El rol del saber profano en la definición de la sanción

Un segundo problema o desafío es la integración de las victimas, las comunidades y el sentido profano a las decisiones de la justicia penal. Un supuesto básico en la justicia restaurativa es, en palabras de Nils Christie (1977), que el Estado, el conocimiento experto y los profesionales se han apropiado de los conflictos privados de las personas. El planteo de que la sanción debe ser definida por las personas sin la interferencia de los expertos y los jueces ha sido fuertemente cuestionada. Desde posturas retributivistas se señala que uno de los peligros fundamentales es que tengan lugares sentencias injustas, desproporcionadas e inconsistentes entre las diferentes instancias de justicia restaurativa. En particular, las diferencias entre las victimas en términos de personalidad, experiencias pasadas, expectativas, valores, habilidades para expresar y detectar emociones, etc., pueden generar enormes diferencias en el tipo de sanciones entre casos idénticos o muy similares (Ashworth 2002). Los resultados también pueden variar mucho si existen diferencias en la asimetría de poder entre el ofensor y la victima, si son diferentes las características de los mediadores, o incluso de las otras partes involucradas (Hoyle 2008). En definitiva, hay un serio problema de inconsistencia y desproporcionalidad de las sentencias en los procesos de justicia restaurativa. Y en particular, no esta claro como se podría resolver estos sesgos sin apelar a recursos o limites externos a la Justicia restaurativa.

Algunos autores han ido por esta línea, y han planteado que la Justicia Restaurativa debería aceptar que el criterio no puede estar basado exclusivamente en las victimas y otros actores no expertos, y que principios normativos más generales y estables deberían tener un rol privilegiado (Zedner 1992, Duff 1992). Otros autores señalan que el conocimiento experto debería cumplir una función de establecer limites a la incidencia de la victima en la definición del castigo, tanto en la cota inferior (excesiva severidad) defendiendo los derechos humanos como en la cota superior (escasa severidad) defendiendo la seguridad pública (Dignan et al. 2007). Adicionalmente, algunos estudios muestran que la satisfacción de las victimas está más asociada a ser parte del proceso que a tener un rol decisivo en la decisión de la sanción (Strang & Sherman 2003). No obstante, la satisfacción de la victima no es lo único que importa. La pregunta clave es cuán decisiva es para la Justicia Restaurativa que lo que la victima piensa y siente sea el criterio central para definir el castigo penal.

Una justicia restaurativa que establezca mayores filtros, limites y garantías, y que además incluya especialistas, puede terminar reduciendo el juicio de la victima a un rol menor o incluso trivial en la definición del castigo (Stubbs 2007). El riesgo es que si los límites y filtros son demasiado potentes, la “Justicia Restaurativa” puede terminar siendo solo una etiqueta bajo la cual se llevan adelante procesos de justicia tradicionales. No obstante, también podemos discutir si aun cuando se minimice la capacidad de la victima para definir el castigo, igualmente podemos seguir hablando de Justicia Restaurativa. Si aceptamos este supuesto, y creo que no es algo loco, de todas maneras hemos de ofrecer un diseño institucional muy fino donde se establezca clara y específicamente cual es ese rol de la victima, como interactúan saber técnico y profano, y en particular que rol y alcance tendrán los profesionales que ofician como mediadores y los jueces ante la decisiones obtenidas en los procesos de justicias restaurativa.

Final: la responsabilidad de la crítica

Hace años un autor que odio intensamente, Michel Foucault, dijo: “En ningún caso hay que atender a los que dicen: "No critique si no es capaz de hacer una reforma. Son frases de departamentos ministeriales. La crítica no tiene que por qué ser la premisa de un razonamiento que terminaría diciendo: eso es lo que ud tiene que hacer....”. Creo que esta frase tiene el valor de mostrarnos exactamente lo que no tenemos que hacer. Actualmente en Uruguay tenemos una fuerte polarización en torno a que hacer con los jóvenes en conflicto con la ley. Algunos creen que dar señales de mayor dureza penal pueden constituir parte de la solución. Otros estamos en desacuerdo con este tipo de propuestas. No obstante, los que nos oponemos a estas medidas estamos en deuda ya que hasta ahora, más bien nos hemos dedicado solo a mostrar los problemas de estas políticas. Rara vez hemos ofrecido alternativas claras, consistentes y que puedan ser retomadas y discutidas por políticos, tomadores de decisiones, y la propia ciudadanía. La Justicia Restaurativa es una posibilidad para empezar a generar una alternativa. No obstante, es fundamental empezar a explicitar cuáles son sus fundamentos, sus desafíos y como éstos serian retomados y enfrentados en diseños institucionales concretos susceptibles de ser evaluados empíricamente en términos de eficacia y eficiencia, y al mismo tiempo transparentes y que rindan cuentas a la ciudadanía. Reconozco que mi aporte es muy mediocre. Simplemente, describí brevemente algunos aspectos de la Justicia Restaurativa y me centré en discutir solo dos de sus múltiples problemas/desafíos. Queda mucho trabajo por hacer. Quienes creemos que endurecer las penas es una mala solución, tenemos que hacer caso a quienes usan frases de departamentos ministeriales ya que tenemos la obligación moral de colaborar para generar una alternativa creíble.

Nico Trajtenberg

Referencias

Ashworth, A. (2002) ‘Responsibilities, Rights and Restorative Justice’, British Journal of Criminology, 42, pp. 578 – 595.
Braithwaite J. (2002) ‘In Search of Restorative Jurisprudence’, in Braithwaite, J. (ed.) Restorative Justice and Responsive Regulation, Oxford: Oxford University press, pp. 29 – 43.
Braithwaite, J. (2009) 'Restorative Justice', in H.J. Schneider (ed.), International Handbook of Criminology, Berlin, Walter de Gruyter.
Christie, N. (1977), “Conflicts as Property”, British Journal of Criminology, 17(1): 1 – 15.
Cullen, F. T., Fisher, B. S. and Applegate, B. K. (2000) ‘Public opinion about punishment and corrections’ in M. Tonry (ed.) Crime and Justice: A review of research, Vol. 27 (Chicago: University of Chicago Press).
Daly, K. (2001), “Revisiting the Relationship between Retributive and Restorative Justice”, in H. Strang and J. Braithwaite (eds.), Restorative Justice: Philosophy to Practice, Burlington, Vermont, U.S.: Ashgate Publishing Company, pp. 33 – 54.
Dignan, J. A. Atkinson, H. Atkinson, M. Howes, J. Johnstone, G. Robinson, J. Shapland and A. Sorsby (2007) ‘Staging Restorative Justice Encounters Against a Criminal Justice Backdrop’, Criminology and Criminal Justice, 7, 1, pp. 5-32.
Duff, R. A. (2002) ‘Restorative Punishment and Punitive Restoration’, in L. Walgrave (ed.), Restorative Justice and the Law, Cullompton: Willan Publishing, pp. 82-100.
Duff, R. A. (1992) ‘Alternatives to punishment or Alternative punishments?’ in W. Cragg (ed.) “Retributivism and Its Critics”, Franz Steiner, Stuttgart, pp. 44 – 68.
Maxwell, G. and Morris, A. (2006) “Youth Justice in New Zealand: Restorative Justice in Practice?”, Journal of Social Issues, 62, 2, pp. 239 – 258.
Sherman, L. & Strang, H. (2007) The Restorative Justice: The evidence, The Smith Institute – Esmee Fairbirn Foundation.
Strang, H. & Sherman, L. (2003), “Repairing the Harm: Victims and Restorative Justice”, Utah Law Review, 1, pp. 15 – 42.
Stubbs, J. (2007), “Beyond apology? Domestic Violence and Critical Questions for Restorative Justice”, Criminology and Criminal Justice, 7, 2, pp. 169-187.
Hoyle, C. (2008), “Restorative Justice, Victims and the Police”, in T Newburn (ed.) Handbook of Policing, 2nd edn., Cullompton: Willan, pp. 794-823.
Hoyle, C. (2010), “The case for restorative justice”, in Cunnen, C. & Hoyle, C. (2010), Debating Restorative Justice. Debating Law, UK.
Walgrave, L. (2008) Restorative Justice: an alternative for responding crime? The International Handbook of Penology and Criminal Justice, Londond: CRC Press, chapter 19.
Von Hirsch, A., Ashworth, A. & Shearing, C. (2003), “Specifying Aims and Limits for Restorative Justice: A Making Amends Model?” in A. von Hirsch, J. Roberts, A. Bottoms, K. Roach and M. Schiff (eds.), Restorative Justice and Criminal Justice: Competing or Reconcilable Paradigms?, Oxford: Hart, pp.21-41.
Zedner, L. (1994), “Reparation and Retribution: Are They Reconcilable?”, Modern Law Review, 57, pp. 228-50.

Repensando la organización universitaria con miras en la desigualdad en el largo plazo

Hoy en día la educación uruguaya, en especial la secundaria, está bajo la lupa pública. El hecho de que los resultados de las pruebas PISA no sean tan buenos como se quisiera, sumado a que estamos en año electoral hacen que todo el mundo tenga una opinión sobre cómo mejorar los resultados educativos. Por más justificadas que puedan estar estas preocupaciones, hay otras que también son muy importantes pero son menos obvias y no están en la agenda de ningún político. En este post argumento que la educación a nivel universitario también tiene un problema que puede volverse importante a futuro y planteo una solución posible.

Hace unas décadas no había demasiadas alternativas liceales, probablemente porque no había tampoco muchos liceales. Entonces casi todos los estudiantes de secundaria iban a liceos públicos. Ricos, pobres y clase media confluían en un mismo sistema de enseñanza secundaria. Desde los años 60 hasta hoy la matrícula de enseñanza secundaria se multiplicó por más de 4[1], y esto trajo mayor oferta de servicios. Además de contar con más centros públicos, varias instituciones privadas emergieron ofreciendo servicios diferenciados. Algunos de ellos cobran cuotas bastante elevadas y gracias a ello cuentan con amplios recursos que les permiten ofrecer una educación que, si no es de mayor calidad, al menos está rodeada de mejor infraestructura y más recursos humanos.

El hecho de que la gente con más dinero pueda acceder a mejor educación tiene consecuencias distributivas que pueden ser importantes. Por ejemplo, en el caso de la educación secundaria, probablemente muchos de los adolescentes que hoy deciden abandonar el liceo público podrían ser retenidos en el sistema si contaran con el apoyo, el plantel docente y la infraestructura que algunos liceos privados tienen. Si esto es así, entonces muchos jóvenes que hoy no terminan el liceo podrían, al de contar con mayor educación, acceder a mayores ingresos. Pero el problema se agravaría si lo mismo empezara a ocurrir a nivel universitario.

En el Uruguay de hoy, si uno tiene un diploma universitario poco importa a qué liceo fue. El mejor papel que uno puede mostrar a un futuro empleador es uno que diga que se sacó buenas notas en la universidad. Hasta hace pocos años si uno decía que iba a la universidad la gente asumía que se trataba de la UDELAR, pero esto está empezando a cambiar. Según datos del INE el 7.8% de los universitarios concurrían a un centro de estudios privado en 1996, mientras que en 2012 ese número alcanzó el 18%. Con semejante tendencia no puede descartarse que la educación universitaria esté en proceso de experimentar algo similar a lo que he descrito para la secundaria.

Una universidad pública y enorme como la UDELAR tiene siempre una tensión fuerte entre dos objetivos: llegar a la mayor cantidad de gente posible u ofrecer educación de la más alta calidad a costa de perder estudiantes en el camino. Si me preguntan, creo que la UDELAR resuelve bastante bien esa tensión, es decir logra atraer cada vez más y más alumnos y el egresado es en general muy bueno. Pero en la competencia con centros privados tiene todas las de perder. Al tener más recursos por alumno, las universidades privadas pueden ofrecer otro confort al estudiante. En la medida que se lo propongan también tienen la capacidad de contratar mejores profesores y ofrecer entonces una educación que sea más reconocida en el mercado. Mi preocupación es entonces que en el futuro, el trabajo al que un recién egresado acceda no esté determinado por cuánto uno estudió sino por la universidad que pudieron pagar sus padres.

¿Qué se puede hacer entonces para evitar que esto pase? En mi opinión debería considerarse reformar el sistema de educación terciaria de manera que, sin expulsar a las instituciones privadas, nivele la cantidad de recursos de los cuales disponen para que la competencia se dé por oferta educativa en igualdad de condiciones. Como modelo plantearía el sistema que existe en algunos países europeos como Bélgica o Francia. En estos países todas las universidades tienen más o menos los mismos recursos por estudiante. Para obtenerlos cobran a los estudiantes una matrícula muy baja (casi simbólica para su poder de pago) y el estado complementa con la plata fuerte aportando recursos a los distintos centros de estudios según la cantidad de alumnos que captan. Los resultados que obtienen las universidades en esos países son muy buenos en términos de cobertura y calidad y esto contribuye de gran manera a mantener niveles de desigualdad reducidos. En definitiva, el sistema implicaría un financiamiento similar al que existe hoy en el Sistema Integrado de Salud uruguayo, por lo que la idea no debería sonar demasiado alocada.

Los determinantes de la desigualdad de ingresos son múltiples. El tipo de políticas sociales existentes, la progresividad del sistema tributario e incluso el tipo de estructura productiva son factores muy importantes a considerar en un país como Uruguay. Pero la desigualdad de acceso en la educación terciaria es un tema que estaría bueno empezar a debatir.

[1] Datos de matrícula secundaria del INE.